El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado una estrategia a largo plazo para mejorar la situación económica y social de España. Entre las más de 200 propuestas que incluye el bautizado ‘Plan 2050’ hay varias que proponen cambios en el IRPF, Sociedades, los impuestos al alcohol y al tabaco, Patrimonio y Sucesiones, y a la fiscalidad ambiental. Entre las medidas de recomendación también están la reducción de la jornada laboral a 35 horas, aumentar la tasa de empleo y reducir el paro hasta el 7%.
El Gobierno quiere hacer fijos a 300.000 interinos que ocupan plazas estructurales en la Administración Pública. Así lo avanzó el lunes el ministro de la Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta. Además, según se recoge en el plan de modernización del sector público remitido a Bruselas, el Ejecutivo sancionará a aquellas administraciones que abusen de la temporalidad.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha anunciado la licitación de un contrato por valor de 9,5 millones de euros para ejecutar las obras de restauración, rehabilitación y reforma del palacio de Villamejor. Este palacete está situado en el número 3 del Paso de la Castellana y es la ‘casa’ del Ministerio que en estos momentos encabeza el socialista Miquel Iceta.
El Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana calcula que los casi 7.000 millones de euros que el Gobierno destinará de los fondos europeos a los planes de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana permitirán llevar a cabo medio millón de actuaciones y construir 20.000 nuevos pisos sociales de alquiler. Además, prevé la creación de 180.000 puestos de trabajo y que las inversiones reviertan 13.500 millones al PIB.
La estrategia del Gobierno financiará con los fondos europeos para la reconstrucción un total de 20 proyectos y el plan de rehabilitación de viviendas el segundo de mayor cuantía. Entre las reformas previstas destaca la nueva Ley de Vivienda, la Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido y la mejora de la financiación de las obras. En cuanto a las inversiones, quiere desarrollar viviendas sociales en edificios eficientes y fomentar la rehabilitación de edificios públicos y privados.
La vivienda vuelve a acaparar la actualidad política. En este caso son las casas que ostentan algún tipo de protección las que abarcan todos los focos y es que según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sólo el 13% de la vivienda protegida construida en el último lustro se ha destinado al alquiler. Ahora, el Gobierno pretende que por ley se dedique un 50% de este producto al arrendamiento.
PSOE y Podemos meditan establecer un recargo de entre un 75% y un 200% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a toda aquella vivienda que lleve vacía los últimos dos años. Se trata de una medida que han acordado incluir en la futura Ley de Vivienda y que los ayuntamientos podrán utilizar para movilizar las casas sin ocupar que existen en el mercado.
El 9 de mayo acaba el estado de alarma decretado el pasado 25 de octubre por el Gobierno central para controlar la expansión de la pandemia. La intención del Ejecutivo es no prolongarlo y por lo tanto existen algunas normas que dejarán de estar vigentes: el toque de queda, los cierres perimetrales, la prohibición de reuniones de más de seis personas y el aforo en los lugares de culto, entre otras.
El Instituto de Estudios Económicos afirma que en España existe un problema estructural de insuficiente garantía y protección de del derecho a la propiedad, al situarse por debajo de la media de los países desarrollados y de los vecinos europeos. Y cree que las medidas que han activado Gobierno y CCAA en materia de vivienda, como paralización de los desahucios, la permisividad con los okupas, la expropiación de viviendas vacías o el posible control de los precios solo agravan el problema, además de lastrar la inversión y reducir la oferta de pisos de alquiler.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas de apoyo a la solvencia empresarial que incluye un plan de ayudas dirigido a las empresas y los autónomos afectados por la crisis del coronavirus. Dotado de 11.000 millones de euros, cerca de 7.000 millones para pagar facturas y reducir deudas, mientras que el resto irá destinado a recapitalizar empresas y a reestructurar los créditos ICO. Repasamos a qué se pueden destinar las ayudas, qué requisitos hay que cumplir para beneficiarse de ellas y dónde hay que solicitarlas.
La nueva Ley de Vivienda, cuyo contenido está discutiendo el Gobierno de coalición, debe impulsar una relación duradera y fructífera entre propietarios e inquilinos, y crear un marco jurídico y estable para las partes si quiere lograr el objetivo de ayudar al mercado del alquiler. José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, critica la posición ideológica de Podemos y su persistencia en topar las rentas cuando éstas están bajando con fuerza.
El Consejo de Ministros ha realizado por primera vez un informe sobre los bienes inmuebles de la Iglesia católica en España, que suma 20.055 templos y 14.906 fincas. En el documento, que será remitido al Congreso, constan las inmatriculaciones (activos registrados por primera vez) que se realizaron entre 1998 y 2015 gracias a un paréntesis legal que abrió el Gobierno de José María Aznar exprofeso para la organización religiosa.
