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Cataluña multiplica por dos el número de solicitantes de vivienda pública

El Ejecutivo catalán, desbordado

Autor: Redacción

En tan sólo nueve años, el número de personas que opositan a adquirir una VPO ha aumentado más del doble. En concreto, en 2011, el Ejecutivo catalán registraba 61.721 solicitudes, mientras que el pasado 2019 la Generalitat ha cerrado el ejercicio con 134.655  ciudadanos en busca de una vivienda pública. Esta cifra supone un aumento de más del 100%, según publica El Mundo.

En una visión más macro de la situación cabe destacar que el problema afecta en estos momentos a 298.500 personas. O lo que es lo mismo, a cerca de un 4% del censo de toda Cataluña, cuando a comienzos de la pasada década este porcentaje sólo representaba el 1,63% del total (122.562 personas).

Con respecto al perfil del solicitante, el 90% de los que esperan esta vivienda pública son familias de cuatro o más integrantes de Barcelona y sus inmediaciones con ingresos que no superan dos salarios mínimos (900 euros). Casi la mitad de las peticiones se clasifican en la banda más baja del baremo con que la Generalitat mide la renta para conceder ayudas, lo que supone percibir menos de 11.095 euros anuales en hogares con cuatro o más miembros de Barcelona y su contorno. El 43% de las demandas las encarnan aspirantes que viven solos, el 24% las firman parejas y en el 15% conviven tres personas.

Para acabar con este problema, la Generalitat ha tomado una serie de medidas, que todavía no han tenido el efecto que buscaban. En este sentido, el Ejecutivo catalán ya ha publicado un decreto que, entre otras premisas impone a bancos, fondos y particulares de más de 15 propiedades ofrecer alquileres sociales por cinco o siete años -a bajo coste- a quienes padezcan pobreza al agotárselas el título para habitar un domicilio o hayan okupado por necesidad, así como renovarles una única vez si no han remontado.

Ante la escalada de la demanda y el escaso dinamismo en la construcción de protección oficial que permanece en los niveles más bajos desde 1992, la norma -que el Parlament ratificará en las próximas semanas- trata también de ampliar el parque de vivienda protegida de alquiler, basándose en que los hogares a disposición de las administraciones fluctúan alrededor del 2% sobre el total, lejos del 15% al que Cataluña se marca para 2027 en una ley de hace 13 años.