Cinco constructoras y dos familias han quebrado cada día desde el ladrillazo

El estallido de la burbuja inmobiliaria no solo tuvo consecuencias para la economía española. Solemos hablar de las grandes cifras, del impacto que ha tenido el desplome en el PIB, de la desaparición de las grúas en el horizonte… y pasa desapercibida la cantidad de empresas ligadas a la construcción y las familias que se han declarado en concurso de acreedores en pleno ladrillazo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el tercer trimestre de este año han iniciado un procedimiento concursal 119 personas físicas sin actividad empresarial y otras 188 constructoras y promotoras. Unas cifras que dejan sobre la mesa la cruda realidad.

Entre 2008 y septiembre de este año un total de 6.255 familias y 13.516 empresas vinculadas a la construcción se han acogido al concurso de acreedores, lo que se traduce en una media de 2,2 personas físicas al día y otras 4,77 compañías.

La cifra no es baladí, sobre todo si tenemos en cuenta que en esos siete ejercicios y nueve meses se han acogido a un procedimiento concursal un total de 46.482 empresas (sumando todos los sectores económicos) y, de ellas, un 29% han sido constructoras y promotoras.

Recordemos que un concurso de acreedores es una situación judicial que se produce cuando una persona (física o jurídica) cae en una situación de insolvencia que le impide cumplir con sus obligaciones de pago de forma regular. En este caso, el individuo o la empresa puede solicitar el concurso ante los juzgados de lo mercantil de forma voluntaria, aunque también puede ser solicitado por un acreedor (es decir, a quien le debe dinero).

¿Son entonces todas estas quiebras una coincidencia o una consecuencia del ladrillazo? Como es lógico, la burbuja inmobiliaria ha tenido un efecto dominó sobre el sector (se acabaron las obras nuevas, se desplomaron las ventas de casas…) y, aunque no parezca tan evidente, también sobre la estabilidad financiera de los hogares españoles.

Según calcula la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el 80% de la deuda viva de los hogares está vinculada a la vivienda, mientras que existen al menos 400.000 familias que viven atrapadas en casas que valen menos que sus hipotecas. Todo un coctel que ha impulsado el procedimiento concursal, aunque no siempre ha sido por necesidad.

Las cifras del INE aclaran que la inmensa mayoría de los concursos de acreedores presentados (ya sea por un individuo o una empresa) ha sido a petición voluntaria. Entre julio y septiembre, sin ir más lejos, de los 1.143 deudores totales contabilizados, 1.069 se han acogido a un concurso ‘motu propio’. Lo mismo sucedió entre 2012 y 2014, cuando los concursos necesarios apenas representaron un 5% del total.

¿Y para qué va a querer una persona o una empresa acogerse a este procedimiento? Como explica el portal kelisto.es, “cuando el juez aprueba el concurso de acreedores se detienen de forma inmediata los embargos que estuviesen en marcha, los pagos pendientes y la generación de nuevos intereses. Todo ello con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes que establezca las condiciones en las que se abonarán las deudas por parte del deudor. Normalmente este convenio incluye una ampliación del plazo de la deuda (hasta 5 años) y la reducción del importe de la misma hasta en un 50%”.

Ahora bien, según recuerda el mundo de la abogacía, acogerse a un concurso no siempre obtiene los frutos esperados, ya que no evita matemáticamente el embargo de una vivienda. Éste solo se detiene “si los ingresos de la familia se generan en el domicilio (por ejemplo, un médico que pasa consulta en su vivienda), por lo que si una familia solicita el concurso de acreedores con una orden de desahucio sobre su casa, esta seguirá su marcha de manera irremediable”, aclara el portal.

En cambio, sí es una medida que puede servir de gran ayuda a aquellos hogares que, aun estando muy endeudados, cuentan con ingresos suficientes como para hacer frente al pago de la hipoteca.

Baja la deuda, la mora y las solicitudes concursales

A pesar de que la crisis ha incentivado los procedimientos concursales, lo cierto es que la recuperación económica y el fuerte desendeudamiento que han llevado a cabo en los últimos años las familias y el tejido empresarial (según Analistas Financieros Internacionales, han reducido su deuda en unos 440.000 millones durante la crisis) están logrando mermar las solicitudes de los concursos.

En lo que llevamos de año, al menos, se han registrado algo menos de 1.200 casos, lo que deja entrever que 2015 podría acabar con unos 1.600, en línea con las cifras de 2008 (en aquel ejercicio se contabilizaron 1.468 concursos) y lejos de las de 2009 (2.755) o los máximos de 2012 (3.463).

Otro dato esperanzador que revela el INE es que en el tercer trimestre del año, las empresas vinculadas a la construcción que se han declarado en concurso en cualquiera de sus modalidades ni siquiera representan un 1% del stock de compañías vinculadas a esta actividad: solo cinco de cada 1.000 de las promotoras y constructoras actuales ha iniciado entre julio y septiembre un procedimiento concursal.

Desde el Banco de España también insisten en que las familias siguen reduciendo a marchas forzadas sus deudas ligadas a la vivienda: solo en los últimos doce meses, su apalancamiento ha bajado en más de 24.200 millones de euros, algo así como en 2.000 millones mensuales.

Y todo apunta a que, poco a poco, las cifras se seguirán reduciendo todavía más. Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), la morosidad del pago de la hipoteca se sitúa en el 5,2% (casi un punto por debajo  que hace un año), mientras que la mora de promotores y constructores ronda el 30,4% (ha bajado 2,5 puntos en solo tres meses).

Por tanto, los últimos datos parecen confirmar que la intensa reducción de la deuda y el impulso económico ya están logrando estabilizar las finanzas del sector privado.