Hacienda

El Ministerio de Hacienda afirma en un comunicado que el control de los pagos a través de Bizum que entrará en vigor en febrero no afectará a los particulares: los bancos solo deberán informar a la Agencia Tributaria de las operaciones de empresarios y profesionales. Con la modificación, las entidades financieras deberán informar mensualmente al fisco de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales, aunque no deberán remitir operación por operación.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará la supervisión de los pagos electrónicos en España obligando a los bancos a informar sobre los movimientos con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales. La medida forma parte de un paquete de cambios normativos cuyo objetivo es reforzar el control fiscal en un entorno de pagos cada vez más digitalizado. El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025. Hasta ahora, las entidades financieras estaban obligadas a facilitar información sobre operaciones superiores a ciertos umbrales (más de 3.000 euros), pero ese control se amplía de forma más estructurada.

El Tribunal Supremo ha consolidado un criterio jurisprudencial de gran impacto en la fiscalidad de los préstamos entre particulares, especialmente en el ámbito familiar. En una sentencia refuerza la posición de la Agencia Tributaria en la práctica inspectora y aclara que un contrato privado de préstamo no basta, por sí solo, para justificar el origen de fondos ingresados en una cuenta bancaria si no se acredita de forma completa la trazabilidad del dinero. Este pronunciamiento resulta especialmente relevante para contribuyentes que han recurrido a préstamos familiares como mecanismo de financiación, algo muy habitual en padres que quieren ayudar a sus hijos en la compra de su primera vivienda.

El Tribunal Supremo ha dado un paso determinante en la protección frente a las sanciones económicas impuestas por Hacienda.

Hacer un bizum a un familiar es una operación ya cotidiana y rápida, pero a partir del 1 de enero de 2026 los bancos y entidades de pago dejarán de tener un umbral mínimo (hasta ahora de 3.000 euros) para que los ingresos con tarjeta bancaria tengan que comunicarse de forma obligatoria. Es decir, La Agencia Tributaria dejará de poner el acento en las grandes cantidades y pasará a vigilar la repetición de movimientos, un giro que afectará a miles de operaciones pequeñas tanto de autónomos, como particulares. El abogado José María Salcedo explica cómo actuar a partir de ahora en caso de bizum para ayudar a un hijo a pagar el alquiler o la hipoteca.

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a adaptar la deducción vigente en el IRPF a la subida del salario mínimo interprofesional prevista para 2026, con el fin de garantizar que el incremento del SMI se traduzca en una mejora real del salario neto. La actualización se analizará en paralelo a las recomendaciones de los expertos que asesorarán al Ministerio de Trabajo.

La aceptación tácita de la herencia es uno de esos conceptos que suelen pasar desapercibidos hasta que llega un caso que lo pone todo patas arriba. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha recordado en una resolución del 30 de octubre que un simple movimiento bancario puede convertir al llamado en heredero. El aviso no es menor: muchos cotitulares de cuentas desconocen que ciertos gestos aparentemente inocentes pueden activar de lleno el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

La Agencia Tributaria también se ha sumado al auge de la Inteligencia Artificial (IA), reduciendo considerablemente las revisiones manuales para apoyarse en algoritmos y ‘big data’. Así lo ha afirmado Emilio Baena, extrabajador de Hacienda durante 10 años, quien ha publicado en su canal de LinkedIn los principales movimientos que pueden provocar una inspección automática. Baena ha adelantado que cada contribuyente tiene un “perfil de riesgo” que se actualiza a tiempo real, gracias a un algoritmo que trabaja 24/7, sin necesidad de que un inspector te investigue.

Hasta ahora, los contribuyentes que recibían una nómina o prestación inferior al salario mínimo, o que ya había sido previamente embargada por el pagador, no podían tenerlas todas consigo ni asegurar que no iban a recibir un embargo de Hacienda. Y es que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), máximo intérprete de Hacienda, venía considerando que es posible embargar dichos ingresos, una vez se hubieran convertido en “ahorro” del contribuyente. Sin embargo, este mismo organismo reconoce su error y considera que la parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personas y familiares del deudor.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un paso decisivo en materia fiscal e inmobiliaria al confirmar que Hacienda puede apoyarse en la tasación hipotecaria para elevar la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) sin motivación adicional cuando la operación es anterior a 2022 y existe una diferencia apreciable con el precio escriturado, conforme a la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Supremo. Lo que en el pasado exigía una motivación más detallada, ahora se simplifica para las transmisiones realizadas antes de 2022: el Supremo confirma que la tasación hipotecaria es suficiente por sí misma y no requiere explicaciones adicionales.

