Después de cuatro años sin que la propuesta diera ningún fruto, la obligación de ceder el 30% de nuevas promociones a vivienda de protección oficial impulsada por Ada Colau encuentra a su primera ‘víctima’. Aelca y el Ayuntamiento de Barcelona han cerrado la compraventa de 8 unidades de la promoción que la compañía está levantando en el distrito de San Andreu para destinarlas a VPO. Esta obligación ha sido muy criticada por el negocio inmobiliario, manifestando hoy en día de manera unánime que está totalmente en contra.
Aelca recibirá de media por cada piso unos 250.000 euros, ya que el desembolso por parte del ayuntamiento han sido 2 millones de euros. En esta promoción, las unidades más económicas tenían un precio en el mercado que superaba los 300.000 euros, mientras que los pisos más caros sobrepasaban los 600.000 euros.
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó esta compra de viviendas sobre plano, que es la primera, y que sucede tras la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a VPO.
Esta primera adquisición, que se hace efectiva a través del derecho de compra preferente de la administración para adquirir VPO a la venta en la ciudad, consistirá en la compra de ocho pisos de entre 71 m2 y 89 m2, ocho plazas de aparcamiento y un trastero. Los pisos se prevé que estén disponibles en 2024, cuando pasarán a formar parte del parque de alquiler público.
El edificio donde se ubican estas viviendas es propiedad de Aelca y tiene un total de 27 unidades. Está situado en el número 29-35 de la calle Puerto Príncipe, en el Distrito de Sant Andreu , en el barrio del Congrés y los Indians y está en proceso de gran rehabilitación.
“Estos pisos se ubican en un barrio en el que no hay ni vivienda pública, ni solares disponibles, lo que pone de manifiesto la importancia de esta norma, ya que permite diseminar vivienda pública y protegida en zonas especialmente necesitadas”, dicen desde el consistorio.
A estas alturas, los promotores privados están construyendo pisos en los distritos del Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, de los cuales el Ayuntamiento de Barcelona reclamará su 30% correspondiente para VPO.
No obstante, la mala gestión del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de aplicar esta norma ha llevado al consistorio a, dos años después, tener que iniciar inspecciones para detectar posibles incumplimientos en la obligación de incorporar VPO. La inspección ha permitido detectar 17 promociones que incumplen la normativa por no reservar el 30% de vivienda y que se sancionarán de acuerdo con la Ley Catalana por el derecho a la Vivienda.
Esta compra se enmarca en la voluntad municipal de ampliar el parque público a través de todos los mecanismos posibles. En total, desde 2015 el Ayuntamiento ha comprado 1.361 pisos diseminados por toda la ciudad con una inversión de 152,56 millones de euros, de los que 206 son protegidos.
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1 Comentarios:
Bonita chupada de culo de idealista a las promotoras. Se nota quienes son sus clientes.
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