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Hacienda desarticula el fraude contable de 120 empresas del sector del mueble

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Autor: Redacción

La Agencia Tributaria ha lanzado la ‘Operación Iroko’ contra el fraude de 119 sociedades y 38 personas vinculadas al sector de la fabricación y comercialización de muebles por toda España. En un sector que mueve 4.300 millones de euros, y que se incrementa año a año con la mejora del mercado inmobiliario, se detectó la manipulación de la contabilidad para no declarar todos los beneficios y pagar menos impuestos.

La Agencia Tributaria ha desplegado 520 funcionarios por toda España para registrar los locales de fabricantes de muebles, comerciantes mayoristas y minoristas del sector que suman una investigación sobre 119 sociedades y 38 personas físicas: Andalucía (34), Aragón (6), Asturias (3), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (20), Extremadura (2), Galicia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Murcia (5) y Comunidad Valenciana (16).

La operación se ha centrado en luchar contra la economía sumergida con lo que han accedido a la documentación e información contable de las empresas para conocer su situación real, ya que se habían detectado manipulaciones contables e irregularidades en las existencias, que facilitarían la declaración de beneficios discretos y servirían para disimular la ocultación de ventas.

La Unidad de Auditoría Informática (UAI) de la Agencia Tributaria habría detectado un ‘software’ de ocultación de datos que permitiría manipular tanto las existencias como las ventas reales para evitar el pago de más impuestos. Pero con un cruce de datos sobre el pago del Impuesto sobre Sociedades, los márgenes brutos sobre ventas, los márgenes netos sobre los aprovisionamientos y los movimientos con tarjetas y efectivo de los administradores se encontró ciertas distorsiones sobre las ventas y las existencias realizadas, comprobando que algunas de ellas no estaban declaradas.

La operación no ha implicado detenciones, pero supondrá una regularización de las declaraciones de impuestos de estas empresas y personas físicas que acarrearán multas en un sector que mueve 4.300 millones de euros anuales, y que lleva cinco años consecutivos de mejoras, tras la salida de la crisis del sector inmobiliario.