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Más novedades en la nueva ley hipotecaria: bajarán las comisiones por amortizar el préstamo

Autor: Redacción

La Comisión de Economía del Congreso sigue sacando adelante acuerdos para retocar la nueva ley hipotecaria. En las últimas semanas los partidos han pactado que todos los gastos de la formalización corran a cargo del banco (el cliente solo pagará la tasación), y han endurecido los criterios para poder embargar una casa por impago. A estos cambios se suman nuevos límites en las comisiones por amortizar la hipoteca de forma anticipada. 

En concreto, el último acuerdo pasa por fijar una comisión máxima para cancelar el crédito. La penalización dependerá del momento temporal en el que se realice y del tipo de hipoteca que se firme. 

En el caso de un préstamo a tipo de interés variable, el nuevo límite es del 0,25% a partir del tercer año de vida de la hipoteca, mientras que pasará al 0,15% pasados los cinco años. En el caso de los préstamos a tipo fijo, más cara para una entidad financiera porque le exige cubrirse del riesgo de cambios en los tipos de interés, el nuevo techo estará en el 2%. 

¿Y qué es exactamente lo que cambia? Recordemos que la ley hipotecaria que está retocando la Comisión de Economía del Congreso se basa en la normativa que desarrolló el Ministerio de Economía cuando estaba dirigido por Luis de Guindos y que aprobó el anterior Gobierno a principios de noviembre de 2017.

En el texto inicial, ya había unas limitaciones a las comisiones por cancelación anticipada, aunque eran más moderadas que las acordadas esta semana. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas variables las comisiones fijadas para las hipotecas variables situaban los límites en el 0,5% pasados tres años y del 0,5% pasados los primeros cinco años. En elcaso de las fijas, el documento de Guindos situaba el techo en el 4% si la amortización se realizaba durante los primeros 10 años de vida de la hipoteca y del 3% a partir de entonces. 

Todo apunta a que la nueva ley hipotecaria entrará en vigor a principios de año, ya que su puesta en marcha definitiva todavía debe depende de unos trámites parlamentarios. Se espera que la Comisión de Economía del Congreso apruebe el texto la próxima semana y que el Congreso lo lleve al último pleno del año (20 de diciembre). Después tendrá que votarse en el Senado antes de volver de nuevo al Congreso.

Si se cumplen estos plazos, la normativa entrará en vigor casi tres años más tarde del límite que estableció Bruselas. Y es que, además de intentar dar transparencia y seguridad jurídica a bancos y clientes, el objetivo de la ley es trasponer al ordenamiento español la normativa europea en materia de hipotecas. Como consecuencia del retraso, España se enfrenta a una multa diaria de unos 100.000 euros (ya se superan los 100 millones de euros en total), aunque será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que decida si Bruselas debe sancionar o no a nuestro país por el retraso.