El silencio administrativo es una ficción prevista en la ley que permite a un contribuyente entender desestimada su solicitud o recurso cuando la Administración no lo ha resuelto en plazo. Esto es algo muy habitual, ya que lo raro e inusual es que la Administración cumpla el plazo que tiene para resolver. El problema viene cuando este retraso en resolver es tan prolongado que supera los cuatro años, y llega a afectar a los plazos de prescripción. ¿Qué sucede entonces? Esta cuestión se ha planteado recientemente ante el Tribunal Supremo que ha acordado admitir a trámite el recurso planteado.

Cada vez que la Administración pierde un recurso en los Tribunales y se ve obligada a anular la liquidación dictada, y a devolver lo indebidamente pagado junto con los intereses de demora, el contribuyente vencedor deberá tributar por esos intereses cobrados del Fisco. Sin embargo, el abogado José María Salcedo señala que hay argumentos de sobra tanto para oponerse a cualquier liquidación dictada por la AEAT que exija la tributación de dichos intereses, como para pedir la devolución de ingresos indebidos si se tributó por dichos intereses a pesar de no existir obligación de hacerlo conforme a la doctrina judicial entonces vigente.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del conocido en la comunidad jurídica como 'doble tiro' y ha establecido que la administración tributaria no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones tras haberse anulado dos anteriores. La sentencia resuelve un recurso de casación promovido por tres hermanos gallegos en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, y anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

¿Quién paga si aparece un dinero sin justificar en un matrimonio bajo gananciales? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en una sentencia del 15 de julio, estableciendo que, salvo prueba en contrario, estas cantidades se presumen gananciales y deben repartirse a partes iguales entre los cónyuges en el IRPF. El fallo del alto tribunal tiene su origen en un episodio ocurrido en una aduana francesa. Durante un control, la policía descubrió más de 93.000 euros en efectivo en poder de un ciudadano español.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha puesto negro sobre blanco a una cuestión que preocupa a muchos propietarios: ¿qué pasa con los gastos deducibles en el IRPF por alquiler cuando la vivienda permanece vacía? La respuesta, lejos de lo que muchos creen, solo juega a favor del casero cuando existen pruebas claras de la intención de arrendar la vivienda. El Tribunal reitera que los gastos no son deducibles por defecto durante la vacancia, salvo que el contribuyente pueda acreditar de forma objetiva que el inmueble estaba realmente ofertado en el mercado de alquiler.

¿Cuándo empieza a contar el plazo para reclamar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos? El Tribunal Supremo acaba de dar una respuesta que cambia las reglas del juego en un asunto clave para empresas y contribuyentes. Esta sentencia resuelve una disputa que arrancó hace más de 15 años y que enfrenta a una compañía con la Agencia Tributaria por una devolución del IVA que consideraba prescrita. El alto tribunal determina que la prescripción empieza con la sentencia que reconoce el ingreso indebido.

El cerco del Gobierno sobre los grandes patrimonios no está dando el resultado esperado en términos de recaudación. Según el plan de control tributario de 2024 que ha presentado la Agencia Tributaria, las investigaciones sobre las personas físicas consideradas como grandes fortunas, sus entornos familiares y sus estructuras societarias se han disparado más de un 40% en el último año respecto al promedio de los seis ejercicios anteriores, con más de 1.200 expedientes en 2024. En cambio, la recaudación lograda a través de estas actuaciones apenas se ha incrementado un 5,6%, tras alcanzar 524 millones de euros. Respecto al promedio 2018-2023, ha habido 363 actuaciones más y solo se han captado 28 millones adicionales.

