Hace unas semanas asistí a un evento donde se trataron las dificultades que el sector inmobiliario está asumiendo, no solo por la situación macroeconómica, sino por la falta de compromiso de los poderes públicos para poner en marcha medidas ágiles y precisas que faciliten la puesta en circulación de las viviendas que nuestra sociedad nos demanda.
Y es cierto, que hay buena sintonía entre el sector y todas las administraciones públicas, y es cierto que estas últimas escuchan, asienten y comparten, casi siempre. Pero la realidad es otra.
La realidad es que cuando acaba el evento, nadie sale con la sensación del deber cumplido o del compromiso cierto para solucionar los problemas que en materia de vivienda afronta este país. Y esto es así porque en estos eventos, nuestros mayores, se esfuerzan por mostrar la complejidad de promover vivienda, siendo todos ellos conscientes de no alzar la voz en exceso porque por la Administración pasa todo, desde la transformación de un suelo, una urbanización o hasta la última licencia que permite habitar nuevos hogares en España.
El sector inmobiliario es responsable del 11% del PIB de España. Según los datos de la EPA, más de 170.000 personas trabajan en él y existen más de 1,3 millones de trabajadores en el sector de la construcción vinculado al inmobiliario. El impacto de su actividad económica es superior a los 7.800 millones de euros al año, es decir, datos lo suficientemente importante para que las administraciones no solo escuchen sino que se fíen de los datos aportados en estos foros.
En las últimas elecciones, la vivienda tuvo un papel fundamental en todos los ejes discursivos, por eso aparentemente no debería ser difícil crear una mesa de trabajo para acordar un pacto por la vivienda que establezca los mimbres que permitan atajar esta emergencia habitacional, ¿no? Pero un pacto no declarativo, no político sino resolutivo, de gestión, con presupuesto y acciones con efecto inmediato e impacto en todas las esferas de las administraciones públicas, porque no nos engañemos, estamos atados de pies y manos por sus imposiciones regulatorias.
Y llegado el caso, debemos exigir una Amnistía para la vivienda en España, ahora que esta palabra se cita en todo corrillo. Sí, una amnistía que la libere de restricciones administrativas, que permita mayor densidad en nuestras ciudades, que permita, por ejemplo, utilizar edificios de usos alternativos para el cualificado residencial sin tener que volver a las condiciones marcadas en un planeamiento obsoleto. Que relaje la ingente carga impositiva que recae sobre cada vivienda nueva, al menos de la protegida, de la asequible, esa que está en boca de todo político. O que se exima de ciertos eslabones administrativos a la vivienda que se haga en colaboración público-privada, porque cuesta más, temporalmente hablando, sacar 2.000 viviendas en alquiler asequible que poner al Miura en órbita.
En definitiva, un verdadero Plan Marshall que permita generar la oferta necesaria para que la gente, si no quiere, no se tenga que ir forzosamente al alquiler o para que nuestros jóvenes puedan emanciparse antes de que pierdan el pelo.
Pero además de una Amnistía, reivindico una Manifestación. Sí, una manifestación del sector ante la puerta de todos los organismos públicos a los que les rebosan los expedientes necesitados de informes sectoriales que paralizan miles, y digo bien, miles de viviendas a construir en España. Podemos empezar, por ejemplo, en la puerta de la Confederación Hidrográfica del Tajo y desde allí llegar a la sede de la autoridad aeroportuaria. No es chufla, es de verdad, y así, solo así poner cara a cara a las administraciones frente a sus propios problemas de gestión que paralizan un sector vital para el futuro de nuestra sociedad.
No desfallecer es importante, poner encima de la mesa los problemas sigue siendo necesario pero va siendo hora de exigir acciones, no palabras, acciones reales, de gestión que pongan a la vivienda en el centro del asunto. Siempre lo he dicho, dejar de hablar y hacer, eso nos llevará a obtener los mejores resultados.
Mariano Fuentes es arquitecto técnico e ingeniero, experto en innovación y emprendimiento. Exconcejal del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y ahora de regreso al sector inmobiliario donde ha trabajado durante más de 20 años antes de su entrada en política.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta