Las grandes ciudades piden a Fomento que destine 2.000 millones al Plan de Vivienda 2018

Más recursos para el sector de la vivienda. Éste es el mensaje que han trasladado los Ayuntamientos de las grandes ciudades al Ministerio de Fomento de cara a los próximos años en un encuentro entre los municipios y el organismo liderado por Íñigo de la Serna.

En concreto, los concejales responsables de vivienda de Madrid (José Manuel Calvo), Barcelona (Josep Maria Montaner), Cádiz (Eva Tubío), Valencia (María Oliver), Santiago de Compostela (Jorge Duarte), La Coruña (Xiao Varela), y Zaragoza (Pablo Híjar) se han reunido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para presentar sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación.

Los consistorios piden al Ministerio que destine a este plan una inversión de 2.000 millones de euros durante 2018, una cantidad que supera en casi cinco veces a la destinada en el presente ejercicio (467 millones de euros).

Las grandes ciudades se quejan de los recortes del gasto público que ha sufrido la vivienda durante los últimos años y exigen al Gobierno que revierta la tendencia para garantizar el derecho fundamental de acceso al mercado residencial, evitar las subidas de precios y equiparar las políticas de inversión en España con las que existen en otros países europeos.

“En la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059% del PIB (467 millones de euros en 2017), y si continúa con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda (que han supuesto una reducción de 1.000 millones de euros en los últimos 8 años), las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años”, asegura el comunicado que ha remitido el Ayuntamiento de la capital.

¿Y qué pretenden las grandes ciudades? La respuesta es sencilla: que, en un plazo de 10 años, la partida presupuestaria pase a representar el 1,5% del PIB.

“El incremento presupuestario resulta imprescindible para poder aumentar el parque público de alquiler y situar así las ciudades españolas a nivel europeo. Actualmente, España sólo tiene el 2,5% de vivienda asequible (incluyendo VPO, pero también rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía, mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o en Francia se sitúa en el 17%”, insiste el equipo de Manuela Carmena.

Otras medidas para impulsar la vivienda

La mayor dotación presupuestaria no ha sido la única petición que han hecho las grandes ciudades al Ministerio de Fomento. También han propuesto que el ICO disponga de líneas de financiación específicas para viviendas protegidas, un impulso a alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso (que garantiza la propiedad pública del suelo), obligar a Sareb y a los bancos que incluyan sus pisos vacíos al fondo de viviendas para el alquiler social, y enfocar las ayudas a la rehabilitación a los pequeños propietarios, y no tanto a los grandes tenedores de vivienda.

En materia de alquiler, las ciudades también han lanzado una petición: cambiar el marco legal y normativo para aumentar la protección a los inquilinos. “La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debe alargar la duración mínima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de esta ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía”, recalca el comunicado.

Por último, los Ayuntamientos han cargado contra las socimis y los extranjeros que compran vivienda (tanto particulares como inversores), para los que proponen eliminar cualquier tipo de beneficios fiscales.