Okupas

Una investigación judicial, bautizada como 'caso Squatter', ha destapado que las mafias de okupas han percibido miles de euros de manos de los fondos de inversión y bancos para liberar los inmuebles que habían ocupado previamente de forma ilegal. En algunos casos, como los realizados por un grupo colombiano en Barcelona, los pagos que exigían y que aparecen en contratos bajo conceptos como "ayuda al realojo" ascienden a 10.000 euros. Uno de los mayores caseros del país asegura a idealista/news que los pagos de entre 3.000 y 5.000 euros ya se han normalizado.

A los franceses se le pone cada vez más difícil ‘okupar’ una vivienda. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado recientemente una proposición de ley para endurecer las sanciones contra los ocupantes ilegales de viviendas. Cuando la norma sea ratificada por el Senado y entre en vigor, los ‘okupas’ podrán ser castigados con hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa, el triple de las sanciones actuales.

La ‘okupación’ ha seguido protagonizando titulares, también en 2022.

En los últimos años, ha proliferado entre las mafias que se dedican a okupar viviendas de forma ilegal la conocida como ‘técnica pedir pizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato. Tanto grandes propietarios como agencias inmobiliarias están detectando un aumento de esta técnica en diferentes puntos de España: desde Cataluña a Madrid o Andalucía. Además, se muestran preocupados con la normalización de los importes que piden los okupas para salir del inmueble, que en algunos casos alcanza los 5.000 euros.

Matilde Cuena Casas, doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, critica el impulso generalizado de la okupación de viviendas en España, el desamparo legal de los propietarios, sobre todo cuando son personas jurídicas, y que se utilice un remedio a corto plazo para proteger a los colectivos vulnerables. Y ve razonable modificar la libertad de forma del contrato de arrendamiento que contempla el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el fin de impedir que un documento falso sea suficiente como para que un juez paralice un desalojo.

Ada Colau vuelve a ponerse, por enésima vez, al sector empresarial catalán en su contra. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido a los propietarios de la Casa Orsola de Barcelona que están recibiendo presiones de la alcaldesa de la ciudad. “Señora Colau, abandone el sectarismo y gobierne con respeto, no confunda la defensa de los derechos con hacerle oposición”, ha espetado Llibre, haciendo referencia al apoyo “desmedido” que está recibiendo el lobby inmobiliario de extrema izquierda de Barcelona de parte del consistorio.

Más frentes abiertos para la alcaldesa de Barcelona. Los propietarios de la Casa Orsola, en el punto de mira del lobby inmobiliario de extrema izquierda de Barcelona por comprar el edificio e impulsar un proyecto de rehabilitación el mismo, se preparan para demandar a Ada Colau por “prevaricación, difamación, amenazas y coacciones”. Los abogados aún están estudiando los posibles indicios, pero en los próximos días se tomarán las primeras acciones.

Elche ha sido el escenario de una operación policial ligada a la okupación y el alquiler ilegal de viviendas. Según confirma la Policía Nacional, varios agentes han detenido en la localidad alicantina a un hombre de 39 años que presuntamente localizaba viviendas vacías que previamente habían sido deshabitadas con orden de desahucio para alquilarlas ilegalmente a terceras personas. Está acusado de usurpación de bienes inmuebles y delito de daños.

El PSOE ha defendido sus enmiendas para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas recalcando que la propuesta registrada en el Congreso no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, vuelven a chocar en la forma de afrontar las políticas relacionadas con la vivienda. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles",

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios de una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explican desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

La okupación continúa siendo un debate sobre la mesa en España. Un informe realizado por la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València concluye que el 86 % de los casos de okupación de viviendas corresponde a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión; mientras que el 1 % de estos casos se produce en viviendas de particulares.

La okupación se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de la propiedad, uno de los grandes problemas es el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los inquilinos ilegales. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el plazo medio se situó en 2021 en 18,1 meses, cuando en 2018 no llegaba al año. Castilla y León, Canarias y Murcia son las CCAA con los periodos más largos.

Muchos propietarios, sin saberlo, fomentan y legitiman la okupación de sus inmuebles. Tener dados de alta los suministros y darlos de baja después, negociar con los inquilinos ilegales el pago de las facturas, tener el piso completamente vacío, no disponer de alarma, no denunciar correctamente o no acreditar que está en venta o en alquiler son algunos de los errores más frecuentes que conviene evitar. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) repasa algunos consejos para aminorar el perjuicio económico que supone la usurpación, así como las medidas para acabar con esta lacra.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) critica en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación' y pide alcanzar un pacto de Estado entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar una solución efectiva y a largo plazo para esta lacra, que vive actualmente su punto más álgido. Dicho acuerdo frenaría las consecuencias perjudiciales para el mercado inmobiliario, la economía, los inversores y consumidores.

El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de prisión de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles.

La okupación ilegal de viviendas sigue en aumento y su impacto va más allá de la propiedad privada, afectando también a aquellas viviendas gestionadas por las administraciones públicas y entidades responsables de garantizar el acceso a una vivienda digna, tal y como recoge la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida recuerda que hay cerca de 120.000 viviendas okupadas, de las cuales el 42% están en Cataluña. Además, lamenta que los instrumentos legales actuales no son eficaces para cortar este fenómeno ilegal. Por ello, propone modificar la legislación española para facultar a las comunidades de propietarios a desalojar a los okupas y dotar de más capacitación a los ayuntamientos.

Foment del Treball ha pedido endurecer la legislación ante okupaciones que ha definido como delincuenciales de manera que permita desalojar "inmediatamente" las viviendas ocupadas. Sánchez Llibre, de Foment, ha alertado del aumento del 18% de las okupaciones de viviendas en 2021, hasta 13.389 casos en España, el 42% de los cuales, 5.589, en Catalunya, y advertido de la existencia de una "situación de alarma social" por este incremento.

La Comunidad de Madrid está dispuesta a plantar cara a la okupación, después de que este tipo de delitos aumentara un 25% en la región en 2022.

El fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Actualmente se calcula que existen en nuestro país más de 120.000 vivienda okupadas. La red Alfa Inmobiliaria cifra en un 30% el descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una casa okupada y así deshacerse del problema.

Dazia Capital vuelve a apostar por la ciudad de Madrid. En esta ocasión, la compañía inmobiliaria ha decidido invertir 5,25 millones de euros en la compra de cuatro edificios y naves industriales que habían estado okupados durante los últimos 13 años. Ahora, la empresa prevé invertir cerca de 15 millones de euros para convertir estos activos, que suman 3.600 m2 de superficie, en viviendas de uso residencial.

El PDeCAT ha registrado una proposición de ley en el Congreso con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las ocupaciones ilegales con el objetivo de que los 'okupas' puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.

Más frenos al legislador catalán y a sus “normas”. El Tribunal Constitucional (TC) se ha vuelto a pronunciar ante lo que considera un “exceso de competencias por parte del legislador autonómico”. Esto significa que queda anulada la obligatoriedad de que los grandes tenedores ofrecieran un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

El 'think tank' Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. Con la ayuda de primeros espadas como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, o el catedrático de Derecho Tributario, César García, han elaborado una serie de medidas efectivas para erradicar este mal que afecta a 100.000 inmuebles en España. Entre las medidas se encuentran recuperar la posesión de la casa en 10 días, aumentar las penas de prisión o dar potestad a ayuntamientos para un desalojo exprés.