Okupas

La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.

Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.

El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar. Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

La Policía Local del municipio de Almenara (Castellón) ha alertado por RRSS a la ciudadanía sobre un nuevo método de okupación ilegal detectado recientemente en la localidad. Los okupas están recurriendo a prácticas engañosas para acceder a viviendas deshabitadas sin ser detectados. El modus operandi consiste en colocar un candado adicional con cadena o incluso cambiar la cerradura de la propiedad deshabitada. Si pasdos varios días el acceso no está manipulado, asumen que la vivienda no es una morada habitual de alguien y proceden a ocuparla y, así, evitan incurrir en el delito de allanamiento de morada.

Con el auge de las ocupaciones ilegales durante las vacaciones, cada vez más propietarios recurren a tecnología avanzada para proteger sus viviendas. Desde cámaras inteligentes hasta sistemas que expulsan humo disuasorio, estos son los dispositivos antiokupas que están ganando terreno en los hogares españoles este verano.

Un grupo de agricultores franceses ha logrado desalojar a un campamento de okupas en Hautes-Vosges, una región al noroeste del país, arrojando estiércol y residuos sobre sus propios terrenos. La medida fue tomada tras la inacción policial y la negativa de los okupas a abandonar la zona, que era propiedad de los agricultores y estaba destinada a actividades agrícolas que se llevarían a cabo en los próximos días. Aunque hubo momentos de tensión durante la incursión, los okupas, finalmente, abandonaron el lugar debido al fuerte y desagradable olor de la zona.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

El Senado de Italia ha dado luz verde al Decreto de Seguridad con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Se trata de una norma que endurece las penas contra la okupación de viviendas y, en general, contra los delitos vinculados a la seguridad y el orden público. El recién aprobado Decreto de Seguridad introduce en el código penal un nuevo delito con penas de hasta siete años para quien, mediante violencia, amenazas o engaño, okupe una vivienda privada.

La nueva ley antiokupas, incluida en la Ley Orgánica 1/2025, permite a los propietarios desalojar a los okupas en un plazo de 15 días mediante juicios rápidos para delitos como allanamiento de morada y usurpación. Sin embargo, expertos señalan que su efectividad es cuestionable debido a la posible dilatación de los procesos judiciales y casos de vulnerabilidad. La ley no aborda el problema de los "inquiokupas," inquilinos que permanecen sin pagar. La saturación judicial y la falta de recursos son los principales obstáculos para su implementación eficaz.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido prohibir “toda compra de vivienda en España que no sea para residir” porque considera que una casa es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, y si no es así, entonces es “para especular”. Y ha defendido que “si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco”. Así lo ha dicho durante una intervención en Málaga donde ha urgido a regular aún más el mercado de la vivienda.

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas. Según lo acordado, cortar la luz o el agua en las viviendas okupadas no será considerado un delito de coacciones. Esto significa que si el propietario de una casa okupada decide dar de baja “el alta de los suministros o el abono de los mismos” no será considerado un delito de coacciones. Este acuerdo se produce en un momento en que las okupaciones siguieron creciendo en 2024: más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento, la tercera cifra más alta de la serie del Ministerio del Interior. La provincia de Barcelona aglutinó 5.077 casos.

El desalojo de una vivienda puede darse en distintos escenarios, pero no todos siguen el mismo procedimiento legal. Una de las dudas más comunes entre propietarios es la diferencia entre el desalojo de okupas y el de inquilinos morosos.

Bafre Inmobiliaria da un paso más para aumentar su cartera de activos: comprar viviendas okupadas. Así lo ha anunciado la compañía, quien estudiará y analizará la situación de los inmuebles para ofrecer una propuesta económica a los propietarios. Si el vendedor acepta la cuantía y se completa la transacción, la compañía se hará cargo del proceso de desokupación, aunque recalcan que cumplirán con todas las normativas legales y sociales. Desde Bafre Inmobilairia catalogan esta nueva iniciativa como una “solución integral para propietarios en apuros”, y la asemejan con el programa Bafre Now, el cual consiste en comprar viviendas en el centro de Madrid en apenas siete días.

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.

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Si has descubierto que tu vivienda ha sido ocupada, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento.

En España, la ocupación ilegal se está convirtiendo en una preocupación latente entre los propietarios.

La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España, especialmente para propietarios de segundas residencias o viviendas vacías. Uno de los aspectos más angustiosos de esta situación es el tiempo que puede llevar recuperar la propiedad, así como los costes asociados al proc

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Grupo Popular registrará este viernes 31 de enero en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos, con medidas como un tiempo de excepción de 48 meses para construir vivienda. Además, ha prometido un plan específico contra la "inquiokupación" que incluya desalojos en 24 horas y un aumento de las penas por estos delitos. Los promotores consideran que las medidas van en la "buena dirección".

Con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia el 19 de diciembre de 2024, se van a reducir los plazos considerablemente para los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, pero no en los casos de inquiokupación. En concreto, estos dos delitos se tramitarán bajo el procedimiento de juicios rápidos, pudiendo estos celebrarse en un plazo estimado de 15 días.

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales, de los que 580 se registraron en verano. La cifra ha crecido un 55% interanual y casi todas las CCAA han registrado aumentos, con Cantabria y Cataluña a la cabeza. La región catalana, además, es la que registra más casos tanto en el trimestre como en el conjunto del año.