Balance en la política de vivienda de la Generalitat Valenciana: más aprobados que suspensos

Las promesas electorales del PSOE-PSPV para las elecciones de 2019 en materia de vivienda fueron pocas y teóricas. De este modo, el cumplimiento del programa firmado por Ximo Puig quedaba condicionado a una acción legislativa cuyo impacto real sobre los objetivos perseguidos se comprobará en los próximos años. Una aproximación a la gestión de vivienda que alcanza el aprobado en cuatro de las cinco medidas analizadas por Idealista/News.

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La inclusión de las políticas de vivienda del PSOE valenciano en el apartado de derechos del ciudadano se concretó en tres únicas medidas: facilidades de acceso a la vivienda para jóvenes de hasta 35 años, creación de la Unidad de Emergencia de Vivienda, y la promoción de la transparencia e información de los precios de alquiler.

Además de este inusual peso numérico de las promesas sobre políticas de vivienda, Ximo Puig ha tenido que consensuar las medidas con los demás miembros del Gobierno del Botánico, Compromís y Unidas Podemos. Un acuerdo que por segunda vez dio viabilidad al mandato del socialista como presidente de la Generalitat Valenciana, y que ahora intenta revalidar el 28-M.

Otras dos de las medidas analizadas han sido: dentro del capítulo dedicado a ‘Sociedad sostenible’, un compromiso con las políticas de regeneración urbana y rehabilitación de edificios. Y ya dentro del apartado de violencia de género, una especial atención a las soluciones habitacionales a los niños y niñas víctimas de la violencia machista.

Analizamos la acción del Gobierno valenciano en materia de vivienda basándonos en los datos de la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, dirigida por Héctor Illueca desde 2021. El también vicepresidente segundo del Gobierno del Botánico es el actual candidato a la presidencia de Podemos e Izquierda Unida.

En una acción de gobierno que se precipita ante el anuncio de una nueva cita electoral, la Generalitat Valenciana ha acumulado iniciativas y aprobaciones en las últimas semanas de legislatura. Entre ellos, la adjudicación de un concurso de solares públicos para construir 1.090 viviendas en alquiler social el pasado nueve de mayo.   

Vivienda para jóvenes

Promesa: “Impulsaremos programas específicos de viviendas para jóvenes. 2.000 viviendas para jóvenes de hasta 35 años en régimen de alquiler asequible, 1.000 viviendas compartidas en régimen de alquiler para jóvenes universitarios.”.

En el ocaso de la legislatura, la Generalitat Valenciana aprueba dedicar el 40% de las nuevas viviendas de protección pública (antes VPO) a alquiler para menores de 35 años. La medida se enmarca en un novedoso decreto sobre vivienda protegida pública, con la que se espera reactivar la promoción de este tipo de inmuebles en la comunidad. 

El primer proyecto de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (Evha) ya está en marcha. Se trata de culminar una obra inacabada hace décadas impulsada desde la iniciativa Habita la Torre, que reservará el 40% de sus 184 viviendas a jóvenes.

Cumplimiento. Aunque el nuevo decreto de vivienda protegida sienta las bases para una actuación más energética en materia de vivienda social para jóvenes en el futuro, no cambia la tendencia de esta legislatura.  

Además de no haber avanzado en las soluciones dirigidas a universitarios, en los últimos cuatro años la Generalitat Valenciana sumó 130 viviendas a su parque exclusivo para jóvenes, lo que permite alcanzar un total de 1.460 viviendas para el colectivo. La cifra representa el 73% de las 2.000 marcadas como objetivo en el programa electoral socialista, en cálculo realizado con los datos facilitados desde la propia Consejería de Vivienda.

Mismas fuentes que recuerdan que en el periodo 2019-2022 se han invertido hasta 46 millones de euros en otras medidas relacionadas con la vivienda, una inyección que ha beneficiado a 14.472 jóvenes valencianos. Sin tener en cuenta que “a partir de 2021 los jóvenes también pueden optar a las ayudas de carácter general al alquiler”.

