alquiler temporal

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley que establece la regulación del nuevo Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos de corta duración, lo que afecta de lleno a los alquileres temporales. La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva no será hasta el 1 de julio de 2025, dando así un tiempo de transición para que empresas y administraciones se adapten adecuadamente a los nuevos requisitos. Paralelamente, ha arrancado la tramitación de una Proposición de Ley para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones, impulsada por los grupos Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, que tratará de equiparlos a la regulación de los alquileres habituales.

Este 2024 que cierra en el mercado del alquiler ha estado marcado por una intensificación de las medidas para controlar los arrendamientos. Se cumple más de año y medio de la Ley de Vivienda, con la ampliación de las zonas tensionadas que limitan las subidas de rentas en Cataluña, mientras Navarra y País Vasco han anunciado que aplicarán medidas de control. El Gobierno pondrá en marcha la Ventanilla Única Digital, que supondrá el registro de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, mientras el Congreso ha puesto en marcha cambios en la LAU para limitar los alquileres de temporada y compartidos.

El último Consejo de Ministros del año aprobó el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que entrará en vigor el próximo mes de julio y afectará a los pisos turísticos y los arrendamientos temporales o de habitaciones. Según Juan Ramón Méndez Martos, abogado especializado en alquiler turístico, esta medida se asienta sobre preceptos que son discutibles, como el impacto de estas modalidades en la oferta de alquiler a largo plazo, y entraña dificultades, como saber si el tipo de arrendamiento que se está usando se encuentra afectado por esta normativa.

El Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de una Proposición de Ley para controlar los contratos de alquiler temporales y de habitaciones, impulsada por los grupos Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Tras superar la votación, comenzará a tramitarse en comisión y se abrirá el periodo de enmiendas. El texto busca equiparar estos arrendamientos con los de vivienda habitual para desincentivar su uso y establece varias modificaciones en la LAU, como la obligación del arrendador de “justificar la necesidad de temporalidad” para los alquileres temporales, que la duración no podrá superar los nueve meses o que el inquilino puede desistir del contrato transcurrido un mes desde su formalización, previa comunicación al propietario.

El Gobierno ha puesto en marcha una reforma clave de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que busca frenar el aumento del alquiler de temporada, exigiendo pruebas de causalidad para este tipo de contratos y promoviendo una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Con estas medidas, pretende aumentar la oferta de vivienda asequible y estabilizar los precios del alquiler tradicional. Sin embargo, expertos del sector alertan de que los cambios podrían generar el efecto contrario, reduciendo la oferta y encareciendo el acceso a la vivienda. Proponen, en su lugar, incentivos fiscales para propietarios, mayor seguridad jurídica, rehabilitación de viviendas vacías y subsidios para construir vivienda asequible como soluciones más efectivas para hacer frente a la crisis de vivienda.

Esquerra Republicana ha vuelto a registrar en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y habitaciones que hace un mes presentó Sumar junto a otros socios parlamentarios y tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. La nueva proposición de ley con algunas modificaciones respecto al texto anterior, como elevar de seis a nueve meses el periodo máximo de los contratos de este tipo de arrendamientos o permitir que las CCAA hayan desarrollado legislación propia puedan aplicar su normativa para respetar la división competencial. Mientras, el Gobierno prepara un registro de los alquileres de corta duración.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en Consejo de Ministros el Real Decreto que regula los alquileres de corta duración, donde se incluyen el alquiler turístico, de temporada o los de habitaciones, y que pretende estar en vigor antes de final de año. La normativa desarrolla la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para que las viviendas que quieran arrendarse en alguna de estas opciones obtengan un número de registro para poder comercializarse en las plataformas de gestión.

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), explica en esta entrevista las consecuencias que está teniendo la Ley de Vivienda en el mercado y que no ve necesario regular los alquileres temporales como pretende el Gobierno, puesto que los tribunales ya han aclarado las condiciones que deben darse para que sean considerados como tales. También cree que el uso de garantías públicas animaría a los propietarios a sacar viviendas a precios asequibles, defiende las ventajas de la gestión profesional y descarta una bajada de las rentas ante la inseguridad jurídica.

La socimi de Bestinver, Smart Living Properties, ha adquirido un edificio de oficinas en Madrid, concretamente en el céntrico distrito de Chamartín, para cambiar su uso y convertirlo en un inmueble destinado al modelo de 'flex living', basado en alojamientos de corta duración. La compañía ha recalcado que con esta inversión pretende "impulsar soluciones de alojamiento que buscan crear espacios versátiles, dotados de servicios y enfocados en crear comunidad", y diversifica su cartera, compuesta por una residencia de mayores y otra de estudiantes en Alicante y Santiago de Compostela, respectivamente.

El PSOE apoyará en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y BNG que regula los alquileres de temporada y de habitaciones, por lo que, en principio, los votos de PNV y Junts se tornan cruciales para su tramitación. Estos partidos de izquierdas piden limitar a un máximo de seis meses los arrendamientos de temporada, además de limitar la fianza que se puede cobrar y reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos a los de un alquiler tradicional.

Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, y los aliados parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y BNG llevarán la próxima semana al Pleno del Congreso una proposición de ley para regular los alquileres de temporada. Entre las propuestas está su limitación a un máximo de seis meses, así como limitar la fianza que se puede cobrar y reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos a los de un alquiler tradicional. El objetivo es desincentivar su uso y evitar fraudes que permitan sortear la Ley de Vivienda.

