La gente no quiere pisos ni un 50% por debajo de la tasación de antaño

No los quieren ? ya los querrán

Los borregos corren cuando la manada corre
Cuando la manada esta quieta ellos quietos

Así se han comportado y se comportaran los borregos

Según este articulo
Los bancos se quedan con los pisos

Y según lo visto.- los propietarios no quieren ni hablar de rebajas

Conclusión: volverán a subir mas pronto que tarde

PARA PRESIDIR LA UE

López Garrido dice que las cifras de paro dan "credibilidad" a Zapatero

Los representantes gubernamentales españoles siguen realizando declaraciones insólitas. Ahora le toca al secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que dice que España está legitimada para enseñar a Europa a luchar contra el paro porque tiene la tasa más alta.

2010, año del déficit de las pensiones

José barea

La fuerte crisis que estamos padeciendo ha dado lugar a un adelanto de la fecha de desequilibrio del sistema de pensiones, de forma tal que en el corriente año 2010, aparecerá el déficit.

Dentro de las prestaciones de la protección social, las pensiones ocupan el lugar preferente, absorbiendo en el entorno del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra economía; en 1900 sólo representaba el 0,6% del PIB. La perdida de renta que experimentan las personas en activo como consecuencia del riesgo de vejez es cubierta a través de las pensiones de jubilación. Puede decirse que tal riesgo queda asegurado a través de las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores y los empresarios.

El sistema de pensiones públicas contributivas tiene ante sí tres retos: el demográfico, el de equidad y el de la tentación de los políticos de utilizar el sistema como instrumento para captar votos.

El reto demográfico será a partir del 2010 un factor de desequilibrio importante del gasto en pensiones a consecuencia de las fuertes tasas de crecimiento de la población de 65 años y más (0,95% en la década 2011-2020; 1,64% en la década 2020-2030; y del 1,45% en la década 2031-2040), en total en el periodo 2011-2080 dicha población habrá aumentado en dos millones seiscientos mil personas con una fuerte incidencia en el gasto de pensiones.

Tan preocupante como las consecuencias del reto demográfico son las que se derivan de la fuerte incidencia que la falta de equidad (proporcionalidad) tiene sobre el gasto en pensiones al haberse utilizado el sistema como instrumento de redistribución de la renta y no como lo que realmente debe ser: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo vital de esa persona. La falta absoluta de proporcionalidad al introducirse el principio de solidaridad por razones políticas, ha llevado al sistema a tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año en el Régimen General al 91,9% con 35 años cotizando, del 73,6% a los 25 años y del 45,8% con 15 años, las tasas más altas de la Unión Europea. Las tasas de sustitución para que el sistema fuera sostenible serían del 62,8%, del 43,8% y del 24,8% respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes con los que en la práctica existen son abismales, lo que demuestra la falta de viabilidad del sistema aunque algunos han manifestado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social puede hacer frente a los desequilibrios del sistema. Craso error, el Fondo servirá para financiar el déficit sin tener que acudir al mercado de capitales, es una fuente de financiación, pero el déficit no desaparece.

La existencia de varios millones de pensionistas puede llevar a que en los políticos se dé la tentación de establecer un mecanismo de intercambio de votos por aumento de pensiones.

"NO TENDREMOS PELÍcULAS"

El 75% de los cines catalanes cierran contra la imposición lingüística

Éxito en la protesta que ha tenido lugar este lunes en Cataluña contra la nueva Ley del cine. Según el Gremio de Empresarios de Cine, un total de 576 pantallas de las 790 que hay en la comunidad autónoma han secundado la huelga. »

AL ESTILO DE Irlanda Y Letonia

Bruselas toma las riendas: Grecia deberá recortar el sueldo a los funcionarios

La Comisión Europea endurece el plan de austeridad ideado por el Gobierno de Atenas para regresar a un déficit público del 3% del PIB. En concreto, recomienda a Grecia reducir los salarios a los funcionarios e implantar nuevos impuestos a los artículos de lujo.

Las cosas se ponen cada vez más serias para el Gobierno de Atenas. La Comisión Europea (CE) pedirá a Grecia el próximo miércoles más medidas para reducir su déficit y su deuda y sortear así el riesgo de suspensión de pagos y someterá sus cuentas públicas a una vigilancia reforzada. Además, el Ejecutivo comunitario expedientará al Gobierno de Atenas por la mala calidad de las estadísticas presupuestarias que ha enviado a Bruselas los últimos años.

El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, considera que el último plan de austeridad elaborado por Grecia a mediados de enero para sanear sus cuentas públicas -y que prevé reducir el déficit desde el 12,7% en 2009 hasta el 2,8% en 2012- fija "objetivos ambiciosos", pero considera que existen "riesgos" que podrían frustrar el logro de estos objetivos, de ahí que inste a Atenas a adoptar medidas adicionales de consolidación presupuestaria, informa Europa Press.

