El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han coincidido recientemente en evidenciar uno de los grandes desequilibrios de las economías europeas, entre ellas la española, en materia de acceso a la vivienda. A la escasez de un parque público de alquiler social y asequible se une la vulnerabilidad de los inquilinos de rentas más bajas, en cuanto al esfuerzo que deben dedicar de sus salarios para pagar la renta.
Los precios del alquiler en ciudades y determinados núcleos urbanos no han parado de subir desde 2013. De hecho, el FMI destaca que entre 2013 y 2018, los precios de alquiler aumentaron entre un 20% y un 55% en términos reales en Dublín, Madrid, Copenhague, Estocolmo y la ciudad de Luxemburgo. En Lisboa, los alquileres se duplicaron durante ese período.
Según el FMI, una familia joven dedicaba casi un tercio de sus ingresos al alquilar. Los hogares de bajos ingresos, que son aquellos con un 20% menos de ingresos que la media, la tasa de esfuerzo necesario para pagar el alquiler alcanzaba el 40%. Este dato ya se considera que está haciendo un sobreesfuerzo para pagar el arrendamiento.
El organismo ha determinado que, en casi tres cuartas partes de los países analizados de Europa, casi la mitad de los inquilinos de ingresos más bajos, o más de la mitad, tenían una alta tasa de esfuerzo y concluye que “más del 50% de los inquilinos de bajos ingresos que viven en ciudades dedicaba un sobreesfuerzo de su salario en la mayoría de los países”.
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