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Blackstone: limitar el precio del alquiler traerá subidas de rentas y reducirá la oferta de pisos

Gtres
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Autor: Redacción

El mercado del alquiler en España sirve como vehículo de ahorro a más de 4 millones de familias y es la alternativa de 10 millones de inquilinos. Ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe por decreto ley la regulación del límite al alquiler, Claudio Boada, senior advisor de Blackstone España, asegura que esta medida conducirá a que la oferta se retraiga aún más, a que haya tensiones al alza en las rentas y a que aumente la inseguridad jurídica.

“El nuevo intento regulatorio busca traspasar al mercado de vivienda libre un problema que debería solucionarse a través de un mayor parque de vivienda pública o asequible. España ha carecido en los últimos 15 años de un verdadero programa de políticas de vivienda para paliar las situaciones de los colectivos más desfavorecidos, un aspecto en el que España está claramente por detrás de sus homólogos europeos”, señala Boada.

El Gobierno ha manifestado públicamente que tiene la intención de aprobar un nuevo Real Decreto-Ley para regular el alquiler residencial antes de la disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo. La nueva norma buscaría establecer contratos con plazos más largos a los actuales y límites a los precios del alquiler, situando a España como uno de los mercados con una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

Además, esta medida ha causado perplejidad entre los expertos del sector. Hace menos de un mes que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó un Real-Decreto Ley para regular el alquiler residencial aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros. “El nuevo intento, a pocas semanas de unas nuevas elecciones generales, supone legislar de forma precipitada un sector muy sensible para millones de ahorradores y sin el análisis necesario para mejorar el funcionamiento del mismo. En menos de tres meses, el mercado habrá estado sometido a tres legislaciones diferentes, lo que genera inseguridad jurídica en todos los operadores de mercado, la mayor parte pequeños ahorradores”, añade Boada.

En opinión del experto, esta forma de actuar por parte del Gobierno supone una probable paralización en el mercado del alquiler y aumentar la inseguridad jurídica en uno de los mercados más importantes de la economía.

Según cálculos de Blackstone, el pequeño arrendador, que supone el 96% del mercado, paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el RDL. Esta paralización ante la incertidumbre jurídica generada por segunda vez en 3 meses supondrá que las pocas transacciones que se crucen lo hagan a un precio superior al previo a la entrada en vigor, como ya se pudo comprobar en el periodo en el que el Real Decreto no convalidado estuvo operativo.