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Una iniciativa popular busca expropiar los pisos en alquiler a las grandes inmobiliarias de Berlín

Vista de Berlín / Gtres
Vista de Berlín / Gtres
Autor: Antonio Martínez (colaborador de idealista news)

Expropiar los pisos en alquiler de las grandes inmobiliarias y dejarlos en manos del Estado. Ésta es la propuesta para la que una iniciativa popular está recogiendo firmas en Berlín. El proyecto está levantando una intensa polvareda política, mediática y social que ha vuelto a poner de relieve los crecientes problemas que tienen cada vez más vecinos de la capital para poder pagar el alquiler. Y la incapacidad de la política para someter un mercado de precios al alza.

La iniciativa popular trata de sumar para abril 190.000 firmas y forzar la convocatoria de un referendo (no vinculante) en la ciudad-estado de Berlín para expropiar las cuatro empresas que tienen cada una más de 3.000 pisos de alquiler en la ciudad. Son Deutsche Wohnen, Vonovia, Ado y Akelius, gigantes que controlan unas 200.000 viviendas en la capital, alrededor del 10% del total del parque inmobiliario. Sólo Deutsche Wohnen, la mayor, opera unas 115.000 casas.

La iniciativa popular esgrime que el derecho a la vivienda está garantizado por la Constitución del Land de Berlín y que estas grandes empresas son uno de los mayores acicates de los precios por su desmedido ánimo de lucro. Según un informe recientemente publicado por la consultora especializada Empirica, el precio del alquiler de las viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados casi se ha doblado en los últimos diez años en la mayor ciudad del país. Ha pasado de los 5,27 euros el metro cuadrado a los 9,87 euros el metro cuadrado, gastos aparte.

Además, los promotores de la iniciativa señalan al artículo 15 de la Constitución alemana, que asegura que es posible expropiar y poner "bajo un régimen de propiedad colectiva" el "suelo, los recursos naturales y los medios de producción" con "fines de socialización". Es su botón nuclear. La tracción de la apuesta es una incógnita. Nunca se ha recurrido a este punto de la carta magna desde que se aprobó en 1949.

Las opiniones en Berlín no pueden estar más enfrentadas. De un lado están los defensores de esta propuesta, que reclaman un papel crucial del Gobierno de la ciudad-estado en el mercado inmobiliario. Quieren que la política controle los precios, que garantice el acceso a la vivienda y que, mediante estas expropiaciones, gestione un importante parque de pisos (el Ejecutivo de la capital tuvo hasta 50.000 viviendas tras la caída del Muro de Berlín, pero se deshizo de todos para reducir parte de su enorme deuda).

De otro lado están las empresas del sector inmobiliario y los inversores. A su juicio la solución pasa por aumentar la oferta. Construir mucho más para que la creciente población de Berlín pueda acceder a una vivienda de alquiler a precios razonables. Y ahí levantan su dedo acusador contra las administraciones públicas, a las que afean la lentitud con la que habilitan nuevos terrenos edificables y conceden permisos. Jürgen Michale Schick, presidente de la Asociación Alemana de Empresas Inmobiliarias (IVD), tachó de "inconstitucional" y "totalmente inaceptable" la posible expropiación en declaraciones al Handelsblatt.

El Gobierno de Berlín también se encuentra profundamente fracturado. Los tres partidos que conforman la coalición de izquierdas en el Ejecutivo ven de manera distinta la situación. La Izquierda apoya la iniciativa popular para expropiar a las grandes inmobiliarias, Los Verdes quieren una "estricta regulación" del mercado inmobiliario y los socialdemócratas del SPD apuestan por alguna medida temporal, pero rechazan cualquier tipo de colectivización. "Ésta no es mi forma de hacer política", aseguró recientemente en una entrevista al Frankfurter Allgemeine Zeitung el alcalde-gobernador de Berlín, el socialdemócrata Michael Müller.

La calle también está fuertemente dividida. Una encuesta de la casa demoscópica Forsa para el Berliner Zeitung señalaba que el 44% de los berlineses estaba a favor de la expropiación, por un 39% que no consideraba razonable esta opción.

La posibilidad de la expropiación es, no obstante, lejana. Porque, aunque el referendo llegara a realizarse y la expropiación se impusiese (algo posible), su resultado no es vinculante. Y es muy posible que, pese a la presión del "sí" de la ciudadanía y de sus socios minoritarios, el SPD optase por no llevarlo a la práctica. Primero porque eso sería mandar una señal al sector privado que el partido no quiere en absoluto lanzar. Segundo, porque el coste de hacerse con las alrededor de 200.000 viviendas de estas grandes inmobiliarias supondría unos 25.000 millones de euros en concepto de indemnización, según cálculos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Berlín y Brandeburgo (BBU). La cifra es difícilmente asumible para un Land sentado sobre una deuda de unos 60.000 millones de euros.

La demanda ciudadana podría llevar sin embargo al Ejecutivo berlinés a tomar otro tipo de medidas para atajar el repunte de los precios del alquiler. Aumentar el parque de vivienda social es una de ellas, incrementando de forma exponencial las adquisiciones. Otra sería endurecer el "freno de los alquileres", una herramienta aprobada por el Gobierno alemán para ralentizar la galopada en las grandes ciudades, pero que no está dando los resultados previstos. Además, Berlín quiere aumentar el número de nueva vivienda. Se podrían redoblar los actuales esfuerzos, que prevén la construcción de 30.000 inmuebles en la actual legislatura, aunque algunas estimaciones apuntan que sólo lograrán 20.000. La cifra, aunque abultada, es insuficiente. Desde 2011 la ciudad ha crecido al año en entre 40.000 y 60.000 personas.