Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha decidido posponer la reforma de la normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. Tras varios meses de negociaciones fallidas, especialmente con el grupo municipal de Junts, esta medida será “guardada en un cajón” hasta que arranque el próximo mandato, tal y como él mismo reconoció en una entrevista reciente con Metrópoli Abierta.
El punto de inflexión llegó con el “no” de Junts, que exige cambios adicionales, como una rebaja del IBI del 4%, antes de sumar su voto. Sin ese apoyo clave, al PSC se le ha hecho imposible reunir la mayoría suficiente para reformar la normativa. El teniente de alcalde Jordi Valls ya lo anticipó hace semanas: “Si antes del 1 de agosto no hay acuerdo, el tema no se volverá a abrir hasta 2028”.
Esta decisión tiene un impacto directo sobre el mercado inmobiliario barcelonés. Desde que se aprobó la normativa en 2018, solo se han construido 156 viviendas protegidas bajo este régimen, muy lejos de las más de 1.600 previstas en su día. Además, muchos promotores consideran inviable desarrollar vivienda libre en la ciudad sin cambios en la regulación actual, lo que ha paralizado buena parte de la obra nueva en Barcelona.
Una de las pocas propuestas alternativas que ha conseguido cierto consenso técnico es la que formuló Carme Trilla, economista y expresidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda. Su planteamiento consistía en mantener el 30%, pero solo aplicarlo en zonas con fuerte presión inmobiliaria y con una mayor colaboración público-privada, permitiendo cierta compensación en otras áreas. Una fórmula intermedia que buscaba garantizar vivienda asequible sin bloquear por completo el mercado.
Mientras tanto, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sigue su hoja de ruta con la construcción de 6.000 viviendas protegidas antes de 2030. La cifra es ambiciosa y se suma a las 11.000 promovidas en los últimos cinco años, pero aún insuficiente para cubrir la demanda estructural. La falta de obra nueva privada y el estancamiento de la normativa en la capital están creando una brecha que ni el sector público ni el cooperativo pueden compensar por sí solos.
Collboni ha defendido que mantener la incertidumbre regulatoria perjudica tanto a la inversión como al propio objetivo de aumentar el parque asequible. “No podemos especular sobre cuáles son las reglas del juego”, ha señalado. Por ahora, el 30% se queda en suspenso, y con él, parte de la esperanza de reactivar la construcción residencial en Barcelona.
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