Impuestos y gastos de la venta de una casa

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra la reducción de los beneficios fiscales de los pactos sucesorios que Hacienda incluyó en la famosa ley antifraude. En concreto, el Ministerio de Hacienda mantuvo dichos beneficios para la venta de una vivienda obtenida mediante una herencia en vida, pero siempre que el inmueble se transmita cinco años después de celebrar el pacto sucesorio o del fallecimiento del causante.

Los contribuyentes que vivan en municipios que no se han adaptado al Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para que sea constitucional están de enhorabuena: podrán reclamar la devolución de este impuesto tan controvertido y que se declaró inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta nueva normativa entró en vigor el pasado 10 de noviembre y estableció que en el plazo de seis meses los ayuntamientos debían actualizar su ordenanza fiscal del impuesto. Muchos consistorios no lo han hecho, con lo que se abre una vía para solicitar la devolución de la plusvalía.

Es primavera  y no todo van a ser flores y paseos campestre: también toca hacer la Declaración de la Renta.

Casi todas las transacciones están gravadas y es difícil escapar del control de Hacienda. Sin embargo, en ocasiones los contribuyentes están exentos de pagar impuestos. En el caso de la venta de una vivienda, las ganancias patrimoniales obtenidas pueden estar exentas cuando el dinero se reinvierta en la compra de otra vivienda habitual o en su rehabilitación o si el vendedor es mayor de 65 años. Eso sí, casi nadie hoy por hoy está libre del pago de la plusvalía municipal, salvo si vendiste en pérdidas.

Una de las novedades de la Campaña de la Renta que arrancó el pasado 6 de abril es la puesta en marcha de tres deducciones temporales por rehabilitación de viviendas y edificios, que se aplican sobre la cuota estatal del IRPF. Permiten a los contribuyentes deducirse entre el 20% y el 60% de las cantidades invertidas, dependiendo de las actuaciones que se lleven a cabo. Repasamos los límites de cada una y la información de la Agencia Tributaria sobre cómo incluirlas en las declaraciones.

El cambio normativo para que el impuesto de plusvalía municipal sea legal y constitucional entró en vigor el pasado 10 de noviembre. La norma no tiene efectos retroactivos, con lo que muchos más contribuyentes de lo que espera el Gobierno pueden librarse de pagar este tributo. Ahora la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado los escenarios en los que los contribuyentes deben declarar la plusvalía tras transmitir una vivienda, pero no están obligados a pagar este impuesto. El Supremo, por su parte, da esperanza a los contribuyentes que han reclamado la devolución de este impuesto.

Algunos ayuntamientos de España están exigiendo el pago de la plusvalía municipal sin contar con un acuerdo previo de imposición válidamente publicado y aprobado por el propio Pleno del Consistorio. En este caso, sus ordenanzas estarían obligando a pagar un tributo que legalmente no puede ser exigido. Por eso ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir cuáles son las consecuencias: podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía. Te explicamos cómo saber si tu Ayuntamiento está en esta situación.

Algunos tributos municipales son voluntarios para los ayuntamientos, como es el caso de la plusvalía municipal. Esto significa que para que éstos puedan exigirlos a los contribuyentes, debe haber un acuerdo previo de imposición de estos tributos válidamente publicado y aprobado por el Pleno del consistorio. Y algunos ayuntamientos no aprobaron en su momento dicho acuerdo o no lo publicaron en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia. En este caso, sus ordenanzas estarían exigiendo un tributo que, por no existir un previo acuerdo de imposición, sería inexigible. Ahora el Supremo decidirá cuáles son las consecuencias para el consistorio que no haya hecho los deberes legales y podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía a sus habitantes.

La declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal ha provocado que muchos ayuntamientos hayan devuelto este impuesto con intereses de demora a aquellos contribuyentes a los que se les cobró en función de un sistema objetivo de cálculo ilegal, según el Tribunal Constitucional. Así, aquellos ciudadanos que hayan ganado esta batalla deben saber cómo tributan estas cantidades en el IRPF, en qué ejercicio declararlas y cómo declarar la condena en costas a su favor en caso de haberse producido la victoria en vía judicial.

La Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de protección a las personas huérfanas víctimas de violencia de género ha introducido una modificación en la normativa del impuesto de plusvalía y que tiene efectos desde el 23 de marzo: los hijos de mujeres fallecidas por violencia de género o personas con discapacidad sujetas a patria potestad no estarán sujetos al pago del impuesto de plusvalía municipal a la hora de transmitirse la vivienda habitual.

La “nueva” plusvalía municipal aprobada mediante Real Decreto Ley podría ser declarada inconstitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y Vox. Por ello, conviene plantearse recurrir todas las liquidaciones dictadas conforme a la nueva normativa y solicitar la rectificación de todas las autoliquidaciones presentadas para cubrirse las espaldas.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el PP y Vox contra la reforma del impuesto de la plusvalía municipal, en los que ambas formaciones cuestionan el decreto ley aprobado por el Gobierno de coalición y que fue convalidado por el Congreso el pas

El Tribunal Supremo tiene otro asunto entre manos relacionado con impuestos sobre la vivienda.

El precio de las viviendas vendidas ha registrado un incremento medio del 5,3% interanual en 2021, después de que el mercado residencial moviera un enorme volumen de transacciones, según los notarios. Pero mientras, el precio de los los pisos creció un 3,6% frente a 2020, el de las viviendas unifamiliares repuntó hasta un 10,2%, su mayor subida de la serie histórica. Baleares destacó sobre el resto de regiones, con récord de operaciones sobre chalets (63,9%) y precios (22,6%).

Aquellos ayuntamientos considerados de “gran población” que no cuenten con un Tribunal Económico-Administrativo local, tal y como establece la normativa española, están contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo tiene actualmente sobre la mesa aclarar si procede anular las liquidaciones, sanciones, apremios o embargos procedentes de tributos tan importantes como la plusvalía municipal, el IBI, el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Desde el pasado 1 de enero el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el impuesto que se paga al comprar una vivienda usada cuenta con una nueva base imponible: ya no es el precio pagado por el comprador, sino el valor de referencia de Catastro. A los despachos de abogados están llegando casos de compradores que, tras firmar el contrato de arras, han tenido que echar para atrás la operación porque han descubierto que el importe a pagar de ITP era superior a lo que tenían estimado. Este aumento imprevisto de presupuesto les ha llevado a malograr la operación, con la consecuencia de perder la señal aportada en el contrato de arras.

Se abre una vía muy importante para recuperar lo pagado por la plusvalía municipal por parte de contribuyentes que viven en grandes poblaciones. Dos sentencias de diferentes juzgados ponen en evidencia la falta de un Tribunal Económico-Administrativo municipal en muchos Ayuntamientos, pese a que la regulación española así lo establece. Estos tribunales se encargan de resolver, por ejemplo, los recursos contra liquidaciones y autoliquidación de tributos locales, como es el caso de la plusvalía municipal. ¿Y cómo afecta la ausencia de estos tribunales a los contribuyentes? El Ayuntamiento que no cuente con uno priva al contribuyente de acudir a una vía más barata para defenderse del fisco.

Desde que arrancara el nuevo año no se ha parado de hablar en los círculos legales del valor de referencia de Catastro, el nuevo valor fiscal de tu vivienda y que es la base imponible de impuestos tan importantes como el ITP, que se paga al comprar una casa usada, o del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD). También afecta al Impuesto sobre el Patrimonio, pero su sombra es alargada y toca más impuestos, como el IRPF y la plusvalía. Te explicamos cómo te afecta en estos dos tributos.

La famosa sentencia del Constitucional tumbando el método de cálculo de la plusvalía municipal por no recoger el incremento real de valor del terreno obtenido por el contribuyente al vender o heredar una vivienda sigue sembrando polémica. Esta crítica podría terminar salpicando al nuevo valor de referencia de Catastro, que entra en vigor el próximo 1 de enero y que será la nueva base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el tributo que se paga al comprar una vivienda usada, y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El pasado 11 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, más conocida como la “ley del hachazo fiscal a la vivienda”. Se trata de una normativa que traerá un incremento impositivo de las operaciones inmobiliarias en el IRPF, ITP, Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio. Explicamos cómo esta nueva normativa va a afectar a las transmisiones de vivienda.

Los contribuyentes podrían recuperar el impuesto de plusvalía municipal indebidamente pagado según el sistema de cálculo declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Aunque es de momento sólo una posibilidad, lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está revisando la legalidad de esta vía y de ser posible, sería una buenísima noticia para todos a aquellos que han pagado este impuesto al vender, heredar o donar un inmueble antes de la entrada en vigor del nuevo método de cálculo.

La declaración de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía municipal el pasado 26 de octubre por parte del Tribunal Constitucional ha revolucionado parte del sistema fiscal español. Consideró que el sistema objetivo de cálculo del impuesto era inconstitucional porque determinaba que siempre había incremento de valor cuando se transmitía un terreno, independientemente de que tal incremento existiera en realidad, y de su cuantía. Semanas después el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para que este impuesto sea legal y constitucional.

Hoy 25 de noviembre se ha publicado en el BOE la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la plusvalía municipal porque el sistema objetivo de cálculo vulneraba el principio de capacidad económica del contribuyente. En la práctica, esto significa que tiene ya plenos efectos jurídicos, por lo que aquellos contribuyentes que quieran recurrir este impuesto lo tendrán un poco más difícil que aquellos que lo hicieron antes de su publicación aprovechando que la sentencia no tenía todavía plenos efectos jurídicos.

La compraventa de vivienda por parte de extranjeros se disparó un 47% interanual en el primer semestre del año, condicionado por los efectos de la pandemia en 2020. Las 47.683 operaciones recogidas por los notarios entre enero y junio suponen el 15,4% del total de transacciones en España, por debajo de la media de los últimos nueve años. Mientras marroquíes, británicos y rumanos fueron los que más casas adquirieron, los compradores de Suecia (2.768 euros/m2), Dinamarca (2.680 €/m2) y Alemania (2.676 €/m2) han sido los que más han pagado por sus casas, por encima del promedio de compradores foráneos (1.863 €/m2).