Junyent: “La colaboración público-privada es imprescindible para dar respuesta al problema de la vivienda”

Montserrat Junyent ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que preside el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona, la institución más grande de España con más de 1.000 colegiados.

En su primera entrevista en idealista/news como presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona, Junyent habla de los retos del sector en un contexto lastrado por la falta de vivienda y la inseguridad jurídica.

¿Qué ha supuesto para ti tu nombramiento como presidenta del COAPI?

Ha sido la culminación de un trabajo de muchos años y la posibilidad de dirigir tanto el colegio como la asociación. Es un privilegio enorme y, además, llega con muchas ganas de llevar a cabo proyectos y mejoras.

Actualmente, ¿cuáles son los retos más relevantes para los agentes de la propiedad inmobiliaria?

Los retos profesionales son muchos, sobre todo porque nos encontramos en un mercado bastante convulso, lo que convierte cada día en un desafío. A esto se suma la necesidad de estar constantemente actualizados, especialmente en materia normativa, y de adaptarse a nuevos modelos de gestión, sobre todo con la utilización de herramientas tecnológicas. Esto obliga a los profesionales a estar en permanente formación.

Otro gran reto es la gestión del problema de la vivienda: hay mucha demanda, pero no suficiente producto, lo que complica enormemente su labor. Por eso es fundamental mantenerse actualizado y adaptar el uso de la tecnología para mejorar la gestión y el servicio.

Hablando de oferta y demanda de vivienda, ¿cómo crees que se podría equilibrar? 

Llevamos tiempo defendiendo la colaboración público-privada. Para ello, proponemos la necesidad de un pacto nacional que permita dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población.

Construir vivienda es importante, y ya se están adoptando medidas, como el plan de choque en Cataluña para construir 50.000 viviendas. Sin embargo, estas iniciativas tardan en dar resultados y no solucionan de manera inmediata la situación actual. Por eso es clave contar con el sector privado, que dispone de viviendas que pueden facilitarse mientras se desarrollan los planes de construcción pública.

¿Qué otras medidas podrían ayudar a equilibrar el mercado de vivienda?

Se podrían implementar incentivos fiscales, bonificaciones o compensaciones en el caso del alquiler para compensar las diferencias de precio que puedan existir. También sería necesario flexibilizar la salida de suelo para la construcción y transformación, así como agilizar los trámites administrativos relacionados con el uso del suelo y la rehabilitación. Hay muchos campos de actuación que no estamos aprovechando actualmente.

¿Cómo describirías la situación del mercado inmobiliario catalán en comparación con el resto de España?

Yo lo definiría, básicamente, como caótico. La dificultad se ve aumentada por la confusión normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, y sobre todo por la inseguridad jurídica que esto genera. A veces ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo sobre cómo interpretar la normativa, lo que complica enormemente el asesoramiento a nuestros clientes, ya sean arrendatarios o arrendadores.

Esto es un problema que tenemos que transmitir a la administración, porque con esta inseguridad jurídica se hace muy difícil facilitar el acceso a la vivienda.

¿Crees que se han olvidado de los profesionales inmobiliarios a la hora de redactar leyes, especialmente en Cataluña?

Totalmente. Nos han olvidado por completo. No sé si es porque no se nos considera necesarios, pero yo siempre reivindico que nosotros somos los que estamos a pie de calle. Tenemos una red territorial suficiente para conocer de primera mano lo que está sucediendo: la situación de arrendadores, arrendatarios, compradores o vendedores. Somos el primer contacto con la realidad del mercado, y aun así nuestro conocimiento y percepción son ignorados. Y no solo ocurre con nosotros…

Lamentablemente parece que solo se consideran ciertas voces, principalmente las de los lobbys más visibles. Por ejemplo, se sigue en gran medida el dictado de determinados sindicatos o asociaciones, sin tener en cuenta la opinión de los profesionales del sector que estamos a pie de calle.

¿Y cómo esperas que evolucione el mercado inmobiliario catalán en los próximos años?

Me gustaría ser optimista. La compraventa, por ejemplo, está funcionando bastante bien, favorecida por los tipos de interés actuales. Además, hay medidas como los avales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes que aún no disponen del ahorro necesario para la entrada. Estas son iniciativas positivas que pueden movilizar el mercado.

En cambio, en el tema del arrendamiento no soy tan optimista. Las medidas de control de alquileres están restringiendo la oferta de producto en el mercado. Si no conseguimos una situación de normalidad que otorgue a los propietarios seguridad jurídica—no para obtener beneficios especulativos, sino para lograr una rentabilidad mínima que permita mantener los inmuebles—es difícil sostener el parque de viviendas. 

Históricamente, los incrementos de alquiler se han limitado a porcentajes muy bajos, mientras que los costes de mantenimiento y la carga impositiva han seguido aumentando. Esto reduce el margen y desincentiva la oferta de vivienda en alquiler.

¿Por qué crees que la regulación tiende a proteger solo a los inquilinos y se olvida de los arrendadores?

Creo que se hace así porque se ha querido responder a la necesidad habitacional inmediata, sin tener en cuenta otros factores, como el aumento de población o los cambios progresivos en los modelos de vivienda. Esto genera un desequilibrio que a largo plazo afecta al propio mercado.

La ocupación de las viviendas está disminuyendo, y cada vez hay menos familias viviendo en ellas; a menudo solo una persona habita la vivienda. Esto refleja un problema real que no podemos ignorar.

La administración, en estas circunstancias, tiende a implementar medidas cortoplacistas, que al final solo empeoran el mercado de alquiler. Las soluciones a largo plazo, como la construcción de viviendas y el aumento del parque inmobiliario, son las que realmente pueden generar resultados.

Mientras tanto, es imprescindible establecer un pacto con el sector privado, porque se necesita a quienes poseen el producto. Actualmente, los tenedores de vivienda están siendo, en cierto modo, maltratados.

Para terminar, ¿cuál es el valor añadido y las garantías que ofrece un colegio profesional frente a otros intermediarios inmobiliarios?

La principal ventaja de estar colegiado o asociado es que se cumple un estándar mínimo de formación y existe un control deontológico sobre nuestra actuación. Esto garantiza transparencia y respaldo institucional para resolver cualquier problema derivado de las operaciones inmobiliarias.

Todo esto aporta seguridad jurídica. En Cataluña, por ejemplo, el registro de profesionales lleva muchos años funcionando y no ha distorsionado el precio del producto, como se llegó a decir. Lo que sí hace es permitir saber quién está operando y bajo qué condiciones, lo que protege tanto a clientes como a operadores.