
El Gobierno acelera la tramitación del impuesto de grandes fortunas. PSOE y Podemos han acordado incluir este nuevo gravamen en la misma proposición de ley que regula los gravámenes temporales al sector energético y financiero.
Este jueves, el Congreso puso fin al plazo de presentación de enmiendas parciales a la proposición de ley impulsada por los socios de Gobierno para regular el nuevo gravamen a energéticas y bancos, y el Ejecutivo ha colado una enmienda 'in extremis' para poder acelerar la puesta en marcha del bautizado 'Impuesto de solidaridad'.
Según ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el nuevo impuesto a las grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros, aunque los primeros 700.000 euros estarán exentos, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros.
A finales de septiembre, Montero avanzó que el nuevo impuesto se aplicará en 2023 y 2024 y constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de 10 millones, un 3,5%. Con este nuevo impuesto, que permitirá deducir el Impuesto de Patrimonio, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros.
El gravamen actuará como complemento al Impuesto sobre el Patrimonio, con el objetivo de que aquellos patrimonios que superen los 3 millones de euros no sean objeto de cesión por parte de las comunidades autónomas.
Pese a quienes exigen que sea un impuesto permanente, las enmiendas de PSOE y Podemos remarcan que su ámbito será temporal, con una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devenga dicho impuesto. Eso sí, se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión.
Por otra parte, también se habilita la potestad de gravamen sobre las participaciones accionariales en entidades no residentes con activos inmobiliarios subyacentes radicados en España. A juicio de PSOE y Podemos, esto corrige una "discriminación injustificada" respecto del residente, ya que el no residente elude el gravamen por el hecho de interponer una persona jurídica no residente.
Andalucía presentará un recurso
La Junta de Andalucía ha anunciado que se "encuentra preparando ya" un recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central y que se presentará "en cuanto la enmienda por la que lo van a crear se apruebe".
"No podemos recurrirla hasta que no se apruebe, pero lo vamos a hacer, siempre mirando por el interés de los andaluces", ha asegurado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha criticado que este impuesto es "un ataque directo a la autonomía financiera".
Así lo ha manifestado la consejera, a través de en un comunicado, tras conocerse las enmiendas mediante las que el Gobierno va a crear dicho impuesto. "El impuesto a las grandes fortunas es un ataque directo del Gobierno de Pedro Sánchez a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, especialmente de las del PP, que hemos optado por una política de bajada de impuestos. Es un impuesto que atenta contra el ahorro y la inversión", ha advertido.
La consejera ha señalado que al Gobierno central "no le gusta que apliquemos políticas que funcionan". "Para ellos sólo hay un camino: subir los impuestos. Nosotros hemos demostrado que hay otra forma de hacer política, que además funciona", ha defendido.
Tras esto, ha asegurado que el nuevo impuesto "atenta" contra la Constitución, la LOFCA y la Ley de Tributos Cedidos, así como contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía. "Es un fraude de ley parlamentario. No se han molestado ni en regular nada, tan solo se limitan a reproducir o directamente referirse a artículos de la Ley sobre el Patrimonio, que recordemos es Estatal", ha remarcado.
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