Actualización renta alquiler vivienda

El pasado jueves 8 de octubre entró en vigor el primer decreto de vivienda que contiene medidas de gran calado para los propietarios de viviendas en alquiler, como son la prórroga de dos años, la regulación del alquiler de temporada, de habitaciones o el límite del 2% a la actualización de las rentas. No obstante, aún debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con mayoría para que salga adelante después de que el PNV ya ha dicho públicamente que lo apoyará. El abogado Santiago Thomás de Carranza señala, además, que este decreto también trae novedades como que las reparaciones ordinarias de un piso de alquiler deberá pagarlas también el propietario o que las viviendas suntuarias (con más de 300 m2) también están sujetas a estos cambios normativos.

Tanto si eres propietario como inquilino de una vivienda en arrendamiento de larga duración y te toca la renovación anual del contrato debes conocer la tasa que se va a aplicar para la actualización. Con los datos de agosto, los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, tendrán una subida anual de la renta del 2,47% (IRAV). Sin embargo, para los alquileres anteriores a mayo de 2023, el incremento alcanza el 4,3% (IPC), la mayor subida registrada desde febrero de 2023. Se trata de la mayor diferencia entre ambos índices, lo que se traducirá en una diferencia de más de 200 euros anuales de media.

Sí, un casero te puede subir de golpe varios años de alquiler que no había actualizado. Los propietarios que durante varios años no hayan actualizado la renta de sus inquilinos pueden tener la posibilidad de aplicar ahora las revisiones pendientes, pero bajo ciertas condiciones. La cláusula de actualización en el contrato es clave. Si el contrato sí permite revisar la renta, el propietario puede aplicar de forma acumulada las actualizaciones que no realizó en años anteriores, con un máximo de cinco años. Tanto IRAV como IPC se pueden acumular.

Que un contrato de alquiler diga que el inquilino asumirá los gastos de comunidad no siempre significa que el propietario pueda reclamárselos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige que este documento indique su importe anual en el momento de la firma. De no cumplirse este requisito, el pacto puede ser ineficaz y el arrendador no podrá repercutir esos gastos, tal y como recuerda la Audiencia Provincial de Baleares en una sentencia. El contrato debe concretar el importe anual y que la actualización no puede aplicarse con efectos retroactivos.

Los índices de referencia que se aplican en la subida anual de los contratos de alquiler permanente en vigor han registrados sus mayores tasas de los últimos meses. Por un lado, el IPC (3,6%) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, su cifra más alta desde mayo de 2024, mientras que el índice IRAV creció cinco centésimas hasta el 2,49%, su mayor dato desde que en enero de 2025 se convirtió en referencia para los contratos firmados tras la Ley de Vivienda (mayo 2023). Las nuevas rentas subirán de media en el próximo mes a partir de 290 euros al año.

Un mes más, el INE publica el Índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler (IRAV), que se aplica a los pactos entre propietario e inquilino que se han formalizado tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, y que en esta ocasión se modera a un 2,44%, tras alcanzar máximos el pasado mes de mayo. Este índice se publica a la vez que el IPC, que sigue siendo la referencia general en los contratos de arrendamientos previos a mayo de 2023: la inflación cerró junio al 3,2%.

El INE ha confirmado que la inflación se situó en mayo en el 3,2%, en línea con el dato de abril, lo que servirá a los contratos firmados antes de mayo de 2023 para actualizar su renta anual con el IPC. Mientras, el Índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler (IRAV), el aplicado a los contratos de arrendamiento que se formalizaron tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, ha alcanzado el 2,48%, máximos desde que empezó a aplicarse en 2025.

Los contratos de alquiler que en breve tengan que aplicar su revisión anual en la renta se librarán de la fuerte subida que han experimentado tanto el último índice mensual de referencia del alquiler (IRAV), que sirve de referencia para los arrendamientos firmados tras la Ley de Vivienda y ha alcanzado el 2,47% en marzo; como del IPC, que se ha situado en el 3,4%, impulsado por la subida de los carburantes. El motivo es que en la mayoría de los casos se aplicará el tope del 2% que incluyó el Gobierno en el Real Decreto-ley 8/2026, junto con la prórroga de los contratos de alquiler, lo que supondrá un encarecimiento medio de 20 euros al mes durante un año. En la siguiente actualización, y si decae el texto en el Congreso, volverían a aplicarse el IRAV y el IPC.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de una empresa al Estado español de una indemnización de 631.000 euros por daños y perjuicios causados por la limitación a la actualización de las rentas al 2% en 2022, 2023 y al 3% durante 2024. El alto tribunal avala esta limitación al considerar que buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los inquilinos vulnerables y que no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.

Nueva subida anual para los contratos de alquiler de vivienda permanente que se realizará por debajo de la tasa de inflación. El último índice IRAV, que publica el INE y correspondiente al mes de junio, aplicará una subida del 2,1% a los contratos firmados después del 26 de mayo de 2023. De media supondrá una subida de 230 euros anuales. Para los arrendamientos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, se seguirá aplicando el pacto entre las partes, generalmente con un incremento vinculado al IPC, que en el sexto mes de año cerró en el 2,3%.

Los contratos del alquiler permanente firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023 a los que les toque su renovación anual (si consta en el contrato) podrán aplicar una subida del 1,99%, tras es último índice IRAV que publica el INE, correspondiente al mes de mayo. Este incremento de la renta supondrá un aumento de unos 215 euros al año, repartidos en las 12 mensualidades. Para los arrendamientos previos a mayo de 2023, se seguirá aplicando el pacto entre las partes, que por lo general actualiza la renta anual con el IPC, cuyo último dato publicado del quinto mes del año fue del 2%.

Cambiar de piso de alquiler por otro arrendamiento puede resultar más caro. Según el Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE, los arrendamientos en España subieron un 2,6% en 2023, una décima menos que frente a 2022. Aunque son datos de hace dos años, destacan que los nuevos contratos incrementaron sus precios un 4,1%, hasta 1,7 puntos por encima de los contratos existentes en ese momento (2,4%). Las principales diferencias entre la firma de un nuevo alquiler y la renovación se dieron en Baleares (2,9 pp), Comunitat Valenciana (2,4) y Canarias (2,2).

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, añadió dos nuevos conceptos al mercado del alquiler habitual: el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) y el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. Aunque puedan parecer similares, los índices de precios del alquiler para un nuevo contrato de arrendamiento (en zonas declaradas como tensionadas) como para la renovación anual de un alquiler en vigor, son distintos. Te explicamos en qué consiste cada uno.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha fijado el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda habitual en el 2,19%, nueve centésimas menos que la cifra anterior (2,28%) e inferior al IPC de enero (2,9%). El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI) califica esta subida como “muy moderada teniendo en cuenta la inflación, el incremento de los precios de compra de viviendas y la falta de oferta de alquiler en las grandes ciudades”. Además, la entidad avisa que “desincentivar a los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler es muy peligroso y provoca el efecto contrario al deseado”.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas avisa de que el nuevo índice de actualización de rentas perjudica el mercado del alquiler. Según el INE, la subida de los arrendamientos en los contratos está limitada al 2,2%, lo que supone un "desafío adicional" para los arrendadores, según los pequeños propietarios. "Este índice genera inseguridad jurídica y desincentiva la oferta, afectando directamente la accesibilidad a la vivienda. Advertimos que una congelación práctica de las rentas podría tener consecuencias catastróficas para el sector", explica la confederación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que la ausencia del nuevo índice de referencia para actualizar las rentas de los arrendamientos a partir de 2025 está generando incertidumbre entre propietarios e inquilinos. La Ley de Vivienda daba mandato al INE para tener elaborado un nuevo índice antes de finalizar este 2024, con una nueva tasa que no sufriera los vaivenes de la inflación (IPC). La compañía recuerda que "en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año, ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o con qué índice se iban actualizar", y pide al Gobierno "más anticipación, trabajo y capacidad normativa".

Con la entrada en vigor del límite a la renovación anual de las rentas, algunos inquilinos se están encontrando con la desagradable sorpresa de que el propietario quiere subirles las rentas un 5%: el 2% correspondiente a 2023, porque no le llegó a aplicar esta subida y el 3% para este año. Tanto desde Círculo Legal Barcelona como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerdan que se trata de una subida perfectamente válida porque la jurisprudencia existente en esta materia establece que se pueden acumular las subidas si no se hubieran aplicado, aunque los índices de actualización de rentas no se pueden aplicar con carácter retroactivo. 

Recientemente se han cumplido seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una normativa que ha levantado mucha polémica por intervenir el mercado mediante límites a las actualizaciones de las rentas, posibilidad de gravar más a las viviendas vacías o la creación de zonas tensionadas de

José Ramón Zurdo, director general de ANA, asegura que muchos propietarios, al ver que están perdiendo poder adquisitivo con sus arrendamientos, están utilizando distintas argucias, de carácter ilegal, para poder saltarte las medidas intervencionistas del Gobierno, en relación al tope del 2% en la actualización de las rentas. En su opinión, no es necesario, y por supuesto, nada recomendable saltarse la ley. Y sobre todo cuando existen en nuestra legislación medios y vacíos legales para sortear el tope del 2% en el alquiler y además recortar la duración de los arrendamientos: es la figura legal de la tácita reconducción.

Una de las preguntas más frecuentes que se formulan inquilinos y propietarios es cuándo se puede subir el precio del contrato de alquiler. ¿Siempre se puede? ¿Se puede incrementar la renta en cualquier momento? ¿De cuánto puede ser la subida del precio del alquiler?

La escasez de oferta de viviendas en alquiler en relación con la alta demanda sigue impulsando al alza los precios en España, "que no parecen haber encontrado su techo pese a la actual crisis inflacionista", según un informe de la aseguradora Arag. Otras claves, como la elevada regulación del mercado, con la actual limitación de la subida en la renovación de contratos, o la intención de la Ley de Vivienda de regular las rentas en zonas tensionadas, y junto al auge del alquiler turístico son algunas de las causas que explican que los alquileres alcancen en muchas zonas sus precios máximos.

En el pasado mes de julio el IPC batió récord al alcanzar el 10,8% interanual. Sin embargo, la renovación de los contratos de alquiler de viviendas sigue topada al 2% desde la entrada en vigor el pasado mes de marzo del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para beneficiar a los inquilinos afectados por la coyuntura económica actual. Para el despacho de abogados Círculo Legal Barcelona se trata de una “tramposa limitación de los precios del alquiler” porque, “pese a que la norma diferencia entre grandes tenedores y los que no lo sean, la realidad es que a ambos se les aplica la limitación”.

Desde hace tres meses y hasta finales de 2022, la renovación de los contratos de alquiler de viviendas ya no está sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sino a los decretos del Gobierno para dar respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. De facto, supone que la actualización no dependa de una inflación disparada (10,2% en junio, con el IPC adelantado), sino que se mantiene en el 2% tras aplicar como base el Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Repasamos qué es el IGC y por qué se mantiene de forma constante entre el 0% y el 2%.