covid-19

La búsqueda de pisos en idealista ha variado durante el primer mes del estado de alarma en España. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, el peso de la demanda de usuarios procedente del extranjero creció dos puntos frente al mismo periodo antes del confinamiento, para situarse cerca del 15% del total. En provincias como Alicante, S/C de Tenerife y Baleares, donde el peso de los foráneos en el mercado residencial ya era importante ante de la crisis, ha aumentado durante el confinamiento.

En esta crisis actual están surgiendo dudas en las comunidades de propietarios sobre la legalidad en la divulgación de datos personales de vecinos que pueden estar contagiados por el covid-19, con el fin de poder adoptar medidas de prevención extraordinarias, por ejemplo, la desinfección de zonas comunes (portal, escaleras, etc.). Juanjo Bueno, dircom de CAFMadrid, asegura que en esta situación excepcional se pueden tratar daros de salud sin necesidad del consentimiento del interesado, con el fin de controlar la pandemia.

Las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, referentes a la posibilidad de que los niños puedan salir a las zonas comunes de los edificios a partir del próximo domingo 26 de abril, con arreglo a las normas que establezca cada comunidad de propietarios, ha levantado una gran polvareda. Los administradores de fincas de Madrid aseguran que no se puede garantizar una salida segura sin instrucciones de las autoridades sanitarias.

Rebeca Pérez, consejera delegada de Invertis, explica su experiencia al frente de una empresa inmobiliaria en pleno confinamiento. La directiva explica cómo está operando con su empresa en plena cuarentena y cómo ser una 'proptech' ha sido una clave para poder hacer frente al parón del sector.

Un estudio elaborado por Institute of Certified Management Accountants sitúa a España como el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria derivada del covid-19.

AMADEI (Asociación madrileña de empresas inmobiliarias) considera que la moratoria en el pago del alquiler de locales de negocio aprobada por el Gobierno es insuficiente. Considera que no hay necesidad de pagar las rentas de locales, oficinas o naves que no se pueden utilizar por el cierre al público al ser considerados negocios no esenciales. Por ello, pide directamente una exoneración de la renta con cargo a fondos públicos.

Enmarcado en el especial "Los profesionales, al detalle" AProperties asegura que la crisis del coronavirus les ha obligado a frenar en seco y seguir, de la mejor manera posible, con su actividad sin grandes aspavientos. Armando Lasauca, consejero delegado de Aproperties, dice que ahora sus esfuerzos están puestos en la salida del confinamiento y atisba que la recuperación no se materializará antes de 2021.

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aconseja a los contribuyentes que no se fíen de la legislación paralela que aprueba la Agencia Tributaria, mediante notas informativas o preguntas frecuentes en su página web. Sólo lo publicado en el BOE cuenta. Porque, tal y como asegura el experto, la Agencia Tributaria suele hacer interpretaciones de leyes o reglamentos que sólo reflejan su voluntad, por lo que no deben ser seguidas ni por contribuyentes ni por los tribunales.

Una de las precauciones que tomarán los operadores del sector del alquiler, en concreto los grandes tenedores, será la contratación de los seguros de impago de rentas de alquiler “en masa”. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los expertos en el marco del Observatorio Español del Seguro de Alquiler.

La tipología de nuestro parque de viviendas está marcando la forma en que los españoles viven el confinamiento provocado por el estado de alarma.

El encierro forzoso y la privación de la libertad de movimiento a la que estamos sometidos la mayoría nos sitúa en una experiencia nunca vivida y que nos cambiará para siempre. Así lo cree Ignacio Ortiz, director de investigación de Mercados de Activum. En su opinión, el tipo de vivienda que se demandará va a cambiar y habrá preferencia por las casas unifamiliares o pisos con terrazas.

La pandemia provocada por el covid-19 ha supuesto la paralización de operaciones inmobiliarias de diversa índole. Una de ellas es el contrato privado de compraventa con arras de una vivienda que se firmó antes de esta crisis.

