Junts, abierto a apoyar un decreto del Gobierno que plantee deducciones por hipoteca o alquiler

El grupo que lidera Miriam Nogueras en el Congreso ya presentó a mediados de abril una proposición no de ley que plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual
Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España).
Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). Europa Press
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Junts se ha mostrado abierto a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

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Lo han explicado fuentes del partido de Carles Puigdemont después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avalara esta semana activar incentivos fiscales a la compra y al alquiler de la vivienda, como pedía Junts.

De hecho, el grupo que lidera Miriam Nogueras en el Congreso ya presentó a mediados de abril una proposición no de ley que plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros anuales.

Las citadas fuentes han cifrado en 2.500 millones de euros el coste que supondría la aprobación de deducciones por gastos de hipoteca y en cuentas bancarias, y de 200 o 300 millones en materia de alquileres, algo que ven "asumible".

Y todo ello después de que el Congreso tumbara a finales de abril el decreto de prórroga de los alquileres del Gobierno, con el voto en contra de Junts, PP y Vox, y la abstención del PNV.

Las fuentes de Junts explican que les llega que el Gobierno cree que este real decreto tenía errores jurídicos y artículos que eran inaplicables, y que están preocupados en materia de vivienda porque creen que esta cuestión empieza a penalizarlos.

Además de insistir en que su formación no negocia con el Gobierno tras romper con el PSOE en el pasado mes de octubre, han puesto en duda que el Ejecutivo central quiera retomar el real decreto de prórroga de los alquileres, medida que no creen que solucione el problema. 

Sumar anunció días después de la no convalidación de la prórroga extraordinaria del alquiler que iba a presentar otro Real Decreto ley con esta prórroga. 

Sin embargo, se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años y la subida de las rentas al 2% sólo por la solicitud de la misma. Durante la vigencia del anterior Decreto ley ya derogado el propio Ministerio de Consumo se encargó de enviar cartas a inmobiliarias y fondos, así como notas de prensa para señalar que todos los contratos de alquiler que caducaran entre el 22 de marzo de 2026 (fecha de aprobación en el Consejo de Ministros de esta medida) y el 31 de diciembre de 2027 podían acogerse a esta prórroga. Igualmente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o la ministra de Sanidad, Mónica García, hicieron numerosas declaraciones defendiendo la legalidad del RDL aunque fuese derogado. Pero la nueva estrategia desvela que en realidad estas afirmaciones no eran ciertas y pueden haber llevado a miles de inquilinos a la confusión y al enfrentamiento con sus caseros.

Esta nueva estrategia de Sumar de volver a presentar otro Real Decreto ley (RDL) en el Consejo de Ministros evidencia que no todos los contratos que ellos mismos defendían pueden acogerse a la prórroga de dos años: sólo han podido acogerse aquellos que vencían durante el periodo de vigencia (del 22 de marzo al 29 de abril, incluido). Para un magistrado consultado por idealista/news este movimiento político demuestra que “son conscientes de que, a partir de la no convalidación, la prórroga no tiene eficacia alguna y, por eso, lo quieren presentar otra vez para seguir jugando con ello y volver a crear otro plazo de vigencia del Real Decreto ley de otros 40 días más o menos hasta que lo vuelvan a rechazar y así lo van a hacer sucesivamente. Esto es un abuso de derecho clarísimo porque sería un fraude utilizar el Real Decreto ley cuando saben perfectamente que se lo han rechazado”. 

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