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La paralización total de los planes urbanísticos por parte de los jueces pasará a la historia

Autor: Redacción

Los lamentos del sector promotor sobre la judicialización de los planes urbanísticos han calado en el Gobierno. El Ministerio de Fomento ultima un Anteproyecto de Ley para evitar que los tribunales anulen en su totalidad los planes generales de ordenación urbanística y del suelo de comunidades autónomas y municipios, lo que hasta ahora conllevaba la parálisis total del proyecto y obligaba a empezar uno nuevo. La nueva ley pretende anular únicamente la parte que los tribunales ven incorrecta, pero se continúe con el plan urbanístico mientras se subsana el error, sin que afecte al conjunto.

Así, el objetivo de la normativa es que los tribunales no puedan frenar los desarrollos en su totalidad y 'salvar' a los planeamientos de desarrollos, las licencias de obras o los instrumentos de gestión de los proyectos de la anulación en caso de que el plan sea frenado en los tribunales.

"Esta medida evita el fenómeno de la nulidad en cascada y se acompaña con otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas", sostiene Fomento.

La nueva normativa, que se encuentra en una fase muy avanzada y pronto será puesta en común con el resto de grupos parlamentarios, pretende distinguir entre los supuestos de nulidad y los de anulabilidad, en los que sería posible la convalidación y la retroacción de actuaciones para la subsanación del defecto determinante de la anulación. Así, se evitaría la nulidad absoluta y la imposibilidad de subsanación de los planes territoriales y urbanísticos.

De la Serna sostiene que en los últimos años los tribunales han anulado decenas de planes territoriales y urbanísticos, lo que ha afectado a ciudades de prácticamente todo el territorio. 

"Frente a la inseguridad jurídica que provoca la anulación de los planes y la imposibilidad de subsanar meros defectos formales e incluso salvar los actos de aplicación generados por los planes que se anulan, algunas autonomías han aprobado medidas parciales y provisionales con el objetivo de aportar seguridad jurídica, pero que no suponen soluciones globales ni satisfactorias para lograr resolver un problema que afecta a todo el país", recalca el Ministerio, que añade que "mediante el uso de sus competencias, el Estado puede dar una respuesta completa y no provisional a este problema, para lo que es necesario una reforma normativa como la que se plantea".

Además del sector promotor, el Gobierno sostiene que la nueva ley viene demandada por comunidades autónomas y magistrados, y que se ha elaborado con dictamen favorable de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia.