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La propuesta de decreto ley sobre la paralización de los desahucios que ha llevado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión de Secretarios de Estado contempla una compensación a todos los propietarios que se vean obligados a suspender el lanzamiento por el impago del alquiler. La compensación sería el precio medio del arrendamiento en la zona donde se encuentre el inmueble. Está previsto que el texto sea aprobado por el Gobierno la semana que viene.

El pasado 27 de Octubre, con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, Pablo Iglesias declaró de forma literal “establecemos una tributación mínima del 15% para las socimi”. Curiosamente, esta medida no figura recogida en el Proyecto de Ley de los PGE para 2021. Mónica Sentieri, directora de la proptech elworking.com, habla sobre el "mareo" del Gobierno a las socimis y el negocio del alquiler.

La Agencia Negociadora del Alquiler cree que las medidas que ha tomado el Gobierno en los dos últimos años han roto el equilibrio en el mercado del arrendamiento, ya que han servido para proteger a los inquilinos y desproteger a los propietarios. Según la compañía, las intervenciones en el alquiler diluyen cualquier posibilidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas asequibles, y han colocado a los grandes tenedores en el ojo del huracán.

El Gobierno y el ICO han cerrado un acuerdo para ampliar hasta el plazo para solicitar los préstamos del ICO para pagar el alquiler hasta el 31 de mayo de 2021. Según consta en el BOE, tras esta segunda ampliación, abren la puerta a prorrogar las ayudas hasta finales de agosto. Repasamos en qué consisten estas ayudas que se activaron en primavera para ayudar a los inquilinos vulnerables en plena crisis sanitaria.

Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explica que el objetivo de las ayudas públicas "tienen que contemplar e incentivar la igualdad de género". Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, apuesta por potenciar la presencia de la mujer en la cadena de producción a través de la industrialización del sector.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de las cuentas públicas de 2021 para que pueda iniciar su trámite parlamentario. Entre los principales cambios de los Presupuestos hay subidas de impuestos, nuevas figuras tributarias, un gasto social récord y el acuerdo entre los partidos del Gobierno de activar el control de los alquileres en toda España los próximos meses. Unas medidas que han provocado una oleada de críticas por parte de los expertos, a pesar de que el Ejecutivo insiste en que son necesarias para la reconstrucción económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del techo de gasto, que marca el límite de gasto que pueden realizar las Administraciones y que se convierte en el paso previo a la tramitación de los Presupuestos de 2021. Además, ha actualizado sus previsiones económicas, marcadas por un empeoramiento para este año y una mejora de cara al próximo ejercicio. En 2020 el PIB podría caer hasta un 11,2% y la tasa de paro, superar el 17%.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) considera que el objetivo del Gobierno de ayudar a las familias vulnerables en pleno rebrote del covid-19 no se cumple al paralizar los desahucios. Cree que genera inseguridad jurídica y provocará una contracción de la oferta y de nuevas inversiones en materia de alquiler, lo que acabará lastrando el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos, y recomienda dar ayudas directas para pagar la renta. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que prolonga los impagos que sufren muchos propietarios.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprueba dos Órdenes que permiten ampliar el plazo para pedir ayudas al alquiler por el covid-19. Los microcréditos del ICO podrán solicitarse hasta el 30 de noviembre, mientras que todo el programa de ayudas a la vivienda que gestionan las autonomías queda ampliado hasta que termine el Plan de Vivienda en 2021. Estas novedades se suman a la prórroga de los contratos de alquiler, la prohibición de desahucios y la obligación de los grandes tenedores de viviendas o entidades públicas de renegociar las rentas con los inquilinos vulnerables anunciado ayer por el Consejo de Ministros.

Entre el 29 y el 30 de septiembre finaliza el plazo para que los trabajadores y autónomos afectados por el covid-19 pidan la moratoria de la hipoteca, ya sea la aprobada por el Gobierno o la alternativa de la banca, así como las ayudas al alquiler que se canalizan a través del ICO y las CCAA. Hay rumores de que el Gobierno estudia prorrogar algunas en plena segunda oleada del virus, aunque de momento se desconoce cómo y cuándo lo hará. A la espera de novedades, repasamos cada medida.