La situación laboral actual, en la que el teletrabajo está muy implantado en la sociedad, ha permitido a muchos trabajadores ejercer su profesión desde cualquier punto del mundo. Esto ha provocado que los conocidos nómadas digitales, viajen por el mundo a la vez que trabajan, por lo que necesitan una estancia temporal sin ataduras y con flexibilidad. Por ello, la consultora inmobiliaria Home Select, ha publicado un estudio en el que asegura que estos nómadas digitales representan un tercio del alquiler de temporada en España. Los inmuebles preferidos suelen ser estudios y apartamentos de uno o dos dormitorios y ubicados en Madrid, Barcelona o Málaga.

Los propietarios de inmuebles de vivienda interesados en rentabilizar su propiedad han mirado de forma tradicional al mercado de alquiler. Y como alternativa al alquiler tradicional, surgen alternativas que han tenido un importante auge en los últimos tiempos, como son el arrendamiento de temporada o el turístico. Sin embargo, el foco normativo y social sobre los pisos turísticos ha hecho que muchos propietarios estén planteándose qué hacer con sus viviendas para seguir rentabilizándolas. El abogado José Ramón Méndez explica que el alquiler de temporada se erige como una alternativa viable y flexible frente a la rigidez normativa y operativa del alquiler vacacional.

La Ley del IRPF prevé en su artículo 23.2 una reducción aplicable al rendimiento neto del capital inmobiliario obtenido por el arrendamiento de vivienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria viene aplicando desde hace años un criterio muy restrictivo en relación con dicha reducción, permitiéndola únicamente en el caso de contratos de arrendamiento de vivienda tradicionales, en los que la vivienda será la habitual y permanente del arrendatario. Por ello, deniega la aplicación de la reducción en el caso de contratos de 10 meses a estudiantes, que muchas veces vuelven a formalizarse cuando vuelve a empezar el curso académico. Sin embargo, el abogado fiscalista José María Salcedo da esperanzas al asegurar que varios Tribunales están permitiendo al contribuyente aplicarse este beneficio fiscal.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Registro estatal de pisos turísticos y de alquileres temporales no conllevará gastos y estará listo a finales del próximo año a más tardar. En este registro único deberán estar todos los alojamientos de corta duración, que incluirá pisos turísticos, viviendas de alquiler de temporada, los arrendamientos por habitaciones y también las embarcaciones flotantes destinadas a vivienda. Será el propietario el que tenga que incorporar esos datos al registro y que las plataformas deberán chequear que efectivamente estos datos son correctos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que el objetivo del grupo para el estudio de los modelos de alquiler de temporada es dotar a las administraciones autonómicas y locales de las "herramientas necesarias" para perseguir el fraude en este tipo de actividades. La propia ministra destacó que una de las primeras conclusiones de este grupo fue que hay una ausencia de datos que permitan trabajar a las administraciones "con rigor".

La Diputación Permanente del Parlament derogó el pasado jueves el decreto del Govern que pretendía ampliar la contención de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales, salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, con los votos en contra de Junts, Vox, Cs y PP, la abstención de PSC-Units, y solo los votos a favor de ERC, CUP y Comuns. Este Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) queda, por lo tanto, suspendido, mientras los partidos negocian la formación del nuevo gobierno catalán.

Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos consideran que la intervención de los contratos temporales de alquiler no va a facilitar "en absoluto" el acceso al mercado del alquiler de familias con rentas bajas y supondrá un elemento más de distorsión que afectará a la oferta de alquiler, ya de por sí "insuficiente". Tras la segunda reunión entre Gobierno y sector inmobiliario para abordar el aumento de este tipo de arrendamientos, los pequeños propietarios han recalcado que la actual legislación es "suficiente" para regular los alquileres temporales y no ven sentido incorporarlo a la LAU.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha anunciado que formará parte del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Vivienda que pretende regular los alquileres de temporada, que estará formado por distintos actores del sector. Así, el sector inmobiliario y el Gobierno elaborarán una propuesta de regulación para combatir la reducción de la oferta de alquiler de vivienda habitual y garantizar que esta fórmula se utiliza exclusivamente para las finalidades a las que va destinada, como atender las necesidades residenciales de estudiantes o trabajadores desplazados temporalmente.

El alquiler por temporada está siendo uno de los principales protagonistas del sector residencial desde la aprobación de la Ley de Vivienda y en el tercer trimestre alcanza ya el 10% de todas las casas en el mercado, según el estudio de idealista, tras dispararse su oferta un 39% entre julio y septiembre. El auge de estos arrendamientos, que se suelen firmar por menos de un año, ha provocado un descenso de la oferta de alquiler de larga estancia (-12%). Algunas de las mayores caídas se han dado en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria (-42%), Bilbao (-32%) o Madrid (-26%), y todavía por encima de la media están Sevilla, Málaga, Valencia, San Sebastián o Barcelona.

El alquiler de viviendas o habitaciones por meses gana terreno en el mercado. Este modelo, sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) está captando cada vez más interés, gracias a que es un modelo rentable para el propietario y no se ve afectado por medidas como el tope del 2% a las rentas en las revisiones anuales. No obstante, exige mucha gestión por la alta rotación de los arrendatarios y prestar atención a las cláusulas del contrato.

La Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) estima que este negocio perderá 2.900 millones hasta finales de 2020 por el covid-19. Algunos propietarios de estas viviendas han aterrizado en el alquiler temporal a modo de “supervivencia” para cubrir los costes de las hipotecas y de los gastos derivados del piso. Ofrecen contratos amparados en la ley de seis meses a un año, en muy buenas localizaciones y con precios muy competitivos para seducir a trabajadores extranjeros desplazados a España o a estudiantes.