La entrada en vigor de la ley del alquiler el año pasado trajo cambios como la ampliación de la duración de los contratos, que pasaron de tres a cinco años para los arrendadores particulares y a siete años para las empresas, y ligar la subida de las rentas al IPC. Sin embargo, los arrendadores están usando triquiñuelas para burlar dichas condiciones, como ampliar el tamaño de la vivienda para que no se pueda aplicar la LAU, empezar a cobrar el garaje a partir del cuarto año o inventarse un divorcio o la emancipación de los hijos para recuperar la propiedad. Repasamos algunos casos concretos.