Cuáles son las regulaciones y ayudas del Estado para pagar las facturas de luz y gas

Con la inflación producida por el conflicto en Ucrania, los recursos energéticos en Europa son dos de los sectores que más reflejan la subida de precios. Según datos aportados por el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS), el precio del gas ha pasado en el transcurso de un año de valer una media de 20 euros por MWh a los 100 euros a mediados de marzo de 2022. Por su parte, la luz ha subido de los 51,91 euros por MWh a los 229,71 que alcanzó el 21 de marzo.

La Comisión Europea no ha reformado aún el mercado por lo que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ha aprobado una guía para reforzar la protección de los consumidores en sus contratos.

Algunos de los puntos de esta guía incluyen la obligación de publicar los precios de las ofertas de suministras de gas y electricidad que realizan las comercializadoras. La información que publiquen sobre los precios de sus ofertas debe ser transparente, comparable, adecuada y actualizada, y debe estar disponible en todos los medios de comunicación donde se publiciten, al igual que en la página web.

También deben publicar la información sobre la finalización de contrato, los servicios adicionales que se contratan conjuntamente, las reparaciones o el desplazamiento de un profesional de instalación. Todas las ofertas energéticas en el mercado se incluyen en un comparador de precios que la CNMC ha creado para los consumidores.

El Real Decreto-ley 23/2021 establece que las empresas deben incluir una comparativa de los precios aplicados antes y después de cambiar una tarifa, al igual que una estimación del coste anual del suministro para el consumidor. Estas revisiones deben comunicarse con al menos un mes de antelación.

Otro punto importante es mencionar al consumidor su derecho a rescindir el contrato cuando se modifiquen las condiciones, sin que él o ella se someta a coste o penalización alguna. Y este plazo, por ley, no se puede limitar. Los cambios que se den el contrato de precio, fórmula u otras condiciones solo pueden ser con anterioridad al fin de vigencia, previsto de forma específica y clara.

Si es la empresa quien decide rescindir el contrato conforme a las condiciones económicas pactadas, debe compensar al consumidor con, al menos, los mismos criterios de penalización que si hubiese sido él quien lo finaliza. Si, por ejemplo, se cambia un contrato de fijo a indexado, el consumidor tiene derecho a rescindirlo sin coste alguno, aunque en el contrato esté estipulada la posibilidad de forma genérica de que se produzca dicho cambio.

Diferencias entre una tarifa fija o indexada

Tanto en mercado libre como regulado se paga una cuantía fija, a la que se suman los cargos del sistema eléctrico y los impuestos. En el mercado libre existen varias tarifas disponibles en base a un precio de mercado que cambia cada hora, al que se le añade el coste que cobra la compañía.

En cambio, en las tarifas fijas el precio se establece previamente con el cliente y no varía, sino que se regula por el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Estos últimos son los más afectados por la inflación ya que el precio de esta tarifa lo establece el Gobierno de forma trimestral en base a los precios del BOE.

Bono social eléctrico

Se trata de un descuento que ampara al consumidor vulnerable (que se incrementan hasta el 31 de marzo de un 25% a un 60% de descuento) y vulnerable severo (que pasan del 40% al 70%). Existen también bonos para familias numerosas (independientemente de sus ingresos, aunque para establecer la cuantía se tiene en cuenta la renta familiar), desempleados y personas con una discapacidad igual o superior al 33% reconocida por la Seguridad Social.

Bono social térmico

Esta ayuda se destina a los consumidores más vulnerables, para afrontar el pago de las facturas que se cobra una vez al año con lo cargos a los Presupuestos Generales del Estado. Aunque la tramitación de este proyecto ya fue aceptada por el Parlamento en 2017, aún no está aprobada la ley que lo regule. Consiste en un pago único que se calcula en base al grado de vulnerabilidad de la persona y la zona climática de su vivienda.

Desde 2019 esta ayuda se comprende entre los 35 y 123,94 euros, y en caso de tratarse de un consumidor vulnerable con riesgo de exclusión social, la ayuda puede subir hasta el 60% dependiendo del clima en la zona donde se encuentre la vivienda. Se aplica a todo tipo de suministros térmicos (butano, gas, propano) y de forma automática a todos los beneficiarios del bono social de la electricidad.