Fiscalidad

En tiempos en los que el número de envíos de paquetería se ha multiplicado y sigue al alza, es normal preguntarse si tiene obligación el conserje de recoger los paquetes de los vecinos.

El Congreso ha rechazado este martes con los votos de PP, Vox y UPN la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. La proposición de ley ha contado con el apoyo del PSOE y de Sumar, los dos partidos del Gobierno. La formación catalana planteaba un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas. Así, el impuesto progresaba del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente.

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha avisado de un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de toda España por la gestión de las basuras, a pesar de la nueva tasa en muchos consistorios, que es obligatoria desde el pasado 10 de abril.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que estudiará si es posible aplicar un IBI progresivo en función del número de viviendas que tenga el propietario y, en caso de que sea viable legalmente, presentará una propuesta al Ministerio de Hacienda para modificar la norma que regula este impuesto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, también sopesa prohibir la repercusión del IBI a los inquilinos mediante ordenanzas fiscales.

El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales de 2026. El acuerdo entre los socios presupuestarios (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) contempla una rebaja fiscal paulatina en el IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y la subida del umbral de la obligación de declarar los rendimientos del trabajo desde los 14.500 a los 17.000 euros, medidas que beneficiarán al 70% de los contribuyentes de la región. También incluye una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28% al 25%, siempre que las empresas cumplan unos requisitos, como por ejemplo mantener el empleo.

Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la Agencia Tributaria y expresidente de la SEPI, ha defendido durante el Congreso Nacional de Vivienda la necesidad de cambiar el modelo tributario en España y apostar por las rebajas impositivas para abaratar las viviendas y ha propuesto eliminar la tributación de los ingresos que consiguen los propietarios particulares por alquilar viviendas como fórmula para aumentar la oferta. Economistas y juristas han coincidido en que hay que "desfiscalizar la vivienda", que está sometida a tributos de las tres Administraciones (Estado, CCAA y ayuntamientos), y han puesto ejemplos de otros tributos como el IVA, el ITP, Patrimonio o Sucesiones.

Cada vez que la Administración pierde un recurso en los Tribunales y se ve obligada a anular la liquidación dictada, y a devolver lo indebidamente pagado junto con los intereses de demora, el contribuyente vencedor deberá tributar por esos intereses cobrados del Fisco. Sin embargo, el abogado José María Salcedo señala que hay argumentos de sobra tanto para oponerse a cualquier liquidación dictada por la AEAT que exija la tributación de dichos intereses, como para pedir la devolución de ingresos indebidos si se tributó por dichos intereses a pesar de no existir obligación de hacerlo conforme a la doctrina judicial entonces vigente.

La Generalitat de Cataluña sitúa en más de 2.200 millones de euros la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los primeros ocho meses del año, lo que arroja un incremento interanual de dos dígitos y prácticamente iguala a lo conseguido en todo 2023, gracias al aumento de las compraventas y a la subida del ITP que entró en vigor en la región en junio. De mantenerse la tendencia actual, en 2025 la cifra podría superar los 3.000 millones por primera vez desde el anterior pico alcista inmobiliario.

Toda notificación postal (administrativa o tributaria) que no logra llegar a su destinatario, deja constancia del intento realizado, indicando el día, hora, y las circunstancias en que se intentó la notificación. Sin embargo, es muy poca la información que aparece en el aviso de recibo. Por ello, el destinatario de la notificación acaba yendo a recogerla prácticamente a ciegas, sin saber muy bien qué le deparará el destino, y qué tipo de notificación recibirá. Ahora el Tribunal Supremo acaba de decidir qué información debe constar en el acuse de recibo.

El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después para miles de propietarios al aclarar que cualquier ciudadano puede pedir al Catastro la corrección del valor o los datos de su inmueble, sin tener que pasar por el ayuntamiento. Una nueva sentencia aclara cómo debe aplicarse la Ley del Catastro Inmobiliario y refuerza el derecho de los contribuyentes a corregir errores que afectan a impuestos tan cotidianos como el IBI.

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles tomar en consideración un anteproyecto de ley foral enfocado a implantar un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición (15%) para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, q

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha estimado que la rebaja fiscal para rentas medias y bajas en el IRPF en la que trabaja el Ejecutivo foral tendría un coste para las arcas forales de unos 135 millones de euros, al margen de otras medidas que se puedan acordar en la mesa fiscal de la que forman parte el Gobierno foral y PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El 1 de enero de 2023 estró en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva cotización incluida en las nóminas de los trabajadores.

La Dirección General de Tributos (DGT) despeja una de las dudas más comunes entre los profesionales que invierten en mejorar su visibilidad digital. En la respuesta a una consulta vinculante, ha aclarado que los autónomos pueden deducir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los gastos derivados del uso profesional de las redes sociales, siempre que puedan demostrar su relación con la actividad económica y cumplan con los requisitos de justificación y registro contable que exige Hacienda.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y establece en una resolución que los arrendadores de viviendas o locales en España, tanto residentes como no residentes, deben declarar los ingresos del alquiler en el IRPF o en el IRNR siempre que sean exigibles conforme al contrato, incluso cuando el inquilino no paga las rentas. Sin embargo, hay diferencias entre los arrendadores: los residentes pueden aplicar la deducción por saldos de dudoso cobro o solicitar la devolución del impuesto, mientras que los de terceros países no gozan de esa posibilidad y deben tributar por la renta íntegra, aunque nunca la perciban.

La Audiencia Nacional ha puesto el foco en el sector inmobiliario y en la forma en que las promotoras aplican la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades. El tribunal ha establecido que solo pueden acogerse a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios aquellas empresas que acrediten una finalidad económica real y demostrable en la transmisión de sus inmuebles. Si el propósito es la reventa, el bien deja de ser un activo productivo y pasa a considerarse una existencia, lo que implica la pérdida del beneficio fiscal.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha puesto negro sobre blanco a una cuestión que durante años ha generado dudas entre los profesionales por cuenta propia: ¿pueden deducirse parte del alquiler de su vivienda si trabajan desde casa? La respuesta es sí, pero con condiciones. Según una consulta vinculante, los autónomos que viven de alquiler pueden deducir en el IRPF el gasto correspondiente a la parte de la vivienda afectada a la actividad. Eso sí, la deducción solo será válida si el espacio es susceptible de un aprovechamiento independiente del resto del inmueble y el uso personal resulta meramente accesorio o irrelevante.

La obligación de las sociedades mercantiles de aprobar y depositar sus cuentas anuales y depositarlas en el Registro Mercantil está prevista en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Además, dicha norma prevé la imposición de sanciones de hasta 60.000 euros, (e incluso de hasta 300.000 euros, según el volumen de facturación), en el caso de falta de depósito de las cuentas anuales. Sin embargo, son muchas las sociedades que tienen por norma no depositar sus cuentas anuales porque el régimen sancionador no se ha venido aplicando. Pero esta tendencia está poco a poco cambiando.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha zanjado una de las dudas más frecuentes entre quienes venden su vivienda: ¿pueden las reformas servir para reducir la plusvalía municipal? En una consulta vinculante, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda deja claro que no. Los gastos de reforma o mejora no incrementan el valor de adquisición del terreno a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El mensaje es inequívoco: las reformas pueden incrementar el valor de la edificación, pero no alteran el valor del terreno, que es el único elemento gravado por este impuesto.

Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos ha aclarado una situación que afecta a muchos contribuyentes: quienes aplican una deducción por eficiencia energética en su IRPF y, años después, reciben una subvención por placas solares que cubre parte de esos mismos gastos. El pronunciamiento explica cómo debe ajustarse la declaración para evitar duplicar beneficios entre la ayuda pública y la deducción fiscal.

Cuando un contribuyente inicia una reclamación frente a Hacienda (por ejemplo, para pedir una devolución), o cuando es la Administración la que inicia la comprobación, dicho contribuyente siempre tiene la posibilidad de indicar en qué domicilio quiere recibir las posteriores notificaciones del procedimiento. Y en estos casos surge la pregunta de qué ocurre si Hacienda ignora dicho domicilio y envía la notificación en otro distinto. El Supremo lo considera defectuoso, con lo que el contribuyente puede recurrir en cualquier momento.

Comprar o vender una vivienda no solo implica firmar una escritura ante notario. También acarrea obligaciones fiscales que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Una de las más repetidas en consultas jurídicas y foros inmobiliarios es: ¿quién paga el IBI al vender una vivienda? La Dirección General de Tributos se ha pronunciado en una consulta vinculante para despejar una cuestión que afecta directamente al bolsillo de compradores y vendedores.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del conocido en la comunidad jurídica como 'doble tiro' y ha establecido que la administración tributaria no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones tras haberse anulado dos anteriores. La sentencia resuelve un recurso de casación promovido por tres hermanos gallegos en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, y anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Tribunal Supremo confirma que los autónomos podrán deducir agua, luz o gas cuando trabajen desde casa, siempre de forma proporcional al espacio destinado a la actividad profesional. La sentencia, dictada el 15 de julio de 2025, consolida un criterio que afecta a miles de profesionales que compaginan vida personal y trabajo bajo un mismo techo. En el caso analizado, la planta baja de la vivienda se dedicaba íntegramente al despacho, lo que equivalía a la mitad de la superficie del inmueble. Con ese criterio, el Supremo fijó el porcentaje de deducción en el 50% del IVA soportado en los suministros.

¿Quién paga si aparece un dinero sin justificar en un matrimonio bajo gananciales? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en una sentencia del 15 de julio, estableciendo que, salvo prueba en contrario, estas cantidades se presumen gananciales y deben repartirse a partes iguales entre los cónyuges en el IRPF. El fallo del alto tribunal tiene su origen en un episodio ocurrido en una aduana francesa. Durante un control, la policía descubrió más de 93.000 euros en efectivo en poder de un ciudadano español.