Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha aclarado en una sentencia reciente una problemática común: qué sucede cuando se construye una casa en una parcela propiedad de un familiar y en el futuro surgen disputas, y concluye que, en el caso de que el pariente haya permitido la edificación y su coste no haya recaído en él, no ha lugar al desahucio. Según explica el despacho de abogados Ático Jurídico, el motivo es que entra en juego el derecho de retención, que permite seguir poseyendo el bien, hasta que el propietario de la parcela no indemnice al que edificó en su terreno.

La segunda mitad de 2020 ha estado repleta de novedosos fallos judiciales en materias como los gastos de formalización de las hipotecas, el índice IRPH de los préstamos o la forma de actualizar el valor de los inmuebles para calcular el importe de la plusvalía municipal. En líneas generales, el protagonismo se lo ha llevado el Tribunal Supremo, cuyas decisiones han levantado un aluvión de críticas entre los letrados y las asociaciones que defienden los intereses de los consumidores.

Los contribuyentes llevan meses actualizando el valor de adquisición de los terrenos conforme a la evolución del IPC para intentar librarse del pago de la plusvalía municipal tras vender o heredar un inmueble. Una alternativa que han admitido varios juzgados, pero que ahora ha sido tumbada por el Supremo. Una sentencia reciente del Alto Tribunal da un nuevo golpe a los contribuyentes al establecer que dicha actualización no es posible.

El Alto Tribunal ha publicado el fallo íntegro sobre el IRPH de las hipotecas, después de que sentenciar que este índice no es transparente, pero tampoco abusivo. El Supremo asegura que, al tratarse de un índice oficial, no puede vulnerar la buena fe del banco al ofrecérselo al cliente y establece que una evolución desfavorable del índice durante la vida del préstamo no puede ser determinante para considerarlo abusivo. Los abogados critican sus argumentos e inciden en el perjuicio para los consumidores.

Una sentencia del Alto Tribunal del pasado 26 de octubre trae una importante novedad en lo que se refiere al reparto de los gastos de constitución de las hipotecas entre cliente y banco. A pesar de que hasta ahora repartía a partes iguales notaría y gestoría y obligaba a la entidad a abonar la totalidad del registro, este fallo obliga al prestamista a asumir el 100% del gasto de gestoría. Así, el Supremo se adapta su doctrina al criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Alto Tribunal, en una reciente sentencia, ha frenado las pretensiones de Hacienda de tener entrar en el domicilio o en la empresa de un contribuyente para realizar una inspección, incluso cuando hay un juego un potencial procedimiento tributario sancionador. El Supremo considera que, al estar en juego los derechos fundamentales, el fisco solo podrá realizar esa inspección ‘in situ’ si cuenta con el consentimiento del titular o con una autorización judicial, y explica qué requisitos deben darse para que un juez dé luz verde a la entrada en estos domicilios ‘protegidos’. El primero de ellos es que Hacienda notifique al contribuyente el inicio de un procedimiento de inspección, pese a que suponga perder el ‘factor sorpresa’.

El Pleno de la Sala Civil del Alto Tribunal ha resuelto cuatro recursos de casación en relación con la cláusula de interés variable IRPH. A pesar de que considera que hay una falta de transparencia, no ve abusividad en el índice hipotecario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en marzo que los jueces nacionales eran los encargados de valorar caso por caso. Actualmente hay cerca de 300.000 préstamos hipotecarios referenciados a este índice y los expertos creen que la decisión da la espalda a los consumidores.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado recientemente unos fallos controvertidos que llevan al cliente a asumir costas y el pago de su defensa en procesos de reclamación de los gastos hipotecarios, a pesar de considerar que la cláusula es abusiva. Su decisión contrasta con el criterio del Tribunal de Justicia de la UE y del Supremo, que consideran que esta situación podría disuadir a los consumidores a reclamar posibles abusos en los préstamos. Los letrados consultados por idealista/news, soprendidos y a la vez preocupados, hablan de injusticia e inseguridad jurídica.

La Audiencia Provincial de Madrid sigue los pasos del Tribunal Supremo sobre cómo se deben repartir los gastos hipotecarios y considera en una sentencia reciente que el banco tiene que asumir el 100% del registro y el 50% de la notaría y la gestoría, tal y como estableció el Alto Tribunal a principios de 2019. Sin embargo, el juzgado madrileño reparte también las costas, una decisión que va en contra del criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en julio se inclinó por ahorrar al hipotecado este coste si la cláusula de los gastos era declarada abusiva.

El Tribunal Supremo se pronunciará sobre los recursos ya admitidos a trámite en relación con las hipotecas referenciadas al IRPH el próximo 30 de septiembre, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara el pasado es de marzo que sean los tribunales españoles los que decidan si este indicador es abusivo o no.

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia reciente que las providencias de apremio pueden anularse cuando la Administración tributaria las dice antes de haber resuelto el recurso planteado por el contribuyente para anular la liquidación de algún impuesto. Es decir, el Alto Tribunal abre la puerta a anular el pago de la deuda tributaria.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal sostiene una sentencia que el fallo dictado por el Tribunal de Luxemburgo el pasado 16 de julio sobre la abusividad de los gastos hipotecarios refrenda su postura, al entender que implican un perjuicio al consumidor. El Supremo insiste en que los gastos de la constitución de un préstamo deben ser repartidos entre cliente y banco, y recuerda que el consumidor debe pagar el AJD y el 50% de los gastos notariales, mientras que la entidad asume la otra mitad y el registro.