La CE quiere que el Gobierno griego "reduzca el salario nominal" a los funcionarios, tanto de la Administración central como de los gobiernos locales, agencias, empresas e instituciones públicas, según el documento Medidas urgentes para ser adoptadas el 15 de mayo de 2010.

De este modo, bruselas establece un plazo de cuatro meses para imponer un plan mucho más rígido de recorte presupuestario. Además, recomienda el establecimiento de nuevos impuestos sobre artículos de lujo, así como acelerar y mejorar la recaudación fiscal que afecta a los trabajadores autónomos.

El mayor sindicato del sector público griego (ADEDY) ha anunciado la convocatoria de una huelga de 24 horas para el próximo 10 de febrero en protesta por las medidas de austeridad anunciadas.

Desde hace algunas semanas, la burocracia de Bruselas -tanto la CE como el Banco Central Europeo- estudian, entre otras medidas, que los países con graves desequilibrios presupuestarios aumenten el IVA en uno o dos puntos porcentuales, retrasen la edad de jubilación y congelen e, incluso, reduzcan, el salario a los funcionarios hasta que el déficit regrese al límite máximo del 3% del PIB que impone el Pacto de Estabilidad. Tras las informaciones que apuntan a un posible rescate de Grecia por parte de Bruselas, tanto Alemania como Francia se han apresurado a descartar un préstamo bilateral a Atenas, pero los analistas no descartan de momento dicha posibilidad.

España no es ajena a estos ajustes. De hecho, el peso del gasto y los sueldos públicos en el PIB debería debería caer a niveles de hace 10 años, según el Servicio de Estudios del BBVA. Por el momento, el Gobierno tan sólo ha propuesto un plan de austeridad.

Metiendo miedo con las pensiones

Leire Pajín ha declarado que el PSOE no va a permitir que los populares "utilicen el miedo y generen inseguridad a los mayores" con motivo del pensionazo presentado por el partido socialista. Pajín quiere que el Partido Socialista tenga el monopolio del miedo jubilatorio. Desde que tengo uso de razón escucho a los líderes socialistas decir que si gobierna la derecha, desaparecerán las pensiones. La cantinela era casi el himno de campaña del PSOE durante la era González. Los socialistas no dejaron de usar esa idea ni siquiera después de que los años de Gobierno popular dejaran bien claro que prácticamente no había diferencias entre los dos partidos en esta materia. Zapatero llegó a enviar cartas a los electores diciéndoles que si el PP ganaba las elecciones europeas bajaría las pensiones.

Ojalá los socialistas hubiesen tenido razón cuando decían que el PP acabaría con las pensiones públicas, porque eso es precisamente lo que necesitamos para generar algo de seguridad social. Lo que debería dar miedo a cualquier persona que analice el sistema de pensiones estatal es pensar que unos y otros sigan imponiéndonos a la fuerza y durante más tiempo un sistema de reparto bien parecido a una estafa piramidal. Da miedo el sistema público y da miedo saber que no hay partido ni político en este país que abogue abiertamente por dar libertad de elección a los ciudadanos sobre el modelo de pensiones que quiere para su jubilación. Manuel Pizarro defendió antes de entrar en política un modelo de capitalización bastante más libre que el que tenemos y se desdijo en el primer debate cara a cara con Solbes. Quizá ahora que abandona por aburrimiento el Partido Popular, recupere sus críticas al actual modelo público.

Otro gran miedo en el campo de las pensiones es el que mete la izquierda (sin respuesta alguna por parte de la derecha) cuando relaciona un sistema más libre con la dictadura de Augusto Pinochet. Claro que ellos defienden un timo tipo Madoff inventado por el totalitario de Bismarck. Como nadie les dice nada, ellos siguen erre que erre. Chile fue, bajo el mandato de Pinochet, sí, el primer país en sustituir el fraude de las pensiones de reparto por un sistema en el que el ciudadano es medianamente responsable de su jubilación. Después de dos décadas de gobiernos de centro-izquierda, los sucesivos gobiernos democráticos no han hecho sino reforzar el sistema de pensiones de capitalización. Detrás de Chile han venido más de una veintena de países. En la mayoría se ha dado a elegir a la población qué sistema preferían, algo que nunca se ha hecho con el sistema coactivo y social de reparto. En todos ellos las encuestas previas vaticinaban el mayoritario mantenimiento del sistema público de reparto y, sin embargo, allí donde se ha dado libertad de elección, la inmensa mayoría de los ciudadanos han huido como ratas del sistema público, tal y como lo hacen los funcionarios españoles eligiendo entre pública o privada.

El Gobierno roba a los pensionistas

El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.

No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.

El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.

Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de ----***cuatrocientos mil euros*** ----- (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.

El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.