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Los otros efectos perniciosos del covid-19 que no deben olvidarse

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La sociedad española, y con ella sus líderes, se encuentran volcados en evitar las consecuencias de la pandemia que sufrimos en la salud de los ciudadanos, como por ejemplo, la muerte. En este sentido, se ha aplaudido el bloqueo social como medida radical de efectos aparentemente seguros.

Ante los distintos escenarios de evolución de esta situación comenzamos a estimar los costos económicos, que se muestran inciertos en general, y gravemente amenazadores respecto a aquellos colectivos más vulnerables, como los autónomos y las pequeñas empresas, así como con los profesionales que trabajan en los sectores turístico, restauración o inmobiliario...

Comenzamos a percatarnos de la creciente amenaza que puede darse por las rígidas condiciones de aislamiento, respecto al incremento, entre ciudadanos con riesgos preexistentes de daños mentales, psicosociales y sociales.

También estamos comenzando a descubrir la pérdida de justicia educativa consecuencia de los cierres de escuelas, en aquellos colectivos con menos recursos para seguir las clases online, y su peligrosa institucionalización si las únicas medidas que se ofrecen son las del aprobado general, con la consiguiente condena a la permanente ignorancia sobre las clases no recibidas.

Desafortunadamente no se escuchan voces que alerten sobre los riesgos de prolongar innecesariamente, o por una deficiente gestión, la actual restricción de derechos constitucionales como son la libertad de reunión, educación, libertad de religión, libertad para ejercer una profesión, libertad de comercio o libertad de viaje. Incluso el de la libertad de expresión que puede constreñirse por la presión social, alentada desde los medios de comunicación y desde los distintos responsables políticos, para seguir determinados comportamientos públicos, como son los aplausos de las 8 (el que esto que digo escandalice a alguno es una prueba de ello), o la censura en redes de críticas a la gestión del Gobierno. La libertad es fácil de sacrificar en las actuales circunstancias, y muy difícil de recuperar cuando lo excepcional ha pasado.

Urge exigir la adopción de medidas inmediatas que reduzcan los riesgos de contagio minimizando los confinamientos, como sería el uso generalizado de test para discriminar las personas sanas y de riesgo que no han pasado la enfermedad, las personas enfermas, con o sin sintomatología clínica, y las personas inmunes, por haber superado la enfermedad. Los IGG (para la detección de anticuerpos) son críticos para detectar aquellos ciudadanos que ya no pueden enfermar.

Al reducir el riesgo, las prohibiciones pierden su legitimidad, dando paso a reglas de comportamiento. La mejor pedagogía que pueden adoptar las Administraciones es confiar en las personas para que asuman su responsabilidad, correspondiendo con información veraz. A los que me objetan sobre esto, les pongo el referente de las vallas en los campos de futbol.

José Barta es experto en Estrategia de mercados, y en Gobierno Corporativo. Alertó, en el año 90, de la caída del mercado inmobiliario del 92 y, en el 2008, de la gravedad de la nueva crisis, acuñando la expresión “Tormenta perfecta”.