Reino Unido inspeccionará en 48 horas pisos sociales en alquiler que necesiten reparaciones

Reino Unido se pone duro con la calidad de sus viviendas sociales. El nuevo proyecto de ley reguladora de la vivienda social en el país permitirá a la administración inspeccionar con un preaviso de 48 horas (antes eras 28 días), las viviendas sociales alquiladas para comprobar su estado y acometer reparaciones urgentes que luego facturarán al propietario. Este endurecimiento de las medidas de control sobre las entidades que gestionan parques de vivienda en alquiler se produce porque el gobierno británico no quiere permitir que los inquilinos vivan en “malas condiciones”.

En un importante restablecimiento de poder entre inquilinos y propietarios, los residentes podrán exigir información y calificar a su propietario como parte de las nuevas medidas de satisfacción. El proyecto de ley será clave en la misión del gobierno de subir el nivel de calidad de sus pisos sociales en todo el país y cumplir con las prioridades de la gente.

Los inquilinos tendrán línea directa con el gobierno, con un nuevo panel de 250 inquilinos que se reunirán cada 4 meses para compartir sus experiencias con el gobierno, ayudando así a impulsar un cambio en el sector.

“Es vergonzoso que en 2022 alguien viva en una casa con humedades, frías o inseguras, esperando meses por reparaciones y siendo ignorado rutinariamente por su arrendador. Estas nuevas leyes pondrán fin a esta injusticia y garantizarán que el regulador tenga nuevos poderes sólidos para enfrentarse a los propietarios sociales deshonestos”, dijo el secretario de Leveling Up, Michael Gove.

A principios de este mes, Gove criticó al mayor arrendador social de Reino Unido, Clario, después de que el Defensor del Pueblo de Vivienda encontrara casos graves de mala administración.

El proyecto de ley también significará que los propietarios deberán tener una persona designada que será responsable de los requisitos de salud y seguridad. Y los inquilinos de las asociaciones de vivienda podrán solicitar información a su arrendador, de manera similar a como funciona la Ley de Libertad de Información para las viviendas municipales con el objetivo de reducir a la mitad la cantidad de viviendas alquiladas de mala calidad para 2030.