Okupas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido prohibir “toda compra de vivienda en España que no sea para residir” porque considera que una casa es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, y si no es así, entonces es “para especular”. Y ha defendido que “si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco”. Así lo ha dicho durante una intervención en Málaga donde ha urgido a regular aún más el mercado de la vivienda.

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas. Según lo acordado, cortar la luz o el agua en las viviendas okupadas no será considerado un delito de coacciones. Esto significa que si el propietario de una casa okupada decide dar de baja “el alta de los suministros o el abono de los mismos” no será considerado un delito de coacciones. Este acuerdo se produce en un momento en que las okupaciones siguieron creciendo en 2024: más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento, la tercera cifra más alta de la serie del Ministerio del Interior. La provincia de Barcelona aglutinó 5.077 casos.

El desalojo de una vivienda puede darse en distintos escenarios, pero no todos siguen el mismo procedimiento legal. Una de las dudas más comunes entre propietarios es la diferencia entre el desalojo de okupas y el de inquilinos morosos.

Bafre Inmobiliaria da un paso más para aumentar su cartera de activos: comprar viviendas okupadas. Así lo ha anunciado la compañía, quien estudiará y analizará la situación de los inmuebles para ofrecer una propuesta económica a los propietarios. Si el vendedor acepta la cuantía y se completa la transacción, la compañía se hará cargo del proceso de desokupación, aunque recalcan que cumplirán con todas las normativas legales y sociales. Desde Bafre Inmobilairia catalogan esta nueva iniciativa como una “solución integral para propietarios en apuros”, y la asemejan con el programa Bafre Now, el cual consiste en comprar viviendas en el centro de Madrid en apenas siete días.

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.

En España, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a propietarios de segundas residencias, como de vivienda habitual.Ante esta situación, contar con la ayuda de un seguro antiokupas es una herramienta indispensable para proteger tu propiedad, tus d

Si has descubierto que tu vivienda ha sido ocupada, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento.

En España, la ocupación ilegal se está convirtiendo en una preocupación latente entre los propietarios.

La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España, especialmente para propietarios de segundas residencias o viviendas vacías. Uno de los aspectos más angustiosos de esta situación es el tiempo que puede llevar recuperar la propiedad, así como los costes asociados al proc

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Grupo Popular registrará este viernes 31 de enero en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos, con medidas como un tiempo de excepción de 48 meses para construir vivienda. Además, ha prometido un plan específico contra la "inquiokupación" que incluya desalojos en 24 horas y un aumento de las penas por estos delitos. Los promotores consideran que las medidas van en la "buena dirección".

Con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia el 19 de diciembre de 2024, se van a reducir los plazos considerablemente para los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, pero no en los casos de inquiokupación. En concreto, estos dos delitos se tramitarán bajo el procedimiento de juicios rápidos, pudiendo estos celebrarse en un plazo estimado de 15 días.

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales, de los que 580 se registraron en verano. La cifra ha crecido un 55% interanual y casi todas las CCAA han registrado aumentos, con Cantabria y Cataluña a la cabeza. La región catalana, además, es la que registra más casos tanto en el trimestre como en el conjunto del año.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva al Proyecto de Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una iniciativa fue vetada por el Senado, pero que ha quedado lista para su entrada en vigor tras haber recibido el respaldo por mayoría absoluta en la Cámara Baja. La normativa incluye el fin definitivo de las 'golden visa' para inversiones en vivienda de más de 500.000 euros y permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos. No obstante, no se aplica a los casos de inquiokupación, que actualmente son el foco del problema, según los expertos jurídicos.

El Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas o la supresión de las 'golden visa', se ha topado con el veto del Senado. Esta normativa que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, vuelve otra vez a esta Cámara que podría levantar el veto hoy y de ser así, la norma ya estaría lista para su entrada en vigor. Sin embargo, los expertos critican que se trata de una medida que no regula los casos de inquiokupación, que actualmente es el problema más acuciante y el que más afecta a los arrendadores. Entre las medidas que proponen los profesionales consultados por idealista/news está mirar a Europa y hacer posible que en 72 horas se pueda echar a los okupas.

Según el Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron 15.289 denuncias, un 8,8% menos que un año antes. Sin embargo, los expertos jurídicos afirman a idealista/news que la okupación ilegal sigue creciendo ya que la mayoría de los casos no se reflejan en las estadísticas oficiales al no ser delitos de allanamiento de morada ni usurpación del derecho de uso del inmueble. Coinciden en que cada vez más particulares y empresas optan por soluciones alternativas para recuperar rápidamente la posesión de sus propiedades, como negociar y pagar a los okupas o contratar a empresas especializadas en desalojos. Y estos casos no quedan reflejados en las estadísticas oficiales al no haber denuncia. Detallan igualmente que el principal foco de atención son los casos de inquiokupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada.

El Senado ha aprobado el veto que ha presentado el Partido Popular, formación que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, sobre el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas en casos de usurpación o allanamiento de morada, o la supresión de las 'golden visa' para los extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en una vivienda. La normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, pero tras el rechazo de la Cámara Alta será remitida nuevamente al Congreso, que podría levantar el veto.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) explica en este artículo cuáles son las diferencias entre estas tres formas de okupar una vivienda. El allanamiento de morada, la usurpación o la inquiokupación hacen referencia a ilícitos penales y no civiles. El allanamiento sí implica penas de cárcel, mientras que la usurpación no, el delito es pagar una simple multa económica. En cuanto a la inquiokupación, en esta forma de okupar, a diferencia de las otras, sí existen títulos habilitantes que aparentan legitimar las ocupaciones, como son los contratos de arrendamiento.

Tener una casa ocupada va mucho más allá de una simple batalla legal. Es una experiencia devastadora tanto a nivel económico como emocional.

Marga Prohens, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ha presentado el programa ‘Lloguer Segur’, con el que pretende captar viviendas vacías o inhabitadas de propietarios particulares para ponerlas en arrendamiento hasta un 30% por debajo del precio de mercado. A cambio, el Ejecutivo balear garantiza el cobro de la totalidad del alquiler a e incluso se compromete a anticipar el importe de los siete años del contrato. La iniciativa se pondrá en marcha en noviembre con el objetivo de captar hasta 3.000 propiedades en lo que queda de año y establece bonificaciones fiscales para los pequeños arrendadores.

Tener una vivienda vacía puede ser una excelente inversión, pero también puede convertirse en una fuente de preocupaciones. Uno de los mayores temores de los propietarios es la ocupación ilegal, un problema cada vez más común en España.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

Los okupas son uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario español, ya que se tarda en echarlos hasta 23 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero existen otros problemas asociados a la ocupación ilegal, por ejemplo, cuando hay averías en una casa okupada que afectan a los inmuebles colindantes. Lo primero que habría que hacer es contactar con el propietario del inmueble. En caso de no localizarle, el Código Civil establece que la responsabilidad de los daños recaería sobre quien habita en la vivienda, es decir, el okupa.