El desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas en España está alcanzando niveles críticos, con un desfase que amenaza con perpetuarse si no se abordan las barreras actuales en el sector de la construcción. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que se necesitan 300.000 nuevos hogares al año, mientras que los visados de vivienda apenas superan las 100.000 unidades anuales. La financiación, la burocracia excesiva y la falta de mano de obra cualificada son algunos de los obstáculos que requieren una solución urgente.
Para abordar estos desafíos, el Clúster de la Edificación y AFI (Analistas Financieros Internacionales) han presentado en Madrid el estudio 'Financiación para impulsar la Construcción Industrializada'. Este informe propone la creación de dos instrumentos financieros orientados a facilitar el acceso a financiación, promoviendo así un mayor crecimiento del sector. Entre las empresas colaboradoras se encuentran ACR, Actia, Ávita, Casais, Culmia, Finsa, KronosHomes, Lignum Tech y Treehood.
Según Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente del Clúster de la Edificación y de la Corporación Vía Ágora, "la construcción industrializada se presenta como una solución innovadora frente a los retos del sector residencial en España. Sin embargo, se necesita la eliminación de barreras financieras que impulsen esta transformación y permitan atender la demanda actual de viviendas".
Enrique Martín, director asociado de AFI, resaltó la ausencia de apoyo financiero público específico para el sector. Proponen el desarrollo de un Instrumento Financiero para la Capitalización de la Construcción Industrializada, destinado principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) que acrediten su solvencia financiera. Este mecanismo podría cubrir hasta el 90% de la financiación para inversiones productivas, con un máximo de 15 millones de euros por proyecto.
El objetivo es movilizar entre 300 y 600 millones de euros en financiación pública, que eventualmente será remplazada por capital privado, para fomentar la creación de nuevas instalaciones y el equipamiento necesario. Este modelo busca compartir riesgos entre el sector público y privado, similar a otras iniciativas públicas de coinversión en Europa.
Además, se plantea un segundo instrumento financiero para la financiación de circulante, dirigido a reducir la dependencia de los fabricantes respecto a fuentes tradicionales como los promotores. Este fondo estaría diseñado para respaldar la compra de materiales y la producción de componentes, con un presupuesto estimado entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Desde AFI concluyen que ajustes en la política administrativa, como la inclusión de criterios de contratación pública que favorezcan la construcción industrializada, también serían beneficiosos. La implementación de estas herramientas podría acelerar significativamente el ritmo de construcción hasta alcanzar las 200.000 viviendas anuales, contribuyendo a mitigar el problema habitacional en España y promoviendo una industria de la construcción más eficiente y económica.
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