Tribunal Supremo

Una operación muy habitual hoy en día en un matrimonio basado en el régimen de gananciales es la de aportar una vivienda propiedad de uno de los cónyuges. Y esta aportación puede hacerse a cambio de una contraprestación o de forma gratuita.

El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la normativa de los pisos turísticos en la ciudad de Bilbao. El Supremo ya se ha pronunciado anteriormente sobre leyes autonómicas que regulan esta actividad, y ya ha advertido de que determinará los límites de los ayuntamientos.

El Tribunal Supremo ha condenado por primera vez al Estado español a indemnizar a un contribuyente por haber dictado una normativa sobre la Plusvalía municipal que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo ha declarado nula la venta de 2.935 viviendas protegidas del IVIMA a la sociedad Encasa Cibeles (participada por Goldman Sachs y Azora) por 201 millones de euros. Se trata de una venta acordada en 2013 por el Gobierno madrileño de Ignacio González. Con este Auto de inadmisión de los recursos por parte del Alto Tribunal, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sería firme.

Tirón de orejas del Tribunal Supremo al Constitucional al considerar que los gastos de compra y venta de una vivienda (notaría, registro, impuestos pagados o cancelación de la hipoteca) no cuentan para librarse de pagar la plusvalía municipal.

El Tribunal Supremo aclara en una sentencia de qué manera redactar un poder general otorgado a un tercero para la venta de inmuebles y que no haya abuso de poder de representación. Es necesario que se especifique las facultades conferidas para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar un inmueble.

El Tribunal Supremo ha dado una buena noticia a aquellos contribuyentes que pagaron la plusvalía municipal sin ser el sujeto pasivo, es decir, cuando ellos no eran los obligados a pagar el impuesto, y lo hicieron en virtud de un pacto o acuerdo con el vendedor. Ahora pueden recurrir el impuesto y recuperar lo pagado. Así, los ayuntamientos no podrán negar la posibilidad de recurrir.

El Tribunal Supremo acaba de publicar un importante Auto que va a levantar ampollas. Permite a Hacienda embargar la parte del salario mínimo inembargable que no haya consumido en el mes. En otras palabras, permite embargar la parte de salario, cobrado en meses anteriores, que haya podido ahorrar el contribuyente.

El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso de casación para aclarar si se debe actualizar el valor de adquisición de un inmueble conforme al IPC para, así, demostrar que no ha experimentado incremento real de valor con su transmisión y, por tanto, evitar pagar la plusvalía munici

El pasado 17 de septiembre el Tribunal Supremo analizó los criterios de abusividad de un contrato de ascensor suscrito por una comunidad de propietarios. El citado contrato, calificado como “a todo riesgo”, tenía una duración de 5 años, prorrogable por iguales periodos salvo denuncia de las partes con 90 días de antelación. El Alto Tribunal asegura que no se ha justificado ninguna circunstancia excepcional que justifique una duración superior a 3 años.

En una sentencia del pasado 17 de septiembre el Tribunal Supremo establece que las Comunidades Autónomas pueden imponer umbrales de habitualidad y tiempo a la actividad de los pisos turísticos, además de imponer condiciones de identificación, higiene y salubridad, así como un servicio de atención al

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictaminado por unanimidad que no puede existir una hipoteca "si la ejecución de la garantía (la vivienda) resulta ilusoria o extremadamente dificultosa”.

El Alto Tribunal ha dictado una interesante sentencia que abre la posibilidad de exigir el cobro de los alquileres impagados por una sociedad mercantil a sus administradores. Sostiene que los administradores deben responder solidariamente de las rentas del alquiler impagadas por la sociedad arrendataria, incluso aunque el contrato de alquiler se firmara antes de que se declarara insolvente. Explicamos el fallo y los antecedentes del caso.

En los últimos años, los derechos del consumidor se han visto reforzados por la normativa y la jurisprudencia, sobre todo de cara a la abusividad de algunas cláusulas hipotecarias. Sin embargo, las empresas no han corrido la misma suerte.

Tras las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulando la tasa sobre pisos vacíos en Barcelona, ahora es el turno del Tribunal Supremo que reitera esta misma decisión.

La plusvalía municipal vuelve a estar encima de la mesa del Tribunal Supremo. Esta vez le toca decidir si es posible que el contribuyente recupere este impuesto pagado mediante una liquidación que no se recurrió, cuando se vendió un inmueble en pérdidas.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la decisión de bajar el ascensor a cota cero (a pie de calle) en una comunidad de vecinos, una de las actuaciones más recurrentes para eliminar las barreras arquitectónicas en un edificio.

El Tribunal Supremo cierra la puerta a recuperar lo pagado por la plusvalía municipal en caso de venta de una vivienda con ganancias. Varios juzgados habían planteado la posibilidad de cambiar la fórmula de cálculo de este impuesto a favor del contribuyente.

El Tribunal Supremo ha dictaminado en una sentencia del pasado 3 de marzo que los gastos de urbanización invertidos en un terreno rústico para convertirlo en urbano no pueden sumarse al valor de compra del terreno para así incrementar dicho valor y obtener una pérdida. Recordamos que el Constitucional estableció que es inconstitucional el cobro de la plusvalía municipal en aquellos casos de venta a pérdidas.

El Tribunal Supremo ha dictaminado en una sentencia reciente que las cantidades pagadas por el alquiler con opción de compra pueden incluirse en la deducción por inversión en vivienda del IRPF. Esto supone que el Alto Tribunal asimila este tipo de arrendamiento a la construcción de la vivienda habitual, es decir, a la entrega de cantidades al promotor. Considera que en ambos casos se está adquiriendo una vivienda habitual, por lo que el contribuyente puede beneficiarse de la deducción por la compra.

Dos de los impuestos más habituales que gravan la vivienda son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la plusvalía municipal y ambos se cobran a partir del valor catastral fiado por Catastro. Es frecuente que los contribuyentes descubran que dicho valor es elevado en el momento que reciben la liquidación de estos tributos, algo muy difícil de recurrir. Pero dos novedosas sentencias del Tribunal Supremo abre la puerta a recuperar lo cobrado de más.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD), la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la aplicación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en escrituras públicas que documentan una novación de una hipoteca, donde además de cláusulas que afecten al tipo de interés o al plazo del préstamo, se incluyen otras cláusulas financieras, sin que afecte a la responsabilidad hipotecaria.

El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, aclara que es necesario que el vendedor de una vivienda acredite la existencia o no de ganancias por la operación para pagar o evitar la plusvalía municipal. El mero hecho de que hayan pasado, por ejemplo, más de 20 años desde la compra y su posterior venta no es suficiente para exigir el pago de la plusvalía por parte del Ayuntamiento ante la falta de prueba del contribuyente.

El Tribunal Supremo ha puesto negro sobre blanco en relación con el seguro de responsabilidad civil del administrador de una empresa. Aunque la cobertura del seguro contratado no incluya el posible impago de impuestos, multas o sanciones por parte de Hacienda, el Alto Tribunal considera que sí lo cubre. Es decir, el seguro cubre también la responsabilidad tributaria del administrador.