Los esfuerzos de Hacienda por aflorar alquileres sumergidos sigue dando frutos. Desde hace una década, la Agencia Tributaria envía avisos a los contribuyentes para que declaren en su renta de forma voluntaria los ingresos que perciben por el alquiler de inmuebles y evitar una posterior regularización. Un 'modus operandi' que ya ha conseguido incorporar 1,41 millones de declaraciones con rendimientos de capital inmobiliario y una recaudación asociada de 1.093 millones de euros. El fisco recuerda que el objetivo de los mensajes es "recordar al contribuyente la necesidad de declarar inmuebles" y que, si no los declara libremente, se expone a una regularización posterior.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado un criterio que marca un antes y un después en la forma en que Hacienda y los contribuyentes afrontan los conflictos relacionados con el cambio de domicilio fiscal. En una resolución reciente, aclara que las actuaciones de comprobación o inspección no son nulas de pleno derecho cuando se inician al amparo de un acuerdo administrativo que, aunque posteriormente resulte anulado, estaba vigente en el momento de comenzar el procedimiento. Según su criterio, estas actuaciones deben calificarse como anulables, lo que supone que el procedimiento mantiene sus efectos hasta que se revisa y corrige el error.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha despejado una de las dudas que más inquietaba a los trabajadores extranjeros trasladados a España. En una resolución reciente, el órgano ha confirmado que los beneficiarios del régimen de impatriados deben declarar y tributar por la renta imputada de los inmuebles urbanos que posean en España, incluso si se trata de su vivienda habitual. La decisión supone un giro importante en la forma de entender las obligaciones fiscales de este colectivo, ya que hasta ahora existía un debate jurídico sobre si debía aplicarse la exención de la vivienda habitual prevista en el régimen general del IRPF.

Aceptar una herencia suele asociarse a recibir patrimonio, inmuebles o dinero en cuentas bancarias. Sin embargo, el Código Civil establece que la herencia también incluye las deudas que el fallecido dejó pendientes. Así lo ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia que obliga a una heredera a responder con 67.064,34 euros frente a la Agencia Tributaria. En este caso, la familia optó por la aceptación pura y simple, lo que supuso que los herederos asumieran tanto la vivienda como las cuantiosas deudas fiscales. La alternativa para limitar la responsabilidad es la aceptación a beneficio de inventario, que permite responder a las deudas únicamente hasta el valor de los bienes heredados, protegiendo el patrimonio personal del heredero.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han planteado medidas como aumentar el impuesto especial del gasóleo, aplicar el IVA a los pisos turísticos o introducir un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis para cumplir el compromiso con la Comisión Europea de reducir este año el importe de los beneficios fiscales en una décima de PIB, unos 1.675 millones de euros. Sin embargo, descartan que la subida de impuestos a pisos turísticos y socimis pueda entrar en vigor este año. Con el calendario parlamentario tan avanzado, ambas iniciativas se aplicarían en el mejor de los casos a partir de 2026.

Alquilar una vivienda por habitaciones se ha convertido en una solución recurrente para propietarios que buscan rentabilizar su inmueble en zonas donde la demanda se dispara, pero surge una duda muy habitual: ¿este tipo de arrendamientos tiene beneficios fiscales en el IRPF? Según la Dirección General de Tributos (DGT), el alquiler por habitaciones no impide aplicar la reducción del IRPF prevista para arrendamientos de vivienda habitual. Eso sí, hay que cumplir una serie de condiciones, como que no sea un alquiler de temporada o por días.

Quedarse en silencio ante una herencia —sin aceptar ni renunciar— no es una vía para esquivar el pago del Impuesto de Sucesiones. Así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que resuelve una cuestión clave y despeja dudas sobre los efectos jurídicos de las herencias “no gestionadas”. La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, respalda el criterio mantenido por la Agencia Tributaria de Andalucía. En esencia, el fallo deja claro que la inacción no exime de responsabilidades fiscales.

Hacienda ha publicado por primera vez una estadística sobre cuántas viviendas vacías hay en España y cuánto paga de media un contribuyente por tener desocupada una propiedad. Según sus datos, basados en las declaraciones de la renta de 2023, en todo el país hay 4,8 millones de viviendas vacías y los ciudadanos pagan de media 855 euros en el IRPF por una vivienda desocupada, aunque en algunas regiones la 'factura' supera los 1.000 euros, como Baleares, Madrid y Cantabria. En cambio, Aragón, Asturias y Extremadura registran un promedio inferior a 700 euros.