Vivienda protegida

La Generalitat de Catalunya ha recibido 277 ofertas de constructoras y empresas inmobiliarias para desarrollar un total de 600 viviendas protegidas en Barcelona y su área metropolitana. Este ambicioso proyecto, enmarcado dentro del Plan Territorial Sectorial de Vivienda, busca responder a la creciente demanda de vivienda asequible en Cataluña, especialmente en las zonas de mayor tensión del mercado inmobiliario, donde los precios de alquiler han experimentado un aumento considerable en los últimos años.

El precio medio de la vivienda protegida se situó en el segundo trimestre del año en 1.169 euros/m2, lo que se traduce en el más alto de la serie histórica que recopila el Ministerio de Vivienda desde 2005. Hasta nueve provincias registraron en primavera un valor tasado de la vivienda libre inferior al de la VPO, entre las que se encuentran Lugo, León, Palencia, Cuenca, Toledo, Córdoba y Lleida. La provincia catalana, de hecho, es una de las pocas de España donde la vivienda protegida supera los 1.200 euros/m2, junto con Madrid, Barcelona y Málaga. Mientras, Cáceres y Badajoz son las más asequibles (menos de 800 euros/m2).

El acceso a una vivienda es uno de los principales obstáculos de los jóvenes en España. Un problema que no solo se ciñe a tener una propiedad o una vivienda de alquiler. Va más allá y, para Luis Corral, CEO de Foro Consultores, condicionará la estructura demográfica y el crecimiento económico futuro de nuestro país. En su opinión, la realidad es que entre 2015 y 2023 el precio de la vivienda ha subido de media en nuestro país un 47% y el alquiler, un 58%, según datos de idealista y el INE, es decir, han crecido el doble que los salarios. Los jóvenes no pueden comprar, con lo que alquilan y esto se convierte en una trampa porque no pueden ahorrar para comprar. Para Corral la solución es la vivienda protegida, con lo que la solución está en manos de las Administraciones.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando a desarrollar una norma con rango de ley que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las comunidades autónomas puedan revocarla, una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023 pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de las competencias autonómicas.

La vivienda protegida bate récord y no precisamente de producción.

El nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunitat Valenciana incluirá la obligación de una reserva mínima del 40% de las nuevas viviendas, tanto públicas como privadas, a los menores de 35 años y a las familias monoparentales. Además, se apuesta por la colaboración público-privada, se fijan distintos niveles de protección para los inmuebles y se introduce un sistema para fijar precios máximos con un módulo de actualización anual.

Las viviendas protegidas están destinadas a personas con pocos recursos o que se hallen en situación de vulnerabilidad. Entre los requisitos que establecen las CCAA para poder acceder a un inmueble de estas características se encuentran no superar cierto nivel de ingresos, que la vivienda sea destinada a la residencia habitual y permanente del adquiriente y no ser titular de otra propiedad, ya sea libre o protegida. Por tanto, salvo casos muy específicos, no es posible adquirir o alquilar otra vivienda protegida si ya se es propietario de una.

Una vivienda protegida es aquella que cuenta con algún tipo de protección que impone diversas obligaciones, como un precio máximo de venta o alquiler o unos requisitos para poder adquirir una. Además, no siempre es posible traspasar estos inmuebles antes de que concluya un determinado plazo. Pero ¿y donarla? En la mayoría de los casos, se puede siempre que esta vaya a ser la residencia habitual del donatario y previa autorización de la consejería correspondiente, si no ha transcurrido el plazo de protección del inmueble.

El recién nombrado president de la Generalitat, Salvador Illa, recalcó durante su discurso de investidura que sus objetivos son la “habitabilidad y la seguridad para todos los barrios de Cataluña”. Y en esta misma línea, aseguró que pondrá en marcha “la política de vivienda más ambiciosa de la democracia, creando 50.000 nuevos pisos de protección”.

El nuevo Gobierno vasco sitúa a la vivienda en el centro de su agenda en esta legislatura. Denis Itxaso González, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana de Euskadi, ha asegurado durante unas jornadas celebradas en San Sebastián que el Ejecutivo autonómico sacará al mercado 7.000 nuevas viviendas protegidas en cuatro años, la mitad para jóvenes, y declarará las zonas tensionadas en el mercado residencial, paso previo para limitar las rentas. Y ha adelantado que la próxima semana ha convocado el Pacto Social de la Vivienda, que reúne a Administración, promotoras, arquitectos y entidades financieras.

Barcelona mantiene su compromiso con la producción de nuevas viviendas públicas con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda a familias que lo necesitan. Este fin de semana ha concluido la promoción de un nuevo bloque de 72 viviendas en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc, con la entrega de las llaves a las familias adjudicatarias. Las obras de esta promoción se iniciaron en mayo de 2021 y han supuesto una inversión de 11,1 millones de euros.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha sacado a licitación por 1,25 millones de euros la finalización de las obras de urbanización de la actuación residencial Cuartel de Ingenieros, en Valencia, donde está prevista la creación de 438 viviendas dentro del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible. Estas obras de urbanización permanecían paralizadas como consecuencia de una situación derivada de la anterior empresa contratista.

Este jueves se ha celebrado en SIMA la segunda jornada de SIMA PRO, unas jornadas en las que varios expertos han discutido sobre el presente y el futuro del sector inmobiliario. Durante uno de los paneles en los que se debatía sobre la vivienda asequible en alquiler, Javier Kindelan, responsable de 'living' de CBRE, ha puesto el foco en la producción de este tipo de producto para explicar el problema que ha surgido alrededor del mismo. "El porcentaje de producción de vivienda protegida está muy mermado", ha llegado a asegurar el directivo. 

