Banca y Gobierno han concedido un millón y medio de moratorias de préstamos a los afectados por el covid

Los últimos datos del Banco de España sitúan en 1,496 millones el número de moratorias hipotecarias y no hipotecarias que se han concedido hasta abril a los afectados por la crisis del covid-19.

La información incluye tanto las moratorias hipotecarias y las de préstamos sin garantía hipotecaria que aprobó el Gobierno en su plan de medidas para mitigar el impacto del covid-19, como los acuerdos de moratorias sectoriales de crédito alcanzados entre los bancos y sus clientes a través de las patronales financieras como medida complementaria a las moratorias legislativas del Ejecutivo.

En cuanto a las moratorias legales, cuyo plazo de solicitud y duración se amplió a principios de febrero, se han recibido casi 270.000 solicitudes con garantía hipotecaria, de las que se ha dado curso a alrededor de 228.000, con un saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos de 20.000 millones de euros.

Las solicitudes de moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria superan las 437.000, habiéndose dado curso a más de 386.000. El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos es de 2.900 millones de euros.

Las solicitudes de moratorias sectoriales superaban las 882.000, habiéndose dado curso a más de 857.000. El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos superaba los 34.000 millones de euros.

Para los tres tipos de moratoria, más del 70% de deudores beneficiarios y avalistas son asalariados, mientras que el desglose en los trabajadores autónomos muestra que los principales sectores beneficiarios de moratoria son comercio, hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción (estos sectores aglutinan casi el 80% del total de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso).

Por qué la banca concede más moratorias 

El motivo de que existan tantas diferencias entre las moratorias legales (las impulsadas por el Gobierno) y las sectoriales (las que ha puesto la banca de forma privada) están en los diferentes criterios para su concesión.

Para poder acogerse a esta posibilidad, el Ejecutivo definió unos requisitos muy concretos y muy exigentes. En la larga lista se encuentran: haberse quedado sin empleo o haber sufrido un fuerte recorte de los ingresos; que la cuota de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, resultara superior o igual al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que antes de la moratoria los ingresos de todos los miembros del hogar no superaran en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, que es de 537,84 euros (en adelante IPREM), lo que significa que no podían superar la cantidad de 1.613,52 euros al mes. Además, las familias estaban obligadas a acreditar si situación de vulnerabilidad, así como un plazo para presentar la documentación.

La medida fue prorrogada en el mes de julio hasta el 30 de septiembre y en 2020 no hubo más aplazamientos. Pero a principios de febrero, en plena tercera ola del virus, el Gobierno decidió reactivar las moratorias de hipotecas y préstamos al consumo y reabrió las solicitudes hasta el 30 de marzo. Estas nuevas moratorias tienen una vigencia de hasta nueve meses.

De forma paralela, en 2020 también se puso en marcha la bautizada moratoria hipotecaria sectorial, que fue la alternativa que puso la banca encima de la mesa a principios de abril al margen de la legal (la aprobada por el Gobierno), con el objetivo de llegar a más hogares vulnerables.

En este caso, la medida estaría vigente durante un periodo máximo de un año y los requisitos eran menos exigentes: bastaba con haber entrado en un ERTE, haber perdido el empleo o haber sufrido una pérdida significativa de ingresos o un cese de actividad en el caso de autónomos. Eso sí, la formalización de la hipoteca debía ser anterior al 14 de marzo de 2020. Además, establecía diferentes maneras para devolver el dinero: podía prorratearse en la cuota mensual una vez terminada la moratoria, o bien podía prolongarse la vida de la hipoteca en el mismo periodo temporal que se produzca la interrupción del pago, entre otras opciones.

Transporte y turismo

A principios de julio de 2020 se aprobaron por real decreto dos nuevas moratorias, referidas al sector turístico y al sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, que no se refieren solo a personas físicas, como las tres moratorias anteriores, sino que también son aplicables a personas jurídicas.

Los datos del Banco de España muestran que el número de solicitudes y concesiones ha sido muy inferior para estos dos tipos de moratorias.

El número de solicitudes de moratoria legislativa para créditos hipotecarios de inmuebles correspondientes a una actividad turística se ha situado en 2.162, de las cuales se ha dado curso a 1.823, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos superior a 2.500 millones de euros.

De su lado, las solicitudes de moratoria legislativa referida al transporte han ascendido a 3.519, habiéndose dado curso a 3.212, acercándose el saldo pendiente de amortización de estos préstamos suspendidos a los 275 millones de euros.