La Agencia Negociadora del Alquiler ha analizado casi una treintena de viviendas repartidas por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para medir cuál sería el impacto que tendría el índice de precios que quiere utilizar el Gobierno como base para controlar las rentas. Y el resultado es que la mayoría registrarían una subida de entre 40 y 300 euros o, lo que es lo mismo, que el alquiler sería de media un 33% más caro.
La formación morada tiene una nueva propuesta para el borrador de la próxima Ley de vivienda. En este caso, Podemos pretende calificar como gran propietario de vivienda a toda persona física o jurídica que tenga cinco o más pisos. Hasta ahora, para ser denominado gran tener hacían falta diez inmuebles, según los últimos decretos leyes aprobados desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.
José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamiento, critica que las últimas medidas del Gobierno en materia de alquiler ya que, en su opinión, aumentan la inseguridad jurídica y provocarán una huida de inversores nacionales y extranjeros, a quienes no les saldrá a cuenta dedicarse al negocio del alquiler, y pide cambiar el rumbo de las políticas de vivienda para impedir que se reduzca la oferta.
El Parlamento Europeo publicó la semana pasada una resolución que resume las recomendaciones no vinculantes de la Eurocámara a la Comisión Europea y los países miembros en materia de vivienda. A pesar de que partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que pedía a los países tomar medidas para controlar el precio de los alquileres, lo cierto es que esa medida fue eliminada de la propuesta de resolución de diciembre, tras el rechazo de los eurodiputados. Entre las 56 peticiones finalmente aprobadas destacan la necesidad de desarrollar más pisos sociales, establecer una normativa clara y ayudar a los colectivos vulnerables.
La reciente modificación del Real Decreto-ley aprobado en diciembre para paralizar los desalojos durante el estado de alarma solo ampara, según el Ejecutivo, a los hogares en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, dependientes o familias con menores o dependientes a su cargo, tengan o no contrato de alquiler. Además, insiste en que los procedimientos no son automáticos, sino que dependen en última instancia de los jueces. El sector, por su parte, lo califica de 'efecto llamada' a un fenómeno ilegal.
El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.
La pandemia ha provocado varios cambios importantes en el mercado del alquiler en menos de un año. La oferta de pisos en arrendamiento y la demanda se dispararon el año pasado cerca de un 80%, mientras que los precios registraron una caída histórica en las principales ciudades del país. De cara a este año, la clave estará en las medidas que ha tomado el Gobierno, y cuyos efectos generan inquietud entre los propietarios. Según el despacho de abogados Ático Jurídico, entre las cuestiones que más preocupan a los arrendadores está si pueden desahuciar a los inquilinos en caso de impago, cómo evitar la okupación, si deben tributar por los inmuebles vacíos y si el Ejecutivo puede limitar las rentas máximas.
Las primeras semanas del año llegan cargadas de nuevas previsiones sobre cómo evolucionará la economía, y los últimos pronósticos de los expertos apuntan a un crecimiento mucho más moderado del que espera el Gobierno. De momento, el Ejecutivo cifra en casi un 10% la remontada del PIB este año, mientras que el servicio de estudios de BBVA, las agencias de calificación Moody’s y S&P o el gigante de la inversión Bank of America cifran la mejora entre un 4% y un 6%, en línea con lo que estima también el Banco de España.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que paraliza los desalojos de inquilinos vulnerables por el impago de la renta. Como estaba previsto, la paralización de los desahucios y el corte de los suministros básicos se prolongará hasta el 9 de mayo y compensará a grandes y pequeños propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Repasamos las claves de la normativa publicada en el BOE y las críticas que está levantando en el sector inmobiliario.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que paraliza los desalojos de inquilinos vulnerables por el impago de la renta, una medida que llevaba un mes sobre la mesa. Como estaba previsto, la paralización de los desahucios se prolongará hasta el 9 de mayo y compensará a grandes y pequeños propietarios, siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Repasamos las claves de la normativa.
La propuesta de decreto ley sobre la paralización de los desahucios que ha llevado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión de Secretarios de Estado contempla una compensación a todos los propietarios que se vean obligados a suspender el lanzamiento por el impago del alquiler. La compensación sería el precio medio del arrendamiento en la zona donde se encuentre el inmueble. Está previsto que el texto sea aprobado por el Gobierno la semana que viene.
El pasado 27 de Octubre, con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, Pablo Iglesias declaró de forma literal “establecemos una tributación mínima del 15% para las socimi”. Curiosamente, esta medida no figura recogida en el Proyecto de Ley de los PGE para 2021. Mónica Sentieri, directora de la proptech elworking.com, habla sobre el "mareo" del Gobierno a las socimis y el negocio del alquiler.
La Agencia Negociadora del Alquiler cree que las medidas que ha tomado el Gobierno en los dos últimos años han roto el equilibrio en el mercado del arrendamiento, ya que han servido para proteger a los inquilinos y desproteger a los propietarios. Según la compañía, las intervenciones en el alquiler diluyen cualquier posibilidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas asequibles, y han colocado a los grandes tenedores en el ojo del huracán.
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