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IRPF 2019: A Hacienda le salen gratis sus errores, pero al contribuyente no

Gtres
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Estamos en plena Campaña de la Renta 2019, y ante un impuesto, el IRPF, cada vez más complejo. A los contribuyentes se les impone la obligación de autoliquidarlo. Dicha autoliquidación es a veces complicada. Y, el problema de los contribuyentes es que, ante cualquier error que cometan, serán severamente castigados (liquidación con intereses de demora, y probablemente, sanción). Sin embargo, no pasa lo mismo cuando es Hacienda la que se equivoca. Y es que a Hacienda sus errores, le salen gratis. Veamos algunos ejemplos…

Borradores con errores... ¿Y qué más da?

Es habitual que muchos de los borradores, o de la información fiscal que remite la Agencia Tributaria, contengan errores. Y lo peor es que, en muchos casos, dichos errores confunden al contribuyente, hasta el punto de que éste acaba trasladándolos a su declaración de IRPF.

En estos casos, Hacienda no se ve perjudicada por sus propios errores. O, por lo menos, vinculada por los mismos. Al contrario, el contribuyente deberá declarar su renta correctamente, y no puede excusarse en que los datos suministrados por la Agencia Tributaria eran erróneos. En estos casos, Hacienda exigirá al contribuyente la deuda que dejó de ingresar, con intereses de demora.

Pero la cosa no acaba ahí. Y es que el contribuyente que declara erróneamente, basándose en un borrador que contenía información incorrecta, puede además ser sancionado. Así lo declaró el Tribunal Económico-Administrativo Central, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, en abril de 2019, al afirmar que “en los supuestos en los que se presente la declaración de IRPF de conformidad con una información errónea o no completa suministrada por la AEAT en los datos fiscales, es posible que se produzca una infracción tributaria si existe culpabilidad del contribuyente”.

Por tanto, vemos cómo Hacienda no solo no se ve vinculada por sus errores en el borrador, sino que además puede exigir al contribuyente la deuda con intereses, e incluso sancionarle.

Cuando el contribuyente acude a Hacieda para hacer la declaración y el funcionario se equivoca...

Lo mismo ocurre en el caso de que el contribuyente acuda a una oficina de la Administración Tributaria a que le hagan la declaración. En este caso, la declaración la acabará firmando el contribuyente, como no puede ser de otra forma.

Y, como ocurría en el caso anterior, será el contribuyente el que responderá de los errores que finalmente contenga la declaración. Y ello, aunque aquél solo haya puesto su firma a la autoliquidación, confeccionada a través del servicio de asistencia de la Agencia Tributaria.

De este modo, Hacienda podrá exigirle la cuota tributaria dejada de ingresar (con intereses de demora), e incluso sancionarle. En este último caso, será necesario también probar su culpabilidad. Pero la posibilidad de sancionar al contribuyente, por un error del funcionario de Hacienda que le “ayudó”, existe.

Además, nada le pasará a quién realmente cometió el error. Así, una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha negado que una funcionaria que asistió al contribuyente en su declaración de IRPF deba responder del daño causado al contribuyente. En concreto, se ha considerado que resulta imposible saber si la funcionaria tuvo acceso a toda la documentación necesaria en el momento en que asistió al contribuyente. Además, el contribuyente debió comprobar si los datos incluidos en su autoliquidación, eran correctos. Y ello, antes de firmar y presentar la autoliquidación.

Comprobaciones ilegales, de las que nadie responde... 

Otro ejemplo de la impunidad con la que actúa Hacienda se produce en el caso de comprobaciones tributarias declaradas nulas o flagrantemente ilegales. En estos casos, son innumerables los perjuicios que se crean a los contribuyentes. Éstos no son solo económicos (coste del recurso, de suspensión de la deuda…), sino también morales (preocupaciones, incertidumbre…).

Ciertamente, los Tribunales responden, y son muchas las liquidaciones y sanciones tributarias que se anulan. En el despacho lo vemos cada día. Sin embargo, una cosa es ésa, y otra, muy distinta, pretender que el funcionario que tramitó el expediente (o la Agencia Tributaria a la que representa) responda de los daños o perjuicios causados al contribuyente, indemnizándole.

Los Tribunales suelen considerar que el contribuyente tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias de las comprobaciones tributarias. Y ello, cuando la Administración ha actuado con criterios razonados y sin atisbo de arbitrariedad.

Mal vamos si el único supuesto en el que la Administración responderá de los daños ocasionados a los contribuyentes, por comprobaciones declaradas flagrantemente ilegales o nulas de pleno derecho, solo es que éstas se hayan realizado con atisbo de arbitrariedad. Se trata de un listón muy bajo, una auténtica pantomima, que en la práctica se traduce en la impunidad total de la Administración Tributaria.

Ello nos lleva a preguntarnos, como ya hicimos en una entrada anterior de este blog, hasta cuándo seguirá la Administración Tributaria sin responder del daño que hace a los contribuyentes…

José María Salcedo es abogado y socio de Ático Jurídico. Especialista en la interposición de recursos contra Hacienda, es autor de la "Guía práctica para recurrir frente Hacienda" y también de la "Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal".