Tribunal Supremo

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha sentado un criterio decisivo sobre cuándo los inquilinos pueden (o no) ejercer su derecho de adquisición preferente en caso de venta del inmueble en el que viven, aclarando la interpretación del artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El caso resuelto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 592/2025, de 21 de abril analiza la venta en bloque de varias promociones inmobiliarias por parte de una entidad pública. La clave, apunta el Alto Tribunal, no radica en si se vendió todo el edificio o si había más inmuebles en juego, sino en si el arrendador transmitió todas las unidades que poseía en ese inmueble. En este caso, así fue.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 27 de marzo pone negro sobre blanco a una cuestión que genera fricciones en no pocas comunidades de vecinos: ¿hasta qué punto puede un propietario realizar obras en espacios comunes del edificio? La respuesta apunta a la necesidad de autorización expresa de la comunidad de propietarios, incluso cuando los elementos estén destinados al uso exclusivo de uno de ellos. En el caso resuelto, el alto tribunal considera ilegal la colocación de una valla de cañizo sobre un muro divisorio por limitar las vistas al mar de la vecina colindante y ejecutarse sin el consentimiento de los vecinos.

¿Es posible donar parte del patrimonio en vida a unos hijos y dejar fuera a otros sin consecuencias legales? El Tribunal Supremo responde con contundencia: no. Toda donación que se haga antes del fallecimiento debe entrar en el cómputo de la herencia si hay herederos forzosos implicados. Este fallo zanja una disputa familiar entre nietos y, a efectos prácticos, pone orden en una cuestión recurrente en los juzgados: cómo se computan las donaciones a la hora de repartir una herencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la legalidad de las cláusulas contractuales que incluyen el cobro de una comisión de apertura en las hipotecas, aunque con matices. Según la sentencia del TJUE, que analiza el caso de una consumidora que demandó a BBVA por considerar abusiva una comisión equivalente al 0,25% del importe de su préstamo, "en principio" no puede presumirse el carácter abusivo de una cláusula contractual específica, ya que esto puede depender de las circunstancias concretas de la celebración de cada contrato, y de la realidad de los servicios prestados. También destaca la transparencia como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la apreciación que corresponde al juez nacional.

¿Puede una empresa despedir a una persona trabajadora tras ser calificada como “no apta”? La Sentencia del Tribunal Supremo 94/2025 de 4 de febrero ha aclarado los límites y obligaciones que deben respetarse en el despido por ineptitud sobrevenida, especialmente cuando se trata de proteger a trabajadores en situaciones especialmente delicadas. El Alto Tribunal subraya que la ausencia de un reconocimiento administrativo de discapacidad no exime a la empresa de sus obligaciones.

El Tribunal Supremo podría pronunciarse próximamente sobre las consecuencias de que decenas de ayuntamientos en España estén cobrando el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sin haber acordado en el Pleno el bautizado ‘acuerdo de imposición’ y haberlo publicado posteriormente, como establece la Ley de Haciendas Locales de 1988. Abogados y expertos fiscales recomiendan a promotoras, empresas de reformas y grandes patrimonios a recurrir antes de que el Alto Tribunal se pronuncie, para poder ejercer su derecho a reclamar las cantidades abonadas si el fallo les es favorable. Entre los consistorios afectados están los de Barcelona, Getafe, Majadahonda, Boadilla o Alcorcón.

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente ha otorgado plena validez al método de comprobación de valores de “tasación hipotecaria” previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria (LGT). En opinión de José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, "estamos ante una sentencia polémica que supondrá que muchas comprobaciones de valores realizadas conforme a dicho método, que actualmente estaban pendientes de sentencia en los Tribunales, sean finalmente validadas, garantizándose así la Administración una ingente recaudación". Sin embargo, esta sentencia que, en principio parecía muy perjudicial para los contribuyentes, puede acabar teniendo efectos muy beneficiosos para éstos porque permite atacar el valor de referencia de Catastro cuando sea superior al valor de la tasación hipotecaria del inmueble. Salcedo explica las claves.

Batacazo judicial del Tribunal Supremo a los contribuyentes. Una nueva sentencia del alto tribunal da vía libre a la administración tributaria para que cuando compruebe el pago del ITP de un ciudadano que ha comprado una vivienda, pueda usar el valor de tasación hipotecaria (uno de los métodos regulados para tal fin) sin necesidad de justificar nada más. Es decir, la administración autonómica no estará obligada a hacer una comprobación del pago del ITP individualizada y singularizada, con lo que no tendrá en cuenta el mal o buen estado de la vivienda o si necesita una reforma integral. Será suficiente con fijarse en el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de préstamo hipotecario de la vivienda.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las empresas están obligadas a disponer y facilitar a los sindicatos un registro salarial con los valores medios desagregados por sexo, pero sin que sea obligado incluir datos que permitan identificar la retribución individual del trabajador. El fallo es fruto de un recurso de casación interpuesto ante el Supremo por la empresa Ericcson España, que fue demandada por varios sindicatos ante la Audiencia Nacional por no proporcionarles todos los datos retributivos de la plantilla, incluidos los de los grupos profesionales o puestos de trabajo en los que sólo hay una persona destinada.

El Tribunal Supremo, a través de un fallo unánime del Pleno de la Sala IV de lo Social, ha dictaminado que las empresas deben instaurar un trámite de audiencia previa antes de proceder con despidos disciplinarios. Esta nueva obligación, sin embargo, solo será aplicable a los despidos que se produzcan a partir de la publicación de la sentencia, lo que deja exentos los despidos anteriores. De este modo, el alto tribunal modifica su propia doctrina, establecida en la década de los años ochenta, por los cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico español desde entonces.

El Alto Tribunal determina en una sentencia que se puede condenar a costas a un banco cuando un consumidor ejercite acciones de nulidad de cláusulas abusivas y de devolución de cantidades que sean derivadas de un mismo contrato de consumo, como un crédito hipotecario, aunque las solicite por separado en distintos procedimientos judiciales. Hasta ahora, algunos tribunales determinaban que las reclamaciones paralelas suponía actuar de un modo fraudulento, por lo que estimaban parcialmente la imposición de costas. Sin embargo, el criterio del Supremo crea jurisprudencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una comunidad de propietarios de instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes del edificio para proteger la seguridad de los vecinos y de sus viviendas. El tribunal ha desestimado la demanda interpuesta por una vecina (consideraba que se vulneraba su derecho a la intimidad) contra la decisión de su comunidad de instalar un sistema de videovigilancia para evitar que se produjeran actos vandálicos como el que había sufrido un vecino antes de la instalación de estas. 

El Tribunal Supremo ha avalado la prohibición de los pisos turísticos por mayoría de tres quintos en las juntas de propietarios. Así, unifica doctrina en torno al alcance de la palabra “limitar”, contenida en el art. 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. El acuerdo alcanzado en la junta por los vecinos no afectará a aquellos propietarios que vinieran realizando la actividad de forma legal con anterioridad a la aprobación. Sólo vinculará a quienes quieran destinar su vivienda en el futuro a dicha actividad. Te explicamos las implicaciones y consecuencias legales de vetar los alquileres turísticos en las comunidades de vecinos.

El acuerdo adoptado por la junta de propietarios con una mayoría de 3/5 partes para limitar el alquiler turístico no tiene efectos retroactivos y solo vinculará, después de adoptado el acuerdo comunitario, a los propietarios que quieran destinar su vivienda en el futuro a dicha actividad. Así lo recuerda el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), que celebra las dos sentencias del Tribunal Supremo sobre limitar los pisos turísticos con una mayoría de tres quintos en las juntas de propietarios.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que declara que las comunidades de propietarios pueden prohibir las viviendas de alquiler turístico mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado la condena a una comunidad de vecinos de Madrid que obliga a ésta a indemnizar con casi 600.000 euros por los daños y perjuicios derivados por el incumplimiento de los contratos suscritos con una empresa en 2014. La decisión del tribunal de apelación se basa en dos razones. La primera, que el presidente de la comunidad no puede decidir unilateralmente poner fin a los contratos por falta de legitimacón. Y la segunda razón es que la causa de la resolución del contrato no es incumplimiento de la empresa, sino de la comunidad.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) ha instado a la banca a que no espere a que el Tribunal Supremo se pronuncie para devolver a los clientes afectados las cantidades que deben por las 'cláusulas suelo', tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que avala el uso de la acción colectiva para reclamar estas cláusulas.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid (también ratificada por el Tribunal Superior de Justicia), a una persona que realizó una oferta falsa por internet de una vivienda que no era suya. En concreto, le condena a la pena de 18 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, y una indemnización de 750 euros a este estafador cuyo objetivo era que el afectado le hiciera una transferencia creyendo que era todo real.

