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La reforma del alquiler, en la cuerda floja ante la votación en el Congreso

Autor: Redacción

El martes 22 de enero está previsto un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para convalidar hasta ocho decretos ley aprobados en Consejo de Ministros. Entre ellos, se encuentra el de la reforma de la Ley del alquiler, que aún no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación, y que ha generado debate y polémica en el sector de la vivienda.

Al PSOE de Pedro Sánchez le toca negociar algunas de las siete normas que se debaten en el Pleno de la Cámara Baja de mañana, entre las que destaca la reforma del alquiler de viviendas. El partido en el Gobierno no tiene la mayoría del Congreso y necesita del voto de otros partidos para sacar adelante los nuevos contratos de cinco años, y parece que no cuenta con el apoyo de su principal socio, Unidos Podemos, por no incluir la limitación de los precios del alquiler.

Las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que afirmó que el Gobierno cumplirá con el pacto alcanzado con Podemos no han sido suficientes para la formación de Pablo Iglesias, que ya ha dejado entrever que no va a apoyar esta ley por no regular el precio de los alquileres en las grandes ciudades.

Este punto no se incluyó en el pasado Real Decreto Ley del alquiler, pero la ministra Montero aseguró que se llevará a cabo mediante un proyecto de ley o a través de los Presupuestos a lo largo de 2019.

Fuentes de la agrupación morada ven esta intervención en el mercado de arrendamientos de viviendas una línea roja inquebrantable que se incluía en su acuerdo de los Presupuesto Generales del pasado octubre.

De hecho, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, afirmó en una entrevista a eldiario.es que "tienen que bajar el precio de los alquileres y la factura de la luz. Si no, los Presupuestos no van a salir", en una clara alusión a la reforma del alquiler marcada por el Ejecutivo Central.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado en rueda de prensa que "lo único que separa al PSOE y Podemos son critérios técnicos, no políticos. Estamos de acuerdo en que hay una burbuja del alquiler en las grandes capitales".

En busca de alternativas

El voto en contra de Unidos Podemos, obliga al PSOE a negociar entre bambalinas con PP y Ciudadanos para que al menos voten su abstención y que la normativa salga adelante con la mayoría simple que necesita.

Entre estas negociaciones de última hora, surge cada vez con más fuerza la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitiría a los partidos introducir las modificaciones que consideren oportunas en la regulación definitiva. De hecho, el Gobierno ya dejó abierta esta posibilidad mediante enmiendas durante la presentación de la normativa.

Ninguno de estos partidos ha querido adelantar su intención de voto para este Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. De primeras, las posiciones están totalmente enfrentadas. Sobre todo con el PP.

El partido en el Gobierno hasta el pasado junio, se ha mostrado en contra de las medidas socialistas en materia de vivienda y alquiler. La portavoz popular de Vivienda en el Congreso, Ana Zurita, defendió que el texto alternativo del PP combate la escasez de oferta en el mercado del alquiler y la falta de seguridad política.

Además de modificaciones fiscales a inquilinos y propietarios y otras reformas de impuestos, el PP plantea tres tipos de contratos en función del tipo de arrendador: un año (entre personas físicas); tres años (personas físicas que se dediquen al alquiler profesionalmente) y cinco años (personas jurídicas), en función del tipo de persona que participe en el contrato.

Desde Ciudadanos afirman que "medidas como elevar por ley la duración de los alquileres o rebajar las fianzas están condenadas a reducir la oferta al poner más trabas a los propietarios; o sea, justo lo contrario de lo que necesita el mercado, que es más oferta y más seguridad jurídica para los propietarios. Y con menos oferta, como es obvio, los precios no bajarán".

"Respecto a la delimitación del régimen del alquiler turístico, tenemos un nuevo caso de dejación de funciones del bipartidismo, en este caso el anterior gobierno de Rajoy: al ponerlo en manos de cada una de las 17 Comunidades Autónomas, lo que produjo es caos, desigualdad y mucha inseguridad jurídica. Sánchez debería dejarse de experimentos y afrontar una regulación a nivel estatal", afirman fuentes del partido.

Fuentes del partido naranja también se quejan de la regulación de las viviendas vacías en manos de cada CCAA o, en su defecto, cada Ayuntamiento. "Más desigualdad y más caos con afán recaudatorio. En definitiva, ninguna medida para reforzar la seguridad jurídica del alquiler, que es la variable fundamental para que los particulares pongan sus viviendas en alquiler, ni tampoco para evitar la okupación de inmuebles", concretan, confirmando el voto en contra del partido.

¿Qué pasará si no la votación no sale adelante? En caso de que no se convalide, la normativa no entrará en vigor y será como si no hubiera existido, pero cualquier contrato que se haya firmado durante la vigencia del real decreto quedará inalterado, aunque después el Congreso tumbe estas medidas.

Desde la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA) aseguran que de ser convalidado el Real Decreto, puede afectar de manera negativa a millones de ciudadanos en el ejercicio de un derecho como el del acceso a la vivienda. 

En opinión de esta asociación, "la forma de abordarlo, a través de un Real Decreto, no es la más adecuada pues no ha permitido un debate de fondo en sede parlamentaria ni sectorial, algo esencial para una actividad que afecta a más de 10 millones de ciudadanos que viven de alquiler y más de 4 millones de familias ahorradoras que tienen en el alquiler un complemento de sus rentas y pensiones".

ASIPA añade que "no es la fórmula adecuada para introducir cambios en este sector trascendental, no responde a un análisis riguroso y a un consenso parlamentario y sectorial, y creemos que pone en riesgo el equilibrio habitacional y de ahorro de millones de familias, al tratar de resolver los problemas de vivienda social y asequible introduciendo limitaciones a la vivienda libre".

Según los datos que maneja la asociación, el 95-96% de la vivienda en alquiler en España está en manos de pequeños ahorradores privados (es vivienda libre), un 1,5-2,5% en manos públicas (es vivienda social) y un 2,5% en manos de inversores institucionales (50% aprox. es vivienda libre y 50% vivienda protegida asequible).