Información sobre vivienda y economía

Se vuelve a poner de manifiesto la preferencia por los inquilinos

El Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que en el alquiler no iba a dejar a nadie atrás, pues bien, ya hay un colectivo, el de propietarios particulares, que pueden quedarse atrás en las ayudas, es más, ni figuran en ellas. El reciente Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, es tan garantista con los inquilinos que se ha olvidado totalmente de los propietarios, y éstos dependen cien por cien de la voluntad o buena fe de los inquilinos para recibir la renta de alquiler, que por contrato, les corresponde cobrar de forma puntual.

Esta es la diferencia entre ir a rescatar al alquiler o ir a rescatar a los inquilinos, cuando lo haces de forma asimétrica pensando solo en los inquilinos, se producen escenarios donde casi siempre tiene las de perder el propietario particular: primero viendo que, en el mejor de los casos, ante la avalancha de solicitudes, las ayudas vía ICO llegarán tarde a los propietarios, segundo si los inquilinos reciben dichas ayudas y deciden no destinarlas al alquiler, sino a cubrir otras necesidades que consideren más básicas, este caso los propietarios tampoco recibirán las rentas. Y tercero: si el inquilino decide directamente no pagar y no solicitar ninguna ayuda, se encontrará amparado legalmente durante seis meses, sin consecuencias, pero el propietario se quedará sin cobrar las rentas.

También podría haber un cuarto supuesto, y es cuando el inquilino al solicitar la ayuda no cumple con los requisitos exigidos, por ejemplo porque tiene una vivienda en la costa o los ingresos de la unidad familiar superan por muy poco el IPREM, en ese caso el inquilino no recibiría ninguna ayuda y el propietario se quedaría sin cobrar la renta y sin ninguna garantía. 

Como podemos ver, el Real Decreto combina tres importantes medidas, que pueden dar lugar a que la renta de alquiler, en el mejor de los casos llegue tarde, y en el peor que no llegue nunca: la suspensión de los desahucios por un período de seis meses, la prórroga obligatoria de los contratos también durante seis meses, y por último, el que todas las ayudas al alquiler del Decreto van canalizadas a través de los arrendatarios, para que estos con posterioridad se las hagan llegar a los arrendadores.

Basta con que se rompa esta cadena de transmisión, porque el inquilino decida, de motu propio, no pagar la renta durante seis meses, o no solicitar al propietario ningún fraccionamiento o aplazamiento para el pago de la renta  (como requisito previo que exige el Decreto para poder gestionar las ayudas vía ICO). También el inquilino puede solicitar las ayudas y que no se las concedan por incumplir los requisitos que se exigen. Al final nos encontraremos en un limbo legal donde al inquilino no le puede pasar absolutamente nada, mientras el propietario sufriría directamente el impago de las rentas sin poder hacer nada, porque el Real Decreto no ha contemplado ningún canal directo de ayuda a la otra parte del alquiler, los propietarios.

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler pedimos con urgencia al Gobierno que subsane este hueco en el Real Decreto y abra una vía para que los propietarios puedan cobrar de forma inmediata cuando se produzcan impagos, habilitándoseles una vía de ayuda para que los propietarios particulares reciban de forma directa esas rentas impagadas sin depender de las gestiones que realicen los inquilinos.

José Ramón Zurdo Orihuela es Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, abogado especialista en arrendamientos urbanos y árbitro del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid.