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Las empresas se van de Cataluña: qué implica y qué puede pasar en el futuro

Isidre Fainé, presidente de Criteria CaixaCorp. / Gtres
Isidre Fainé, presidente de Criteria CaixaCorp. / Gtres

Cataluña está sumida hoy, según abogados, economistas e inversores, en el peor de los escenarios posibles: la incertidumbre. Que se hayan instalado 49 empresas en Cataluña desde el 1 de octubre, según el Colegio de Registradores, es una buena noticia si se ignora que en el mismo periodo de tiempo se han registrado 917 empresas que han abandonado Cataluña, lo que deja un saldo negativo de 868. Esta desbandada viene promovida por la inestabilidad económica que conlleva no saber cómo se resolverá el marco jurídico y legal de Cataluña. Analistas económicos, abogados e instituciones responden a idealista/news para saber qué significa y cómo repercutirán económicamente estos traslados de sedes.

El impacto de una declaración unilateral de independencia (DUI) no es tan profundo como lo es no saber qué ocurrirá con la relación España-Cataluña. La escalada de tensión afecta al mercado, abre muchas dudas sobre el presente y el futuro de Cataluña y pospone la decisión de inversión en ella. Las empresas buscan garantizar seguridad a sus clientes y accionistas y, por eso, al cambiar su sede social, buscan seguir bajo el paraguas del territorio español.

Domicilio fiscal y domicilio social, ¿qué son?

Desde que se celebró el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, es una constante ver empresas anunciando el traslado de sus sedes sociales. En total, 917 en 18 días se han fugado de Cataluña. Pero lo que supone este cambio puede traer confusión.

El domicilio social se regula en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la norma que regula el funcionamiento de sociedades de capital en España.  El domicilio de las sociedades, “el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación,” debe estar “dentro de territorio español”. Dirección que no está obligada a coincidir con su domicilio fiscal, que se regula en el artículo 48 de la Ley General Tributaria. Será la misma cuando en el domicilio social esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios (artículo 48.2.b LGT).

Tal y como explica José María Salcedo, abogado del despacho Ático Jurídico, “a la larga, es conveniente que las empresas trasladen también al nuevo domicilio social la gestión administrativa y directiva para evitar disputas entre Administraciones”. No implica, por ejemplo, cerrar oficinas o centros de trabajo, pero sí servicios centrales y centros de dirección. Una visión compartida con Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico y Análisis en la IE Business School. Pampillón explica que “a corto plazo este cambio solo es un acto administrativo que no tiene por qué implicar un movimiento de sus trabajadores o la deslocalización de su producción de bienes o servicios”.

Los efectos inmediatos de esos traslados son mantener la nacionalidad española de la sociedad (artículo 8 de la Ley de Sociedades) y así permanecer en un estado miembro a la UE y, por lo tanto, a la zona euro y sin aranceles al resto de Europa; sujeción a las leyes españolas, según el Código de Comercio para la seguridad jurídica de la empresa y someterse a los Tribunales del nuevo domicilio social.

¿Qué impacto económico tiene un cambio de domicilio?

El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, buscando alentar a las empresas catalanas, asegura que “sea cual sea el escenario político a corto y medio plazo no habrá ningún tipo de decisión política que ponga en riesgo su seguridad jurídica en Cataluña".

El impacto económico que suponen esos traslados, a día de hoy, solo implicaría dejar de recaudar impuestos autonómicos y municipales de esas empresas (IBI, IAE...), que dejarían de declararlo en Cataluña para hacerlo en el nuevo destino de aquellas que, además de la sede, también trasladen oficinas. “Pero ese importe es poco relevante”, puntúa Pampillón. Según fuentes de la conselleria de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de Cataluña, solo afecta si hubiera operaciones societarias.

El impacto vendría porque no se trataría de un cambio temporal, sino que acabaría siendo irreversible. “A medio plazo, y de forma gradual, dicho movimiento acabará arrastrando el traslado de sus empleados y actividades a las nuevas direcciones fiscales”, explica Pampillón. Eso supondría que esos empleados deslocalizados dejarían de tributar el IRPF la región y dinero que dejaría de embolsarse Cataluña.

"A medio plazo, y de forma gradual, dicho movimiento acabará arrastrando el traslado de sus empleados y actividades a las nuevas direcciones fiscales"

Uno de las causas que supone este cambio de sede es evitar la inseguridad para los mercados internacionales. Algunas inmobiliarias catalanas, que han preferido no salir mencionadas, explican que han percibido una notable bajada de operaciones de compraventa durante las últimas dos semanas, después de llevar un año inmejorable tras la crisis. “Para muchos compradores, la decisión tan trascendental como la compra de una casa puede esperar un año, hasta que se sepa qué pasa con el lugar donde van a vivir”, explica un asesor inmobiliario.

Asimismo, advierte que “los inversores extranjeros por qué van a preferir invertir en Cataluña pudiendo hacerlo en Mónaco, por ejemplo, donde todo transcurre con normalidad”. Lo mismo opina Pampillón, que “este ‘wait and see’, si se hace muy largo provocaría que empresas que podrían instalarse aquí o inversores que ponen el ojo en Cataluña acabasen mirando hacia otro lado”.

¿Qué futuro habría en Cataluña sin esas empresas? ¿Y si se independiza?

El escenario de una Cataluña como nuevo Estado es un misterio. ¿Qué gobierno tendría? ¿Mantendría la CUP como socio en el Parlament, un partido anticapitalista? ¿Qué libertad económica y seguridad jurídica tendrían las empresas, si no forma parte de la UE de entrada? ¿Con qué moneda operaría? Todas esas preguntas, que a día de hoy solo podrían ser respuestas con hipótesis, sí podríamos aproximarnos al plantear qué supone crear un nuevo Estado y qué papel desempeñarían las empresas catalanas.

“Para la creación de un nuevo Estado, se tendría que disponer de dinero público para pagar las pensiones, los servicios públicos, infraestructuras… dinero que hasta ahora le proveía a Cataluña el Gobierno central”, explica Pampillón. “Eso conllevaría un déficit público y para hacer frente a ese déficit le obligaría a nacer con deuda pública”, declara. Se sumaría a la deuda pública que ya tiene Cataluña, que está en máximos históricos: 75.443 millones de euros, a cierre de marzo de este año. A su vez, es la Comunidad Autónoma que más debe: representa un 27% de la deuda conjunta de las comunidades.

Cataluña dejaría de realizar su aportación de solidaridad. Según datos del Ministerio de Hacienda, entre los años 2012 y 2014 la región aportó a las cuentas del Estado 26.205 millones de euros netos (lo aportado menos lo recibido). España, por su parte, distribuye a las autonomías ayudas en concepto de fondos de financiación, para saldar deudas con sus proveedores y financiarse en unas condiciones mucho más ventajosas que si hubieran salido a los mercados. En total, entre 2012 y 2014, Cataluña ha sido la región que más dinero recibió: 38.793,61 millones de euros (75.241,6 millones entre 2012 y 2017). Si pasa a ser un Estado propio, dejaría de recibir esa prestación.

Entre 2012 y 2014, Cataluña ha sido la región que más dinero recibió: 38.793,61 millones de euros

Una de las fórmulas para hacer frente al déficit sería con deuda pública, “pero con el historial de solvencia que arrastra Cataluña”, explica Pampillón, “o le exigirían intereses muy altos o nadie querría comprarle esa deuda pública”. Todas las agencias de calificación internacionales consideran la deuda catalana como el famoso 'bono basura', lo que significa que no tiene grado de inversión. Esto impediría que muchos inversores conservadores (por ejempo, fondos de pensiones) compraran deuda catalana. Y los que estuvieran dispuestos a adquirirla, exigirían por ello unos intereses muy elevados. 

Respecto a las empresas que se han ido, el pronóstico según Salcedo es "que no volverán", porque "se habla de lo fácil que es revertir el cambio de domicilio social y volver a Cataluña, pero evidentemente eso no sería así, si Cataluña ya fuera un estado independiente, hablaríamos entonces de un traslado a un país extranjero". 

"Al irse tantas empresas, habrá un aumento de impuestos para las que se quedan para mantener el mismo nivel de ingresos"

Por otra parte, según explica Pampillón, "al irse tantas empresas, habrá un aumento de impuestos para las que se quedan para mantener el mismo nivel de ingresos". Y eso conlleva varios riesgos: si hay menos empresas y menos trabajadores, los que quedan deberían pagar más para mantener los servicios públicos, por ejemplo, algo tan sencillo como la recogida de basura o el agua. Todo esto habría que financiarlo con impuestos y si hay menos población empresarial, la carga fiscal se incrementaría entre los que se quedan.

La independencia completa no es el único escenario que acarrearía consecuencias negativas. Los expertos temen que el actual ‘statu quo’ provoque un boicot a los productos y servicios catalanes. En este sentido, Pampillón recuerda que “a todos nos interesa una Cataluña potente y rica”, entre otras razones, por el peso que tiene en la economía española (alrededor de una quinta parte del total). Pero Cataluña también tiene intereses económicos con el resto de España, pues el 40% de sus exportaciones tienen como cliente al resto de España.