Okupas

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria camina lentamente en la gestión de las 50.000 viviendas que el Gobierno movilizó para destinarlas al alquiler asequible. De las 14.000 ya habitadas, muchas de ellas con inquilinos que no pagan, la Sareb reconoce 2.349 okupaciones ilegales de personas no vulnerables. Mientras tanto, de las casi 21.000 unidades que se pretenden vender a las administraciones públicas, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos, y apenas han recibido interés por cerrar 1.000 operaciones.

Francia, cada vez más cerca de reducir su problema con la okupación drásticamente. La semana pasada, el Parlamento francés aprobó con 247 votos a favor y 91 en contra el proyecto de ley destinado a endurecer las penas contra los okupas. El texto había sido aceptado en primera lectura por la Asamblea Nacional en diciembre pasado, a pesar de las protestas de la izquierda. Entre las principales penas, está la de castigar con tres años de prisión a los okupas.

Fin de una era en Barcelona. Desde el pasado sábado, el Ayuntamiento de la capital catalana está liderado por Jaume Collboni (PSC), gracias al apoyo del PP y Barcelona en Comú. Este movimiento significó la salida de Ada Colau y su equipo del consistorio y la entrada de unos nuevos técnicos. Para que esto, Collboni ha tenido que escuchar a partidos políticos como el de Daniel Sirera (PP), que para tener su apoyo le hizo llegar un documento con 42 “condiciones”, entre las que se encuentran algunas como derogar el 30% de VPO obligada en nuevas promociones o una oficinas antiokupa.

Con el paso de los años está aumentando el tiempo que deben esperar los propietarios en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de las viviendas. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes o de los 4,9 meses de 2018. Si sumamos lo que tardan las apelaciones en las Audiencias Provinciales, el plazo total se amplía hasta 20,5 meses, aunque Andalucía, Baleares, Canarias o Castilla y León se acercan a dos años. Los expertos piden cambios normativos para acelerar la recuperación de los inmuebles.

El acuerdo de gobierno que han sellado el PP y Vox para coger las riendas del Gobierno de la Comunidad Valenciana tras el resultado electoral del 28M incluye un total de 50 puntos, muchos de ellos relacionados con los impuestos, la vivienda y la okupación ilegal. Entre los compromisos que recoge el documento destacan eliminar los impuestos de sucesiones y donanciones, y patrimonio; bajar el IRPF, sobre todo a clases medias y bajas; poner en marcha avalales para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca, crear una oficina antiokupación o frenar la puesta en marcha de la tasa turística, prevista para 2024.

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un quebradero de cabeza para un gran número de familias españolas. Tanto es así que las principales aseguradoras están incluyendo en sus ofertas productos y coberturas que cubren este tipo de delitos. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Línea Directa, que ha lanzado una póliza integral y específica para esta situación, sumando varias prestaciones de ayuda a los dueños de una vivienda en caso de okupación.

La okupación continúa siendo un dolor de cabeza para las instituciones públicas, que no saben como ponerle fin de una vez por todas a esta práctica ilegal.

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha traído consigo una fuerte crítica a la posibilidad que da de imponer límites a las rentas del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas. Las asociaciones inmobiliarias, consultoras y agentes de la propiedad, bancos e incluso el Banco de España alertan del posible efecto contrario que podría suponer el control de precios sobre la oferta en arrendamiento. También, se cuestionan se invade competencias autonómicas, además del carácter confiscatorio contra la vivienda vacía, de no luchar contra la okupación y no abordar la profesionalización del sector.

En pleno debate sobre la nueva Ley de Vivienda, y con especial hincapié en el tema de la okupación, salta a los titulares una nueva noticia que reafirma que la ley, tal y como han recalcado diversos expertos en estas ultimas semanas, no es una solución, ya que complica y retrasa el desalojo de los okupas. Paquita Gutiérrez, víctima de la inquiokupación, se ha convertido en protagonista estos días por su caso: ha acampado como reivindicación en la Avenida Meridiana 633 de Barcelona por la okupación del piso de su madre.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó esta familia con un menor contra la sentencia del TSJ de Andalucía que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La sentencia señala que ocupar ilegalmente una vivienda pública puede perjudicar a quienes realmente están en situación más desfavorable.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), también en contra de la Ley de Vivienda. La asociación transmite “el más firme rechazo al contenido de la ley de vivienda”. “En ningún caso, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja de compartir la necesidad del acceso a una vivienda digna de cualquier ciudadano, si bien, desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas”. La plataforma también ha dicho que esta norma “ignora” y “hunde” a los afectados por la okupación e inquiokupación.

Desde el pasado 18 de febrero está en vigor la norma catalana que permite a los ayuntamientos instar el desahucio de pisos ocupados ilegalmente. Pero, además, en esta ley se establecen sanciones para grandes propietarios (empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad) que en determinados supuestos no actúen ante la ocupación ilegal de sus inmuebles. Las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar al ayuntamiento competente para hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.

La pasada semana se aprobó la proposición de ley antiokupas en el parlamento catalán. Con esta normativa, los ayuntamientos pueden desahuciar a los okupas en caso de que los dueños de las viviendas sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que estos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. El despacho Círculo Legal Barcelona asegura que esta ley es una buena noticia, pero cree que el año que viene la declararán inconstitucional, ya que debería ser el Estado español quien aprobara esta normativa al no ser Cataluña competente para ello.

Una investigación judicial, bautizada como 'caso Squatter', ha destapado que las mafias de okupas han percibido miles de euros de manos de los fondos de inversión y bancos para liberar los inmuebles que habían ocupado previamente de forma ilegal. En algunos casos, como los realizados por un grupo colombiano en Barcelona, los pagos que exigían y que aparecen en contratos bajo conceptos como "ayuda al realojo" ascienden a 10.000 euros. Uno de los mayores caseros del país asegura a idealista/news que los pagos de entre 3.000 y 5.000 euros ya se han normalizado.

A los franceses se le pone cada vez más difícil ‘okupar’ una vivienda. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado recientemente una proposición de ley para endurecer las sanciones contra los ocupantes ilegales de viviendas. Cuando la norma sea ratificada por el Senado y entre en vigor, los ‘okupas’ podrán ser castigados con hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa, el triple de las sanciones actuales.

La ‘okupación’ ha seguido protagonizando titulares, también en 2022.

En los últimos años, ha proliferado entre las mafias que se dedican a okupar viviendas de forma ilegal la conocida como ‘técnica pedir pizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato. Tanto grandes propietarios como agencias inmobiliarias están detectando un aumento de esta técnica en diferentes puntos de España: desde Cataluña a Madrid o Andalucía. Además, se muestran preocupados con la normalización de los importes que piden los okupas para salir del inmueble, que en algunos casos alcanza los 5.000 euros.

Matilde Cuena Casas, doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, critica el impulso generalizado de la okupación de viviendas en España, el desamparo legal de los propietarios, sobre todo cuando son personas jurídicas, y que se utilice un remedio a corto plazo para proteger a los colectivos vulnerables. Y ve razonable modificar la libertad de forma del contrato de arrendamiento que contempla el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el fin de impedir que un documento falso sea suficiente como para que un juez paralice un desalojo.

Ada Colau vuelve a ponerse, por enésima vez, al sector empresarial catalán en su contra. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido a los propietarios de la Casa Orsola de Barcelona que están recibiendo presiones de la alcaldesa de la ciudad. “Señora Colau, abandone el sectarismo y gobierne con respeto, no confunda la defensa de los derechos con hacerle oposición”, ha espetado Llibre, haciendo referencia al apoyo “desmedido” que está recibiendo el lobby inmobiliario de extrema izquierda de Barcelona de parte del consistorio.

Más frentes abiertos para la alcaldesa de Barcelona. Los propietarios de la Casa Orsola, en el punto de mira del lobby inmobiliario de extrema izquierda de Barcelona por comprar el edificio e impulsar un proyecto de rehabilitación el mismo, se preparan para demandar a Ada Colau por “prevaricación, difamación, amenazas y coacciones”. Los abogados aún están estudiando los posibles indicios, pero en los próximos días se tomarán las primeras acciones.

Elche ha sido el escenario de una operación policial ligada a la okupación y el alquiler ilegal de viviendas. Según confirma la Policía Nacional, varios agentes han detenido en la localidad alicantina a un hombre de 39 años que presuntamente localizaba viviendas vacías que previamente habían sido deshabitadas con orden de desahucio para alquilarlas ilegalmente a terceras personas. Está acusado de usurpación de bienes inmuebles y delito de daños.

El PSOE ha defendido sus enmiendas para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas recalcando que la propuesta registrada en el Congreso no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, vuelven a chocar en la forma de afrontar las políticas relacionadas con la vivienda. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles",

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios de una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explican desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

La okupación continúa siendo un debate sobre la mesa en España. Un informe realizado por la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València concluye que el 86 % de los casos de okupación de viviendas corresponde a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión; mientras que el 1 % de estos casos se produce en viviendas de particulares.