La instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios mejora la accesibilidad del edificio, pero no está exenta de conflictos cuando afecta a elementos privativos. Es lo que ha ocurrido en un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Navarra, cuya sentencia refuerza un criterio ya consolidado en la jurisprudencia menor sobre hasta dónde puede llegar la indemnización por ocupar parte de un local. En su resolución reconoce que existió un exceso de ocupación respecto a lo pactado, pero de apenas 0,20 metros cuadrados, al ser la única superficie cuya invasión ha quedado acreditada con suficiente claridad.

Durante años, miles de compradores de vivienda sobre plano se han hecho la misma pregunta: ¿qué pasa con el dinero adelantado si la promoción nunca llega a construirse? En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha dado respuesta y refuerza una idea clave: el banco puede verse obligado a devolver las cantidades anticipadas cuando, por las circunstancias del ingreso, podía identificar razonablemente su carácter y aun así no actuó con la diligencia debida. Según el alto tribunal, la responsabilidad de la entidad no es automática, pero tampoco es un simple intermediario, sino que tiene un deber de control.

La Audiencia Provincial de Baleares vuelve a poner el foco en uno de los conflictos vecinales más habituales: el uso privativo de elementos comunes. En una sentencia de 15 de julio de 2025, concluye que los propietarios de un ático no pueden adueñarse de la azotea del edificio ni convertirla en terraza de uso exclusivo si no existe un título que lo permita. Y va un paso más allá: obliga a los dueños a costear y ejecutar la restitución del espacio a su estado original.

Pagar las cuotas pendientes de la comunidad no siempre cierra el problema. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria ha puesto el foco en una situación muy habitual: propietarios que saldan sus cuentas… pero lo hacen tarde. El tribunal concluye que ese retraso puede salir muy caro, ya que los gastos generados para reclamar la deuda siguen siendo exigibles, aunque el importe principal se haya abonado, ya que forman parte del perjuicio causado al resto de vecinos.

Una de las dudas más frecuentes cuando una pareja se divorcia es qué ocurre con una vivienda cuando uno de los cónyuges la compró antes de casarse, pero siguió pagándola durante el matrimonio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse al respecto y su decisión es relevante para miles de parejas que adquirieron un inmueble en soltería y terminaron utilizándolo como domicilio familiar. El alto tribunal ha dictaminado que no todo lo que se paga durante el matrimonio se considera automáticamente dinero común. Para determinar qué parte es ganancial, es imprescindible analizar el origen y la titularidad real de los fondos utilizados.

¿Puede una comunidad decidir que algunos propietarios no paguen el ascensor y que el resto asuma el coste? El Tribunal Supremo acaba de despejar esta duda en una sentencia que refuerza una idea cada vez más consolidada: este tipo de instalaciones permiten cierta flexibilidad en el reparto de gastos si están directamente vinculados a la obra, aun cuando suponga que ciertos vecinos paguen más que otros. El caso parte de un edificio situado en Pamplona, donde la junta acordó exonerar del pago a tres propietarios cuyos trasteros debían ser ocupados para instalar el elevador, al ser la única alternativa técnica viable. Sin embargo, otros copropietarios impugnaron el acuerdo al considerar injusto tener que asumir el sobrecoste derivado de esas exenciones.

¿Puede el Ayuntamiento entrar en tu casa si te niegas? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a poner sobre la mesa un tema delicado: hasta dónde puede llegar la Administración cuando choca con un derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio. El caso parte de unas quejas vecinales por olores y animales, pero acaba fijando criterios muy esclarecedores y, sobre todo, deja claro en qué situaciones puede considerarse necesaria la entrada en una vivienda. Puede no sre la opción más cómoda, pero en este caso era la medida más eficaz para comprobar la situación real.

Cambiar de dueño no significa empezar de cero. En muchos sectores, los traspasos y relevos empresariales son habituales, y la ley impone ciertos límites cuando detrás hay trabajadores. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, donde dictamina que cambiar de jefe no convierte al trabajador en principiante. Si la actividad continúa con normalidad, no puede imponerse un nuevo periodo de prueba. Por tanto, quien pasa a dirigir el negocio quedará subrogado en las relaciones laborales existentes y no podrá tratarlas como si comenzaran de cero.

No recoger una carta certificada no sirve para evitar el pago de las cuotas cuando la comunidad acredita un intento válido de notificación. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Pontevedra en una sentencia que vuelve a poner el foco en una de las cuestiones más habituales en el ámbito vecinal: la morosidad. El fallo confirma la condena a un propietario al pago de más de 3.700 euros y refuerza una idea clave: cuando se cumplen los requisitos y el acuerdo no ha sido impugnado en plazo, la deuda es exigible aunque el vecino alegue que no recibió las notificaciones.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar los límites en materia de propiedad horizontal, confirmando que una propietaria deberá reconstruir un muro trasero (integrante de la fachada y del cerramiento del edificio) que demolió sin permiso para unir sus locales con una nave colindante. La sentencia aclara hasta dónde llega la flexibilidad permitida en las obras de este tipo de inmuebles y cuándo entra en juego la obligación de contar con el visto bueno de la comunidad, poniendo el foco en tres cuestiones clave: los elementos comunes, la configuración del edificio y la conexión entre fincas de distintas comunidades.