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Las comunidades de propietarios, sin tasas judiciales
GTRES

La incógnita ya se ha desvelado: las Comunidades de propietarios están también exentas de pagar las tasas judiciales, al igual que una persona física. Así se ha determinado en una consulta vinculante realizada por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España al Ministerio de Hacienda. Las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica y en este caso se les considera personas físicas ya que quien inicia el procedimiento judicial es una persona de la Junta Directiva.

El pasado 1 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley por el que se aprueba la supresión del pago de las tasas judiciales a los ciudadanos pero no a las pymes. Tras la consulta vinculante efectuada por los Administradores de Fincas, Hacienda determina que las Comunidades de Propietarios también están exentas del pago de este “peaje” que hay que pagar para poder pedir al juez ayuda judicial.

“Los Administradores de Fincas están a favor de que las Comunidades de Propietarios no paguen las tasas puesto que aunque no tienen personalidad jurídica sí creemos que son personas físicas en tanto en cuanto quien inicia el procedimiento es un miembro de la Junta Directiva, normalmente el presidente como representante legal”, señalan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Uno de los casos judiciales más comunes de una Comunidad de Propietarios es el de recurrir a los juzgados para reclamar las cantidades adeudadas de propietarios morosos, vía procedimiento monitorio. A partir de ahora estarán libres de pagar las tasas judiciales.  

Las pymes seguirán pagando este tributo

Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, recuerda que “las personas jurídicas, sociedades limitadas, anónimas, sociedades de capital en general, seguirán pagando tasas judiciales, si quieren la tutela judicial efectiva reconocida en nuestra constitución española”.

“Las PYMES, como una de las grandes soluciones para paliar el desempleo, las que conforman el más importante tejido empresarial, puesto que aportan más del 65% del PIB, así como más del 75% de empleo privado; corren un alto riesgo de cierre y desaparición, al limitarles su acceso a la justicia con las tasas judiciales, para el cobro, por ejemplo, de sus derechos de crédito; o para recurrir sanciones administrativas, algunas de elevada cuantía”, sentencia la abogada.

 

 

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