El Consejo de Ministros ha aprobado la regulación del trabajo a distancia a través de un real decreto-ley, que entrará en vigor 20 días después de su publicación el BOE. El texto solo afecta a los teletrabajadores habituales y en los casos de reorganización de las empresas, y siempre que al menos el 30% de la jornada se realice en remoto. El Ministerio de Trabajo ha adelantado que habrá muchos cambios en materia laboral próximamente.

El Colegio Superior de los Colegios de Arquitectos de España reclama medidas fiscales de urgencia para aumentar el número de rehabilitaciones de viviendas en España.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, pide a la clase política que evite pensar en las próximas elecciones y mire a largo plazo para crear el marco idóneo que permita a España sentar las bases de la recuperación económica tras el batacazo provocado por el coronavirus. La banquera considera necesaria una unidad y que las acciones económicas, sanitarias, políticas y sociales miren en la misma dirección.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra económica, Nadia Calviño, asegura que la actividad se está recuperando tras el fuerte parón que se produjo en el confinamiento y que podría crecer a un ritmo de dos dígitos en el tercer trimestre del año, aunque con diferentes ritmos en función de los sectores y las regiones. Asegura que entre julio y agosto se han recuperado más de 300.000 empleos, aunque fía la futura recuperación al control de los rebrotes de covid-19.

La asociación de trabajadores por cuenta propia ATA lanza un mensaje de alarma. Según se desprende de una encuesta que ha realizado en agosto, al menos siete de cada 10 autónomos podría cerrar el negocio o reducir su plantilla para mantener la actividad si se produce un nuevo confinamiento por los rebrotes del coronavirus. Por eso, el organismo lanza un SOS al Gobierno y le pide aplicar medidas extraordinarias que eviten cierres o despidos masivos ante el desplome de la facturación y el repunte de la morosidad.

El Gobierno desembolsará 45.000 millones de euros de las arcas públicas para hacer frente a las prestaciones por desempleo.

El Banco de España calcula que a cierre de julio la banca había aplicado la moratoria aprobada por el Gobierno a más de 221.000 préstamos con garantía hipotecaria, que incluyen viviendas e inmuebles relacionados con la actividad económica de los autónomos, y que suman casi 20.000 millones de euros. No obstante, la cifra es tres veces más baja que la de la iniciativa privada del sector financiero, de la que se han beneficiado casi 600.000 hipotecas.

El Gobierno ha aprobado una normativa que modifica la Orden 2899/2011 y que afecta a los créditos y las famosas tarjetas 'revolving', que permiten al cliente pagar una cuota fija periódica pagando unos intereses elevados y cuya duración es indefinida. A partir de ahora, las entidades deben detallar varios supuestos de pago, informar de la evolución de los créditos y cerciorarse de la capacidad de pago del cliente sin endeudarse demasiado.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado a la Comisión Europea su plan rehabilitar 1,2 millones de viviendas en España.

El Ejecutivo ha aprobado vía Real Decreto-ley nuevas medidas para impulsar la reactivación económica a las que va a destinar 50.000 millones de euros. Por un lado, amplía la línea de avales en 40.000 millones para apoyar la inversión de empresas y autónomos y, por otro, crea un fondo de 10.000 millones para apoyar la solvencia de las compañías estratégicas.

La consultora Savills Aguirre Newman asegura que el papel de la Administración Pública es fundamental en la recuperación del sector inmobiliario tras el golpe del covid-19. Explica que, más allá de la inversión, puede flexibilizar las leyes, aprobar nuevas políticas en vivienda o reducir trabas burocráticas para impulsar los cambios de uso de los inmuebles o captar más capital.

Tras sufrir varios retrasos para su puesta en marcha oficial, el índice de precios del alquiler elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se presentará durante el próximo mes de julio. Será el paso previo, como ya anunció el ministro José Luis Ábalos, para permitir a autonomías y ayuntamientos aplicar un límite a los arrendamientos en zonas con precios ‘calientes’.