Housers no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por eso la compañía se ha visto obligada a eliminar las siglas PFP (Plataforma de Financiación Participativa) de su denominación social. Es decir, legalmente no es un 'crowdfunding'. Además, su manera de funcionar es peculiar: sus dueños son administradores en varias de las sociedades propietarias de los inmuebles en los que animan a invertir. Pueden hacer pagos, adquisiciones, reformas de los inmuebles o, incluso, solicitar un préstamo hipotecario en nombre de la sociedad sin necesidad del visto bueno del resto de los inversores, lo que supone un conflicto de intereses y va en contra de lo que dice la Ley de Financiación Empresarial.
