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Palo judicial a Valdecañas: el Constitucional tumba la reforma del suelo que respaldó este desarrollo de lujo

Autor: Redacción

La urbanización de lujo Marina Isla Valdecañas vuelve a acaparar la actualidad judicial. Y es que el Tribunal Constitucional ha tumbado la reforma del suelo que aprobó la Junta de Extremadura para intentar respaldar este complejo de lujo.

Ubicada en el embalse de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), esta isla artificial tiene una extensión de 130 hectáreas, donde se han levantado 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico y un campo de golf, entre otros. Un desarrollo que, según denuncian los ecologistas, se ha llevado a cabo en una zona de protección mediombiental.

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La construcción de esta urbanización de alto ‘standing’ se topó desde el principio (2006-2007) con la oposición de los ecologistas, que llevan años pidiendo en los tribunales el derribo completo de este desarrollo.

Con el fin de garantizar que Marina Isla de Valdecañas siguiera en pie, la Junta de Extremadura hizo un cambio en la ley del suelo. En concreto, introdujo un párrafo en la normativa que permitía construir en los terrenos que se enmarcan dentro de la Red Natura 2000, formados por áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Una decisión que llegó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara nulo el desarrollo en 2011 y sentenciara que los terrenos debían volver al estado previo a la construcción de la urbanización.

El Tribunal Supremo respaldó el fallo del organismo extremeño, pero actualmente no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro del complejo. A pesar de que el fallo va a recaer sobre el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), este organismo elevó una consulta al Tribunal Constitucional sobre ese cambio legislativo. Y el fallo lo ha declarado inconstitucional.

Según los ecologistas, la sentencia del Constitucional abre la puerta a que se pueda ejecutar la demolición del desarrollo. Además, sostienen que la regulación de este tipo de espacios naturales es de carácter estatal, por lo que no puede sufrir modificaciones como hizo la autonomía extremeña.

Sin embargo, desde la Junta de Propietarios insisten en que el fallo no despeja el panorama, ya que solo declara inconstitucional la introducción del párrafo nuevo en la ley del suelo, mientras que no se pronuncia sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio al que pertenece el desarrollo (El Gordo). De hecho, las localidades cercanas piden la supervivencia de la urbanización al ser un polo para el empleo y el crecimiento de la zona. 

Las casas que hay en riesgo

El complejo captó la atención de algunos de los nombres más famosos del panorama político y empresarial español. Y es que en la urbanización invirtieron personalidades como Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey emérito Don Juan Carlos; Jaime López-Ibor, sobrino del empresario Alberto Alcocer; José María Aznar Jr., hijo del expresidente del Gobierno, o el cantante Carlos Baute.

Los chalets en su día se comercializaron a un precio de más de medio millón de euros, aunque actualmente se venden en idealista más baratos. Por regla general, las viviendas tienen unos 270 m2 de media, con cinco dormitorios y cuatro baños, así como una parcela de 800 m2. Se trata de unas villas a estrenar sobre las que todavía sobrevuelva el peligro de demolición. 

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