El Senado tramitará la ley del PP que permite cortar los suministros de la casa okupada

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La propuesta del Partido Popular en esta ley es modificar el Código Penal para añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1 que habla de las ocupaciones ilegales, donde se recoja expresamente que el corte de suministros en una casa okupada “en ningún caso puede ser considerado delito de coacciones”. 

Ahora esta proposición de ley debe pasar al Congreso de los Diputados que puede rechazarla o aprobarla para que siga su curso parlamentario en la Cámara Alta. 

El partido de Feijóo argumenta en la exposición de motivos de la proposición de ley que la propia Audiencia Provincial de Barcelona ha avalado a los propietarios para que puedan cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones. 

En concreto, los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona acordaron unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas. Según lo acordado, cortar la luz o el agua en las viviendas okupadas no será considerado un delito de coacciones. Esto significa que si el propietario de una casa okupada decide dar de baja “el alta de los suministros o el abono de los mismos” no será considerado un delito de coacciones. 

El acuerdo de los jueces también contempla que los juzgados de Barcelona no puedan archivar una denuncia por un delito leve de usurpación de vivienda sin encargar previamente a los cuerpos policiales que identifiquen a los okupas de la casa. Se trata de los conocidos como "ignorados ocupantes", señalan fuentes judiciales a Europa Press, es decir, personas sin una relación contractual con el propietario, como aquellas que dejan de pagar el alquiler o la hipoteca y que ocupan la casa. Este paso permitirá que el procedimiento no se alargue en el tiempo hasta que se ordene el sobreseimiento.

En definitiva, este acuerdo permite que el caso no se pueda archivar si antes no se ha oficiado a la policía para que averigüe quiénes son los autores del delito, ya que esto permitiría estudiar si se trata de personas vulnerables y ofrecerles los recursos pertinentes.