El Tribunal Constitucional ha dado a conocer el resultado del primer recurso contra la Ley de Vivienda. Ante el escrito presentado por la Junta de Andalucía, ha avalado la mayor parte de la normativa estatal, justo cuando se acerca su primer aniversario. El Pleno del TC sí estima parcialmente algunos de los puntos cuestionados, como los relacionados con la invasión de competencias con las CCAA en materia de vivienda protegida, el parque público de viviendas o la información que deben aportar los grandes tenedores. El Tribunal aún tiene pendientes de resolver otros recursos presentados por varios gobiernos autonómicos.

Los planes de vivienda, tanto estatal como autonómicos, son un instrumento que busca facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos. Sin embargo, Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobiliarios, asegura que ese propósito está encallado y que muchas de las medidas que proponen las Administraciones, especialmente si hay elecciones en el horizonte, no se ponen en práctica un número significativo de ellas o no tienen los resultados esperados. La clave, en su opinión, es llegar a un plan nacional que aborden todas las Administraciones implicadas.

En un momento donde la vivienda protegida es un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno, España se encuentra rezagada en Europa, con cifras alarmantes que evidencian una crisis habitacional latente. Según la consultora JLL, apenas un 2,5% de su stock es vivienda asequible, el tercer peor dato del Viejo Continente, sólo superado por los de Portugal y Rumanía, y lejos del 30% que registra Países Bajos. Mientras tanto, la producción de nuevas unidades se mantiene estancada y el valor tasado bate récord, al superar por primera vez en la serie histórica del Ministerio de Vivienda los 1.166 euros/m2.

La entidad pública SEPES ha sacado a concurso público dos suelos residenciales finalistas y una parcela comercial que suman 52.020 m2 en el ámbito conocido como San Isidro de la localidad madrileña, donde se podrán levantar 345 viviendas protegidas. La comercialización de los terrenos arrancó el pasado 3 de mayo y las ofertas podrán presentarse hasta el 13 de junio, con un precio inicial total de 16,39 millones de euros. Este barrio abarcará más de un millar de viviendas asequibles y diferentes actividades económicas.

Según Francisco Sánchez Ramos de Castro y Andrés Etreros Huerta, agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados, la duplicación del valor de los módulos de vivienda pública en Madrid activará un empuje de nuevas viviendas públicas que se desarrollará “en colaboración público-privada y la mayor parte de ellas en alquiler”. Así, estiman que se podrán construir 14.000 viviendas de protección pública en los próximos cuatro años, entre 2024 y 2027, que estarán destinadas principalmente a alquiler social. Esto supone duplicar prácticamente la oferta de vivienda pública de cada año

La vivienda se ha convertido en el mayor problema real de los ciudadanos, en especial entre los jóvenes. Jorge Ginés, director general de Asprima, aboga por apartar los discursos populistas y dejar paso a una visión profesional y analítica. Por ejemplo, en relación con la propuesta de la Comunidad de Madrid de subir el módulo de la vivienda protegida, Ginés asegura que no se construye más vivienda protegida porque los costes de producción son superiores al módulo. Y mientras no se solucione este problema, la falta de oferta va a seguir presionando al alza los precios.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid cuenta con viviendas sociales destinadas a ofrecer acceso a una casa digna a las personas con menos recursos. Para poder solicitarlas, existen una serie de requisitos y trámites.

La vivienda social en España tiene diversos nombres en función de su grado de protección y su régimen (protección oficial, VPO, VPPA, vivienda protegida, etc.). Están destinadas a ofrecer un hogar a aquellas personas cuya situación económica les impide acceder a una residencia en otras condiciones.

El viceconsejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, anunció en exclusiva hace unos meses en una mesa redonda organizada por idealista/news la posibilidad de aumentar el precio del módulo de la vivienda protegida en la región. Ahora, este medio de comunicación confirma las intenciones del Gobierno Regional, que pretende aprobar este incremento a mediados de febrero, según reconocen fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de la Comunidad de Madrid. 

En España en 2012 se construyeron de media 53.000 viviendas protegidas. Diez años después solo se han construido poco más de 9.500. Es evidente que existe un problema en este segmento. Por este motivo, idealista/news ha reunido a José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid; a Francisco Pérez, CEO de la promotora Culmia y a Juan Antonio Gómez-Pintado, CEO de la promotora Vía Ágora y presidente de APCE para abordar esta cuestión. El precio del módulo de la vivienda, la falta de suelo y el exceso de burocracia para conseguir licencias, los problemas más repetidos por los ponentes.

El valor medio de tasación de la vivienda protegida en España subió un 1,1% interanual en el segundo trimestre del año, hasta situarse en 1.164,8 euros por m2, según los datos del Mitma. Aunque en términos generales se mantiene por debajo del de la vivienda libre (1.793,2 euros/m2), hasta 12 provincias registran un precio medio superior en la vivienda protegida, entre las que destacan Lugo, Ourense, León, Córdoba, Lleida, Castellón y Toledo. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Huesca, por su parte, lideran la subida de precios de la vivienda de protección en los últimos 12 meses.

Mariano Fuentes, exconcejal de Urbanismo de Madrid, desgrana la situación de la vivienda protegida en España. Fuentes asegura que en la actualidad no es rentable construir este tipo de producto en muchas regiones de nuestro país y expone ejemplos como el de la Comunidad de Madrid. "En El Cañaveral, el nuevo barrio del sureste de la capital, el precio medio de alquiler es de 13,13 euros/m2, bien, pues el módulo para alquilar vivienda protegida es de 8,89 euros/m2. Es decir, por más gastos, servicios, trasteros o plazas de garaje que quieras sumar, no salen los números", afirma.