Las entidades no podrán alegar que el consumidor estaba informado por los medios de comunicación, o por la existencia de jurisprudencia, de la abusividad de su cláusula hipotecaria, según señala reclamador.es, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en la que recoge la doctrina del Tribunal d

Son muchos los beneficios fiscales asociados a la consideración del alquiler como actividad económica. Según José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, existe desde hace años una guerra de guerrillas entre contribuyentes y Administración en la que se pelea cada palmo de terreno legal, y se entra a analizar al detalle cada supuesto de hecho. El experto afirma que para que el arrendamiento se considere actividad económica basta con tener al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, que es el requisito exigido por la Ley del IRPF. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, prueba de ello son dos recientes Autos admitidos a trámite por el Tribunal Supremo que han acordado decidir cuestiones referidas al cumplimiento de, en apariencia, tan sencillo requisito.

La práctica habitual de la Administración autonómica es solicitar la valoración de la vivienda comprada o heredada por un contribuyente a sus propios servicios internos mucho antes de notificar formalmente el inicio del procedimiento de comprobación de valores al comprador. Así, es habitual que el informe de valoración lleve, por ejemplo, fecha del mes de julio, y que el inicio del procedimiento no se notifique hasta noviembre, o incluso más tarde. Este “decalaje” ha suscitado dudas a muchos jueces, ya que la normativa no establece cuándo debe entenderse iniciado la comprobación de valores, cuya (eso sí que está regulado) duración máxima es de seis meses (según la Ley General Tributaria). Ahora el Tribunal Supremo ha declarado ilegal esta práctica de la administración, con lo que abre la puerta a infinidad de anulaciones de comprobaciones de valores, cuyo fin es que el ciudadano pague más impuestos.

El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia publicada este 30 de abril que el plazo de 4 años de prescripción de derecho de la Administración para determinar una deuda tributaria computa de fecha a fecha, con independencia de que el último día de dicho plazo sea hábil o inhábil.  La Sala de

El Tribunal Supremo ha inclinado la balanza a favor de Hacienda impidiendo a los contribuyentes compensar las pérdidas generadas por la donación de inmuebles en el IRPF con las ganancias obtenidas ese año y en los cuatro siguientes. De este modo, da la razón al fisco, que siempre ha negado la existencia de una pérdida patrimonial en el caso de las transmisiones gratuitas. Este criterio del Supremo se enfrenta al mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, en una resolución de septiembre de 2022.

El Tribunal Supremo sitúa a la banca como responsable de restituir los anticipos de los particulares a promotoras inmobiliarias mediante letras de cambio en la compra de viviendas. El tribunal ha rechazado dos recursos presentados por Abanca contra las sentencias de las audiencias provinciales de Málaga y Madrid, y recuerda que las promotoras deben garantizar la devolución de estos anticipios mediante un aval o un seguro. En este sentido, afirma que "la entidad financiera incurre en responsabilidad", y que debe "colaborar activamente" para garantizar que el promotor cumple con las obligaciones legales.

Uno de los métodos de comprobación de valores más habitualmente utilizados por la Administración es el de “tasación hipotecaria”. Mediante dicho método, se impone al contribuyente la obligación de tributar en el ITP o en el de Sucesiones y Donaciones (ISyD), por el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de la hipoteca. Y se considera dicho valor de tasación como el valor real del inmueble. Se trata de un método rechazado por varios tribunales y ahora el Supremo tiene sobre la mesa pronunciarse al respecto.