La pobreza energética no da tregua a los ciudadanos más vulnerables

Los dos primeros indicadores, relativos a gastos e ingresos (que proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares) se han mantenido en niveles similares a los de los últimos años. “Es muy probable que el descenso de la demanda de energía (debido al confinamiento y a la ralentización de las actividades industriales), el consiguiente descenso en el precio de la energía, sumado al efecto de amortiguación de las medidas sociales puestas en marcha, hayan amortiguado el impacto en estos indicadores, que dependen del gasto neto en energía y del esfuerzo relativo que deben hacer las familias para hacer frente a las facturas”, explica José Luis López, experto en Pobreza Energética.

Sin embargo, los dos indicadores asociados a percepciones y declaraciones muestran un empeoramiento considerable respecto al año 2019. “Tanto el indicador de temperatura adecuada en invierno, como el de retrasos en el pago de las facturas han registrado un incremento por encima del 40% respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto que el año 2020 no ha sido un buen año para la pobreza energética”, resume López.

¿Por qué esta disparidad en los indicadores?

Según este experto, una gran parte de la población ha permanecido más horas en sus domicilios debido al confinamiento, las situaciones de teletrabajo, de desempleo o por la regulación temporal del empleo. Por tanto, la situación en muchas familias ha sido que se han visto abocadas a pasar más horas en sus hogares, a trabajar y estudiar en las mismas y hacerlo, además, en periodos en los que simultáneamente habían sufrido una pérdida de ingresos. Esta es una de las razones que ha planteado a estas familias la toma de decisiones de gasto asociadas a la calefacción y otros usos, por el miedo a no poder asumir las facturas o sufrir un gasto excesivo.

Aunque la pandemia haya provocado un incremento generalizado del consumo en los hogares, durante el año 2020 los precios contuvieron ese impacto (lo que explicaría que los indicadores de gasto apenas hayan variado), pero no el comportamiento de las familias a la hora de hacer un uso de los elementos que demandan energía (como la climatización). Esto explicaría el incremento en el indicador de temperatura adecuada.

Respecto al indicador de retraso en el pago de las facturas, igualmente, se encuentra asociado a la pérdida de ingresos en las familias. “Aunque dentro del escudo social planteado por el Gobierno se establecieron prohibiciones temporales frente al corte de suministro, esta medida no pudo evitar que muchas familias acumularan retrasos en el pago de las mismas”, manifiesta José Luis López.

Horizonte hipotético

Si 2020 hubiera registrado precios de la energía como los actuales podrían encontrarse evoluciones muy negativas respecto a 2019 en los 4 indicadores. “Habrá que ver la evolución el próximo año, que contará con datos de 2021, el año que en el que ha sufrido un mayor incremento. Todo esto pone de manifiesto la importancia que juega el precio de la energía en la incidencia de la pobreza energética y demuestra que no fue acertado obviar este factor en la definición de pobreza energética que recogió la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”, dice este experto.

Con todo, las medidas sociales puestas en marcha por parte del Gobierno han sido efectivas, cree López, para minimizar el impacto de la pobreza energética y evitar los cortes de suministro, algo que hubiera situado a las familias en una situación de exclusión social absoluta.

Sin embargo, el escudo social no ha podido evitar que la deuda “energética” de las familias se mantuviera estable, esto es, se han evitado los cortes de suministro, pero no la deuda acumulada de muchas familias.