El Tribunal Supremo ha anulado y dejado sin efecto el artículo que obligaba a las plataformas de pisos turísticos a enviar información a Hacienda con datos de los propietarios, de las viviendas y de los huéspedes, así como de los importes percibidos, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo. Así, Hacienda ya no puede obligar a las plataformas de pisos turísticos a identificar a caseros y huéspedes.

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo abre una nueva vía ‘exprés’ para solicitar la devolución de ingresos indebidos a los contribuyentes en materia tributaria. Ya no hace falta que el ciudadano presente una reclamación previa ante la Administración tributaria para después recurrir la resolución desestimatoria ante el TEAR y finalmente, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora el contribuyente sólo deberá solicitar directamente al Tribunal correspondiente la devolución de los ingresos indebidos en impuestos.

El sector financiero critica la lectura que han hecho despachos de abogados y organizaciones de consumidores sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la devolución que debe hacer la banca a los clientes del dinero cobrado de más por los gastos para formalizar las hipotecas y otras comisiones como la de apertura. Insiste en que el fallo respalda al Supremo, que ya dictaminó en 2019 cómo se deben repartir los gastos de formalización de los préstamos, y pide no hacer lecturas interesadas que puedan provocar inseguridad jurídica.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la edil socialista Mercedes González y ha confirmado la absolución de la exalcaldesa de Madrid y su equipo por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, propiedad del fondo estadounidense Blackstone. La operación se realizó en 2013 por un importe de unos 128 millones de euros y supuso el traspaso de 1.860 pisos.

El Tribunal Supremo ha cambiado el criterio sobre la valoración del ajuar doméstico en una herencia. Hasta ahora este ajuar se valoraba en el impuesto de sucesiones (ISyD) sobre el 3% de todo el caudal hereditario.

En cuatro sentencias dictadas entre el 13 y el 25 de mayo la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido que el banco no puede cargar al hipotecado los gastos del Registro de la Propiedad generados por transmisiones de hipotecas acordadas entre distintas entidades financieras.

En los últimos días hemos conocido unas importantes sentencias del Tribunal Supremo que han cerrado la puerta a la posibilidad de declarar la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Es decir, aquellas que no fueron recurridas en plazo. Pocos temas importantes quedan ya por resolver en relación con la polémica generada por este impuesto. En opinión de José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, los Ayuntamientos han ganado, por goleada, la batalla de la plusvalía municipal.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a todos aquellos contribuyentes que tenían la esperanza de que se les devolviera el pago de la plusvalía municipal con la venta de un inmueble, pese a no haber recurrido en su momento la liquidación firme del Ayuntamiento correspondiente. En concreto, el Alto Tribunal afirma que no procede la nulidad de las liquidaciones firmes de la plusvalía pagada tanto en una venta a pérdidas como en ganancias.

El Tribunal Supremo ha decidido declarar que no es posible recuperar lo pagado de más por la plusvalía municipal mediante una liquidación que no se recurrió en su momento, tanto si se vendió un inmueble en pérdidas o con ganancias. Es decir, ha decidido que no se pueden recurrir las liquidaciones firmes de plusvalía si la nulidad se basa en la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

El Tribunal Supremo ha vuelto a fallar a favor de un autónomo que podrá reclamar la cláusula suelo impuesta en sus préstamos. Si hace más de un año el Alto Tribunal daba la razón a unos hipotecados que habían solicitado un préstamo para comprar un local en el que iban a establecer un negocio de peluquería, esta vez ha dictaminado a favor de un taxista que había pedido una hipoteca para comprar su licencia de taxi. La cláusula suelo le obligaba a pagar un interés mínimo del 6,5% anual.

En apenas siete días el sector financiero doméstico conocerá dos fallos judiciales que podría impactar en sus resultados. Por un lado, el Tribunal Supremo se pronunciará este 26 de febrero sobre la posible abusividad de los intereses que la banca aplica a los créditos ligados a las tarjetas, mientras que el próximo 3 de marzo el Tribunal de la UE dará a conocer su decisión sobre la nulidad del índice IRPH de las hipotecas. De momento, las entidades han provisionado cerca de 4.800 millones de euros para afrontar los conflictos legales.

El Tribunal Supremo ha anulado la compra de un chalé porque ha perdido sus “increíbles vistas al mar”. El promotor describía la casa como “un mirador privado” a tan sólo 40 minutos del centro de Barcelona, pero la construcción de una vivienda delante de la suya terminó con el mayor atractivo del chalé: sus vistas. Los compradores recurrieron a la Justicia y ahora el Supremo ha condenado a la promotora a devolver todo el dinero.

Una operación muy habitual hoy en día en un matrimonio basado en el régimen de gananciales es la de aportar una vivienda propiedad de uno de los cónyuges. Y esta aportación puede hacerse a cambio de una contraprestación o de forma gratuita.