Rehabilitación de edificios

Promesa: “Seguimos apostando por los planes de rehabilitación y regeneración urbana de viviendas, incrementando las ayudas para la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios”.

Toca abordar una de las áreas centrales en las políticas de vivienda autonómicas y municipales, la rehabilitación de un parque de vivienda envejecido en los cuatro puntos cardinales del Estado. 

El Gobierno de Ximo Puig ha desplegado varias actuaciones con este objetivo. La más destacada son las ayudas desde el año 2019 a 2021 para la conservación y accesibilidad de edificios, a las que se han destinado 92,8 millones de euros. Además, se han destinado 5 millones en ayudas para el informe de evaluación de edificios de viviendas.

Las dotaciones de otros de los planes de ayuda son: 1,47 millones a través del Plan Renhata de reforma interior de vivienda; 9,97 millones al plan del Recuprem Llars de edificios de viviendas de entidades locales para destinarlos a alquiler con fines sociales;  5,3 millones del Plan IRTA de innovación e investigación para la transición ecológica en la arquitectura; y 6,6 millones del Plan Astrea en proyectos piloto de innovación y sostenibilidad en la arquitectura y actuaciones sostenibles para la transformación de espacio.

Cumplimiento. A lo largo de esta legislatura la Generalitat Valenciana ha invertido 116,14 millones de euros, de ellos 55 millones en rehabilitación de edificios y otros 55 millones en actuaciones urbanas diversas.

Además, siempre según los datos de la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se han destinado 42 millones a rehabilitar el parque público de vivienda. En concreto, beneficiando a 1.537 viviendas más otras 237 en proceso de remodelación. 

A este cómputo se suman otros 142 millones para rehabilitación de barrios en 23 municipios y otros 15 millones más en la regeneración de entornos urbanos del parque público: un conjunto de acciones que justifican un aprobado a una promesa electoral que además de no establecer objetivos numéricos, ha contado con el apoyo de las subvenciones llegadas desde la UE. 

Unidad de emergencia de la vivienda

Promesa: “Crearemos la Unidad de Emergencia de la Vivienda, de modo que podamos garantizar soluciones habitacionales inmediatas tanto para personas en riesgo de exclusión como para personas que circunstancialmente lo necesiten”.

La medida cristalizó en 2020 con la creación de la Unidad de Ayuda ante los Desahucios. Sus acciones se dirigen tanto a actuaciones individuales de desahucios cómo a colectivos. Su acción se mide en las 2.402 atenciones a particulares realizadas y las 21.618 actuaciones colectivas.

El pasado 17 de febrero, el Consell aprobó el Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a la emergencia residencial y evitar abusos inmobiliarios. Una medida controvertida que contempla multas de hasta un millón de euros para abusos inmobiliarios y recoge la cesión forzosa y temporal de viviendas vacías de grandes tenedores en situaciones de sinhogarismo o guerras.

La Generalitat Valenciana también ha realizado otras actuaciones dirigidas a la problemática de la vivienda en unidades familiares vulnerables. En 2022 se destinaron 2,7 millones para reducir el alquiler de las familias vulnerables residentes en viviendas públicas, con una previsión de beneficiados de unas 2.500 familias con bonificaciones de hasta el 90%.

Cumplimiento. El Gobierno de Ximo Puig ha cumplido con su promesa de crear una unidad de emergencia para soluciones habitacionales.

Además de impulsar esta unidad ha movilizado recursos públicos como los señalados y tratado de aflorar viviendas al mercado de alquiler, a través de un decreto para la movilización de viviendas vacías de grandes tenedores. Illueca señalaba el pasado tres de abril, “en poco más de un año hemos conseguido aflorar 800 viviendas vacías que ahora pueden adherirse a incentivos si las ponen a disposición de la gente, pero también enfrentarse a sanciones si incumplen su función social”.

De momento desconocemos cuántas han accedido. El pasado siete de julio idealista/news publicó que de las 468 afloradas en esa fecha, tan solo 118 se habían adherido a la iniciativa.

Incentivación de precios asequibles

Promesa: “Avanzaremos en la transparencia e información de los precios de alquiler y continuaremos implementando políticas que nos permitan incentivar los precios asequibles en el mercado privado”.

“Hasta ahora no teníamos competencias sobre la regulación de los precios del alquiler”, explican desde la Consejería de Vivienda: “Con la nueva Ley Estatal de Vivienda contamos con esa capacidad y queremos ponerla en marcha de forma inmediata ya que desde hace años contamos con el mapeado de las zonas de vivienda tensionadas [áreas ANHA]”.

En cuanto a la incentivación de los “precios asequibles”, la misma fuente cita “la ampliación del parque público y, por otro lado, con las medidas contenidas en el decreto de viviendas vacías para hacer aflorar las viviendas vacías”.

Según sus datos, en el primer objetivo se han invertido 76 millones de euros en la adquisición de 1.260 viviendas. Con ellas el parque público de la Generalitat Valenciana es de 14.620 viviendas.

En cuanto a las medidas de contención de precios, el decreto aprobado para aflorar viviendas vacías incluye medidas como el Registro de Viviendas Deshabitadas que impone la obligación de dar uso residencial en el plazo máximo de seis meses. El incumplimiento supone multas por importe equivalente al precio mensual de un alquiler de protección pública de los mismos metros, entre otras medidas coercitivas.

También se ha creado la Xarxa Loga’m. Su objetivo es “promover un sistema voluntario de obtención de viviendas privadas para su oferta a precios asequibles y adecuados al nivel de ingresos de las personas demandantes de vivienda en alquiler”.

Cumplimiento. Aprobado para esta promesa electoral del PSOE-PSPV, que ha recibido este mes de mayo un gran impulso: el decreto de viviendas protegidas promovido por la consellería de Illueca.

Al margen de la señalada reserva del 40% de sus promociones para jóvenes de hasta 35 años, la medida del Consell contiene tres decisiones importantes. La más decisiva es el blindaje de la propiedad de vivienda con calidad de protegida, que no podrá perder su condición de pública al cabo de los años.

La norma incluye una limitación en el precio de los alquileres de vivienda pública y privada en suelo público. El cálculo del importe se realiza a través del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) diferenciando en tres tramos, en función las rentas de la unidad de convivencia que la habite. Por ejemplo, cuando los ingresos mensuales son de 2.100 euros, la renta máxima sería de 450 euros al mes, incluidos los gastos de comunidad.

Además de ligar el poder adquisitivo al alquiler, se contempla un tope de venta en función de los precios de mercado del Consejo General del Notariado. Esta cifra será revisada en el supuesto de subidas o bajadas de más del 5%/año, según la estimación del Instituto Valenciano de Edificación. 

De momento, con la entrada en vigor de la norma, el precio máximo de venta para una VPO de promoción privada será de 2.200 euros por metro cuadrado útil y de 1.530 euros para las viviendas de propiedad pública.

Viviendas para víctimas de violencia machista

Promesa: “Estableceremos medidas de apoyo integral a las niñas y niños huérfanos de víctimas de violencia de género. Tendrán acceso preferente en la adjudicación de viviendas de promoción pública y en las ayudas en materia de arrendamiento de viviendas y en la adjudicación de recursos habitacionales de titularidad pública de la Comunitat Valenciana”.

Con el objetivo de facilitar soluciones de vivienda a las víctimas de violencia machista, la Generalitat Valenciana ha previsto una reserva específica del 10% de la vivienda pública.

Cumplimiento.  Según datos oficiales, las adjudicaciones de vivienda en alquiler a víctimas de violencia de género han sido de 153 en esta legislatura con fecha de abril de 2023. Cifra que permite dar por cumplida esta promesa.