La expropiación forzosa está regulada por ley, y permite a la Administración privar a particulares y entidades de sus bienes y derechos por razones de utilidad pública o interés social, aunque debe de indemnizarles por ello. Repasamos cómo funciona el proceso, quiénes participan, qué plazos maneja la normativa y qué se puede hacer ante un procedimiento de este tipo.