Denis Itxaso, consejero de Vivienda de Euskadi, anuncia la convocatoria del Pacto Social de la Vivienda con diferentes agentes inmobiliarios y financieros
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San Sebastián
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El nuevo Gobierno vasco sitúa a la vivienda en el centro de su agenda y planea aumentar la oferta de viviendas protegidas, el ritmo de rehabilitaciones y activar la declaración de las zonas tensionadas para topar los alquileres a lo largo de esta legislatura.

Así lo ha explicado Denis Itxaso González, consejero del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana de Euskadi, durante unas jornadas organizadas por la Fundación Notariado, celebradas en San Sebastián.

Itxaso ha destacado en su intervención que "el acceso y derecho a la vivienda, su construcción, su rehabilitación, su financiación o la situación del alquiler son temas que están hoy en el centro del interés social y de la agenda pública en la agenda política. Y es lógico que sea así, porque el acceso a la vivienda, especialmente para las personas jóvenes y personas que presentan algún tipo de vulnerabilidad, se ha convertido en un desafío para los poderes públicos y también para la sociedad en su conjunto". Y ha insistido en que "ofrecer una respuesta a este desafío está en el centro de las prioridades de este nuevo Gobierno que acaba de echar a andar". 

Para ello, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a llevar a cabo varias medidas a lo largo de esta legislatura, entre las que destacan el impulso de la vivienda protegida a través de la puesta en marcha de 7.000 nuevas viviendas protegidas a disposición de la ciudadanía en los próximos cuatro años, la mitad de ellas destinadas a jóvenes.

En segundo lugar, el Gobierno vasco acudirá al mercado a comprar viviendas para destinarlas a VPO, aunque el consejero ha detallado que "para ello, tendremos que concretar y establecer los mecanismos precisos para acudir al mercado público". 

Otra de las políticas de vivienda que ha confirmado Itxasco para esta legislatura será la declaración de zonas tensionadas en el mercado residencial, lo que permitirá aplicar el tope a los alquileres incluido en Ley de Vivienda y que de momento solo está activo en Cataluña. En la anterior legislatura, la autonomía ya había dejado abierta la puerta a limitar las rentas de los arrendamientos y había cifrado en 41 los municipios que cumplían las condiciones para ser considerados mercados tensionados. 

"Se suele debatir mucho sobre la eficacia de esta figura en las zonas tensionadas. Nosotros pensamos que el hecho de que un ayuntamiento detecte que tiene un problema, elabore el plan correspondiente cumpliendo los requisitos que establece la ley y declare finalmente la zona tensionada, es una manera de tener una herramienta en el que se reconoce el problema, que no es poco, y a partir de ahí podríamos utilizar y dar contenido a esa figura del mercado tensionado en ese municipio para tomar más medidas o para profundizar en las iniciativas públicas". 

Según el consejero de Vivienda de Euskadi, también se van a elaborar planes trienales para aumentar la oferta de viviendas en estas zonas tensionadas y se van a estudiar medidas fiscales. 

Convoca el Pacto Social de la Vivienda

Itxasco también ha adelantado que el Ejecutivo vasco ha convocado el Pacto Social de la Vivienda que en el año 2022 suscribieron más de 90 agentes, entre promotoras, ayuntamientos, los diferentes colegios de arquitectos, la Universidad, entidades crediticias..., pero que no llegó a reunirse. La cita se celebrará el próximo miércoles, 17 de julio, y estará presidida por el Lehendakari. Este acto "pretende ser toda una declaración de intenciones del nuevo Gobierno sobre la prioridad que le queremos dar a esa cuestión", ha puntualizado. 

Como ha recordado el consejero, el pacto firmado busca "hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda para toda la ciudadanía del País Vasco", y tiene varios objetivos de cara a los próximos 12 años (hasta 2036):

  • Duplicar las viviendas de alquiler asequible, hasta llegar a las 50.000 unidades
  • Aumentar en más de un 50% las viviendas de protección pública permanente, pasando de las 74.000 unidades actuales a 116.000 
  • Duplicar el índice anual de rehabilitación de edificios, para que pase del 1,5% actual al 3%, y llegar a 350.000 viviendas rehabilitadas en 2035
  • Ampliar la oferta de vivienda libre en el mercado, impulsando el desarrollo de nuevas promociones e incorporando los inmuebles rehabilitados

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