Canon vivienda vacía

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dudan de algunas de las nuevas reducciones en el Impuesto de la Renta (IRPF) incluidas en la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, ya que consideran que no serán eficaces para aumentar el parque residencial en arrendamiento: "Se sobrevaloran los efectos de los incentivos fiscales para promover políticas públicas". Por su parte, el Consejo General de Economistas (CGE) descarta que aumentar el coste fiscal de los inmuebles vacíos para que los propietarios pasen a ofrecerlos alquiler sea eficiente, porque en la mayoría de los casos son segundas residencias o casas en los pueblos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la proposición de ley que ha presentado su grupo en la Cámara Baja para subir los impuestos a los pisos turísticos y bajárselos a los caseros que alquilen sus inmuebles a precios asequibles frente a las críticas que han vertido sus socios de Sumar y Podemos. López ha comentado que mientras que a sus socios de izquierda no le gustan las bonificaciones a los propietarios, a los partidos de derecha no les gusta aumentar los gravámenes a los pisos turísticos.

El PSOE ha registrado una proposición de Ley que incluye una subida del IVA a los pisos turísticos al 21%, para que tributen como actividad económica, así como aumentar los impuestos sobre la vivienda vacía y modificar el régimen de tributación de las socimis, que subiría al 25% si no promueven vivienda de alquiler asequible. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que ha detallado que también se creará un nuevo impuesto estatal para gravar la compra por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, y se extenderán las bonificaciones en el IRPF por rentas por debajo de mercado en zonas que no se hayan declarado de mercado tensionado.

La localidad guipuzcoana de Azpeitia se ha convertido en la primera de Euskadi en aplicar un canon a las viviendas vacías. Tras informar de la situación del inmueble, se dará un mes de plazo a los propietarios para acudir a la Oficina de Vivienda del municipio para hablar de la posibilidad de ponerlas en alquiler. Quienes decidan mantener sus casas vacías, tendrán que pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado anual, con un incremento del 10% en los próximos años. Según datos que maneja el Ayuntamiento, hay 563 casas vacías en el municipio.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno para afrontar el problema de acceso a la vivienda en España es movilizar vivienda vacía, para lo que ve necesario "incentivar a los pequeños propietarios" a que la pongan en el mercado del alquiler habitual. Además, ha recordado que el objetivo es hacer posible que haya una mayor oferta residencial y más vivienda pública asequible, y ha desglosado otros grandes problemas ante la falta de acceso a la vivienda en España: poco suelo finalista, escasa obra nueva y los alquileres turísticos.

Alrededor del 5,5% del parque de viviendas en Inglaterra y Gales está “realmente desocupado”, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido. Esto equivale a unos 1,5 millones de viviendas, mientras que otras 172.800 unidades están clasificadas como segundas residencias. Algunos expertos recomiendan aplicar mayores tasas a este tipos de acciones, para favorecer al mercado de compraventas.

Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aparecerán nuevos términos como los de vivienda asequible incentivada o las zonas de mercado residencial tensionado, que se centrará, sobre todo, en el alquiler. Se consolida la diferencia entre gran tenedor y pequeño propietario de vivienda y se establecen normas para la intermediación inmobiliaria o la ampliación del parque público de viviendas.

La Ley por el Derecho a la Vivienda ya es una realidad, pero no todas las medidas van a entrar en vigor de manera inmediata. La normativa con más cambios en el mercado residencial de los últimos tiempos llega con uno de los temas más polémicos para el sector: el tope a los alquileres y las zonas tensionadas. Desde el 26 de mayo de 2023, los intermediarios están obligados a suministrar datos sobre las viviendas y sus propietarios, mientras que las nuevas reducciones fiscales se activarán el 1 de enero de 2024, y no tendrán efecto en la renta hasta 2025. El límite a las rentas es una de las muchas medidas que, sin embargo, todavía están pendientes de activación, al estar supeditada a que las CCAA declaren zonas tensionadas de precios. Una declaración que exige una larga lista de condiciones y trámites.

La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.

Nuevo paso delante de la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos, que tras un año encallada en el Congreso de los Diputados resurge a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A falta de la votación en el Senado, la normativa trae el control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y la reducción de la declaración de gran tenedor a cinco pisos en esas áreas de precio limitado. La oposición y el sector destacan que se olvida de los okupas y alejará a la oferta en arrendamiento.

La Comunidad Valenciana ha aprobado dentro de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2023 un impuesto a las viviendas vacías de aquellos tenedores con más de 10 inmuebles. En concreto, multarán a aquellos propietarios con casas que no estén en venta ni en alquiler o en cesión de uso durante seis meses. En caso de que la vivienda esté deshabitada, la norma establece directamente multas mensuales.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por BBVA contra los 3,3 millones de euros que tuvo que abonar en 2016 por las viviendas vacías de su propiedad situadas en Cataluña. La entidad alegó que el impuesto de la Generalitat era contrario a la Constitución y al Derecho de la UE.

el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que empezará a aplicar a partir de 2023 un recargo del 30% en el impuesto del IBI para todas aquellas viviendas que se mantengan vacías y cuyos propietarios sean grandes tenedores, es decir, quienes tengan 10 o más inmuebles residenciales. Desde el año pasado, los grandes propietarios de viviendas en la Comunidad Valenciana tienen que comunicar cada seis meses los pisos vacíos con los que cuentan.

Los propietarios de los pisos del País Vasco que estén vacíos durante más de dos años sin una causa justificada deberán pagar un impuesto anual de 10 euros por m2. Los ayuntamientos harán el seguimiento de estos inmuebles y sancionarán. El último estudio autonómico cifra las casas vacías en más de 20.000 unidades. En los casos más extremos, donde haya necesidad de vivienda en zonas tensionadas, se habilita la posibilidad del alquiler forzoso o la expropiación.

La capital francesa incrementará los impuestos sobre las viviendas vacías como medida para fomentar que salgan al mercado de alquiler residencial. Estas casas ya pagan un IBI especial del 20%, y a lo largo de 2017 aumentará hasta el 60% en los principales barrios.

La Ley de Vivienda en Euskadi, que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y contempla la expropiación temporal de pisos vacíos a los bancos, llega al Parlamento donde saldrá adelante con el apoyo de PSE-EE, EH Bildu y UPyD y el rechazo PP y el PNV, partido en el Gobierno.

Iñaki arriola, consejero de vivienda del País Vasco, ha defendido la aplicación de un canon sobre las viviendas vacías de la región, tal y como propone el anteproyecto de ley de vivienda autonómico.