El Gobierno estudia retirar la subida impositiva a la venta de inmuebles, una medida que afectaría a 31,7 millones de propietarios

La eliminación de los coeficientes de abatimiento y actualización monetaria contemplada en el proyecto de Ley de Reforma Fiscal está en el alambre. El Gobierno podría estar estudiando la retirada definitiva de una impopular medida que supondría un incremento impositivo de facto sobre la venta de viviendas de hasta el 55%. 

Fuentes cercanas al proceso han asegurado en exclusiva a idealista news que en los pasillos de la sede del Ministerio de Hacienda corre desde hace días el ‘run run’ de que la medida acabará por borrarse del texto definitivo de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se apruebe en el Congreso.

Aunque desde el Partido Popular se ha puesto en marcha una campaña para tratar de convencer al resto de grupos políticos de que la medida afecta “a muy pocas personas” ya que “muchas transmisiones se han realizado ya y con la caída de los precios se ha amortiguado el efecto”, la realidad es que la supresión de ambos coeficientes afectaría a 31,7 millones de propietarios españoles, según los cálculos que ha facilitado a este medio el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

La reforma fiscal se encuentra actualmente en fase de presentación de enmiendas en el Senado y, en las últimas jornadas, dentro del Grupo Popular han comenzado a surgir voces contrarias a la supresión de los coeficientes. No en vano, un aumento de impuestos a la venta de viviendas podría afectar a una buena parte del electorado del PP con las Elecciones Generales a un año vista.

De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha mostrado públicamente su preocupación sobre el impacto de la medida en el electorado. Margallo ha llegado a decir que “no sé si después de lo que está haciendo Montoro vamos a ser populares”. Para Esperanza Aguirre, presidenta del PP en Madrid, es “una medida absurda, disparatada y contraria a las clases medias”. 

Tal cual está planteada actualmente, la eliminación de los coeficientes de abatimiento y actualización castigaría doblemente a los propietarios que compraron sus inmuebles antes del final de 1994 que, con independencia de la naturaleza y del número de inmuebles que posean, perderían alguna de estas ventajas fiscales si los transmiten a partir del 1 de enero de 2015.  Por su parte, los que adquirieron propiedades con posterioridad a esa fecha también se verían afectados aunque únicamente por la supresión de los coeficientes de actualización monetaria.

Según Gestha, los coeficientes de abatimiento “premian fiscalmente a quienes no han participado de la especulación inmobiliaria” reduciendo la ganancia sujeta al pago de impuestos, mientras que los de actualización –que se establecen, de forma anual, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado– “sirven para corregir el efecto de la inflación” sobre el valor de los inmuebles.

El 80% de los propietarios urbanos, afectados

Si finalmente la medida sigue adelante, los 22,3 millones de propietarios (el 80,2% de los dueños de inmuebles urbanos) que poseen una vivienda habitual y, además otro inmueble Urbano comprado con anterioridad a 1994 –local, garaje, oficina o trastero–, verán notablemente mermado su patrimonio en el caso de verse obligados a vender alguna de sus propiedades antes de alcanzar los 65 años, según apuntan los técnicos de la Agencia Tributaria.  

“El mayor patrimonio de los españoles es su vivienda. La mayoría solo tiene una y en muchas ocasionas se ven obligados a venderla contra su voluntad por circunstancias de necesidad económica como la pérdida del empleo o enfermedad grave con gastos muy altos que se escapan a la cobertura de la Seguridad Social”, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que ve en esta medida “un castigo desproporcionado a los ciudadanos”. 

Mollinedo considera que con la eliminación de los coeficientes “el Gobierno hace pagar a justos por pecadores” y asegura que “supone reconocimiento implícito de la incapacidad de la Agencia Tributaria para detectar el fraude de las casas escrituradas por un valor menor del realmente pagado”. Un fraude que según Gestha es “relativamente sencillo de descubrir y corregir”, lo que denota que “Hacienda no dedica esfuerzos suficientes”. 

Límite: 30 de octubre

La Ley para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) permanecerá en el Senado hasta el próximo 30 de octubre, cuando se votará antes de retornar al Congreso para su rúbrica final. Aunque el Partido Popular tiene mayoría en ambas cámaras, no sería extraño un cambio significativo en el texto si la presión popular se intensifica en los próximos días. 

Es seguro que el resto de grupos políticos presentarán varias enmiendas a la reforma fiscal, entre ellas una referida a la supresión de los coeficientes de abatimiento y actualización monetaria, como ya hicieron en el Congreso. Sin embargo, la novedad podría radicar en que el PP podría refrendar esta enmienda o presentar ellos mismo una para eliminar la medida de la futura Ley, siempre y cuando aumenten las protestas ciudadanas. 

De lo contrario, el texto se mantendrá y a partir del próximo 1 de enero de 2015 más de 31,7 millones de propietarios pagarán más impuestos por la venta de sus inmuebles. Si nada cambia, es probable que de aquí a final de año veamos un rally de ventas como nunca antes habíamos vivido en el mercado inmobiliario español.