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La solicitud de licencias para obra nueva cae un 72% en Barcelona hasta julio tras la obligación de crear VPO

Fuente: Unsplash
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Autor: Redacción

El cambio de las reglas del juego para la promoción inmobiliaria en Barcelona pasa factura. Según el Ayuntamiento de Barcelona, solo se han recibido 64 solicitudes de licencias de obras para bloques residenciales con más de 600 m2, los que están obligados a reservar el 30% de vivienda social. Esta cifra es un 72% inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se solicitaron 234 licencias.

El escaso número de solicitudes confirma los presagios de promotores y abogados urbanísticos, que preveían un parón de la actividad por una medida que consideran que genera inseguridad jurídica y que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Consistorio desconoce todavía cuántas de las peticiones que ha recibido en los últimos seis meses finalmente tendrán que asumir el deber de guardar un 30% de pisos para vivienda social. Afirma que “hay 19 que podrían estar afectadas” por esa medida.

Cuando se conoció esta medida, la Asociación de Promotores de Cataluña emitió una circular entre sus socios en la que les recomendaba avanzar la presentación de solicitudes para no verse afectados por el cambio de reglas.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, asegura a El País que si se hubiera suspendido la admisión de solicitud de licencias cuando se ultimaba la aprobación de la norma, como pretendió sin éxito el Gobierno municipal, el número de permisos registrados en lo que va de año “sería mucho mayor”.

En todo caso considera que esa evolución se normalizará en paralelo a la consolidación temporal de la medida, ya que cree que hay una bolsa de peticiones congeladas. “Había quien creía que el cambio de norma quedaría sin efectos tras las elecciones”, dice, por un posible cambio en el Ejecutivo municipal tras las elecciones que no se ha producido.

Sanz defiende la importancia de que la medida aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona se traslade al resto de municipios del área metropolitana, de forma que se genere un bloque territorial sólido en el que sea obligatorio invertir en vivienda social. Algunos municipios de la región metropolitana aprobaron mociones instando movimientos en la misma dirección que Barcelona antes de las últimas elecciones municipales.