Aunque el Gobierno todavía no ha aprobado ninguna normativa que contemple ayudas para que autónomos y empresarios puedan pagar el alquiler del local que mantienen cerrado, como consecuencia de la crisis del covid-19, lo cierto es que tiene una borrador sobre la mesa para aprobar medidas de apoyo. Mientras tanto, Gestha recuerda que el IVA se sigue devengando en el momento en el que, según lo pactado en el contrato por las partes, la renta es exigible por el propietario.

El Banco de España prevé, en el peor de los escenarios, una contracción de la economía española de hasta el 13,6% para este año en caso de que el confinamiento se prolongue durante 12 semanas y de que parte de la actividad económica siga paralizada hasta final de año.Además, el Banco de España no de

Sant Cugat del Vallés, municipio perteneciente a la provincia de Barcelona y la cuarta ciudad más rica de toda España, será uno de los que mejor capeen la crisis del covid-19, según los expertos. Su urbanismo y su buena salud inmobiliaria ayudarán a reducir el impacto al mínimo y ser de los primeros en recuperarse cuando todo vuelva a la normalidad.

El Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que en el alquiler no iba a dejar a nadie atrás, pues bien, ya hay un colectivo, el de propietarios particulares, que pueden quedarse atrás en las ayudas, es más, ni figuran en ellas. El reciente Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, es tan garantista con los inquilinos que se ha olvidado totalmente de los propietarios, que dependen de la buena fe de los inquilinos para recibir la renta de alquiler, tal y como señala José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

España suma ya más de 19.478 fallecidos por el covid-19 y más de 188.000 infectados, según datos del Ministerio de Sanidad.

El Grupo Inmobiliario Alting ha realizado una donación al Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau para la creación de un Biobanco de muestras de covid-19 que contribuya a su investigación presente y futura.

Dentro del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para inquilinos afectados por el coronavirus, se encuentra la prórroga del contrato de arrendamiento de seis meses que se iniciará transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma por el covid-19. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) estima que vulnera el derecho que tiene el propietario, en caso de necesidad, de recuperar su vivienda y que además viene respaldado por una Ley General de rango mayor, como es la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Casi un mes después de decretarse el estado de alarma por parte del Gobierno y del confinamiento de la sociedad española, grandes expertos del sector inmobiliario dibujan un panorama sombrío para el mercado residencial, con caídas de precios cercanas al 10% y de compraventas, pero avisan de que para 2022 la situación podría volver a niveles previos al coronavirus y que esta crisis nada tiene que ver con la de 2008, que llevó a nuestro país a una época gris que duró años.

En pleno estado de alarma, las inmobiliarias tradicionales agudizan su ingenio para continuar facturando y amortiguar el golpe que la crisis sanitaria dejará en su cuenta de resultados. Es el caso de la catalana Fincas Cano Pujol, que en mitad del confinamiento ha conseguido cerrar la venta de pisos de obra nueva y alquiler de varios pisos sin efectuar una visita física.

El pasado sábado 11 de abril se publicó en el BOE un plan de ayudas al alquiler que ha levantado mucha polémica porque por su redacción algunos expertos han interpretado que se pueden expropiar viviendas vacías o segundas residencias de particulares. Jacobo Sánchez-Andrade, counsel del departamento de inmobiliario de Bird & Bird, descarta este extremo, pero se pregunta si la redacción del texto ha sido defectuosa o intencionadamente buscada.

Con la declaración de estado de alarma por el covid-19, los notarios se encuentran entre los servicios esenciales, pero sólo para atender asuntos que consideren de urgencia o inaplazables. Desde el Consejo General del Notariado insisten en afirmar que atenderán todas las consultas telemáticas que reciban, pero sólo atenderán personalmente aquellas solicitudes de grave urgencia. La regla es que cualquier operación que tenga una fecha límite es urgente: el contrato de arras o el arrendamiento con opción de compra.

En España hay 50.000 viviendas con menos de 30 m2 y hay más de medio millón con una superficie de entre 30 y 45 m2, según datos del INE. La escasez de espacio y la falta de luz natural o una mala ventilación complican el confinamiento de muchas familias, derivado de la crisis del covid-19. El sistema de certificación WELL está centrado en la salud y el confort de los usuarios para mejorar la habitabilidad de los hogares. Damos unos consejos para llevarlo a cabo.